Más Información
San José. El régimen comunista de Cuba desató este mes una agresiva, indiscriminada y silenciosa campaña preventiva y represiva de seguridad política interna que permeó a la población cubana y propagó el miedo o el terror e impedirá las actividades para rememorar este jueves (11-J) el tercer aniversario del estallido de las más fuertes protestas callejeras antigubernamentales desde 1959.
Abierta y públicamente, las protestas, que se prolongaron al 12 y reunieron a miles de cubanos en las calles de distintas partes de Cuba en un acontecimiento sin antecedentes en ese momento en más de 52 años de revolución comunista, proliferó un reiterado grito por el clamor de libertad y de democracia y por fin de “la dictadura”. La revolución cumplió en 2024 más de 65 años de férreo dominio total o monopólico en Cuba.
La campaña de advertencia fue lanzada contra disidentes u opositores que viven en Cuba y sobre sus frágiles organizaciones o movimientos, que funcionan en la ilegalidad y la clandestinidad en la isla, pero también llegó a oídos de los más de 11 millones de habitantes. Las protestas de hace tres años se iniciaron en un parque de la ciudad de San Antonio de los Baños, en la occidental provincia (estado) de Artemisa, y se reprodujeron en diferentes rincones de la isla, en un movimiento que prevaleció con menor fuerza por varios días.
“No hay nada que celebrar”, alertó este miércoles un oficial del Departamento de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior de Cuba al disidente cubano Dagoberto Valdés, religioso, ingeniero agrónomo, exmiembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano y director de Convivencia, revista digital de Cuba operada en internet desde España.
El Centro de Estudios Convivencia (CEC), instancia opositora o disidente a la que Valdés pertenece en Cuba, informó este miércoles a EL UNIVERSAL que el agente, identificado únicamente como “Mayor Lázaro”, lo sometió a un interrogatorio para completar un “Acta de Advertencia”.
“Lázaro” le explicó en la cita a Valdés que, en el entorno del aniversario del 11-J, “el objetivo era advertirle de la posibilidad de incurrir en seis delitos tipificados en el Código Penal actual. Entre ellos: incitación a la violencia, asociación para delinquir, desestabilización de la paz internacional y violación de preceptos constitucionales”, agregó.
Valdés fue notificado el pasado martes que debía a acudir el miércoles en la mañana a la sede de la Seguridad del Estado en la occidental provincia de Pinar del Río.
En un el recuento de hechos que CEC compartió con este diario y Valdés autorizó a publicar, el disidente narró que el agente “expresó también que no hay nada que celebrar los días 11 y 12 de julio, porque las manifestaciones de 2021 fueron actos violentos”.
Valdés “se negó rotundamente a la posibilidad de incurrir en los delitos mencionados y en ningún otro; así como a firmar dicha Acta”, precisó CEC.
Al interrogatorio se sumó el “Mayor Ernesto”, identificado por el informe de CEC como oficial de la Seguridad del Estado que “atiende” Convivencia. El agente “ratificó la advertencia que le había hecho a Dagoberto el 24 de junio (de 2024) de no salir ni participar en actividades los días 11 y 12 de julio”, subrayó.
Lee también Migración masiva exacerba crisis del agua
“Ambos oficiales alertaron a Dagoberto de no dejarse influir por personas y asociaciones de dentro y fuera de Cuba que pretenden involucrarlo en la organización de actos en contra del gobierno”, indicó.
El tercer aniversario atizó los temores políticos del régimen en un contexto en el que Cuba se precipitó en 2022, 2023 y 2024 en la más grave crisis socioeconómica de su historia, con escasez de medicinas, alimentos y artículos básicos, inflación sin control, salarios en deterioro, descontento popular y desgaste generalizado del sistema comunista.
Cuba acusó repetidamente a Estados Unidos de sus problemas socioeconómicos por el bloqueo o embargo económic0, financiero y comercial que Washington le impuso desde 1962, pero los opositores o disidentes adujeron reiteradamente que la crisis exhibió el fracaso del comunismo.
Fuentes disidentes dentro de Cuba confirmaron a este periódico que el caso de Valdés se convirtió solo en uno de los múltiples actos similares de intimidación desplegados en contra de los opositores cubanos por el régimen comunista de la isla, al cumplirse el tercer aniversario de las masivas marchas antigubernamentales de 2021.
El diario digital 14ymedio.com, que opera en la ilegalidad en Cuba, reportó que el disidente cubano Raymar Aguado Hernández, escritor y activista, también protestó este miércoles por una citación de la Seguridad del Estado en La Habana para una “entrevista” en una unidad policial.
Al salir de la estación, “el primer teniente Rogelio y la oficial Mía le preguntaron qué tenía previsto hacer este jueves, a lo que él respondió con otra cuestión: “¿qué no puedo hacer mañana?”, publicó 14ymedio.com.
“El agente le respondió: ‘¿Recuerdas lo que pasó hace unos años? Eso es lo que no puedes hacer mañana’. El resto de la cita discurrió con preguntas sobre su ausencia” en una marcha este mes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer+ (LGBTTTIQ+) y acerca de otros asuntos, “pero nada era tan relevante como lo que rodea al aniversario” del 11-J, recalcó el medio digital.
Por temor a más represalias y ante el severo despliegue de agentes de la Seguridad del Estado, los opositores también fueron obligados a quedarse en sus casas en el primer y en el segundo aniversario, por lo que solo pudieron recordar la fecha en redes sociales.
El saldo del 11-J se mostró con unos 700 prisioneros políticos y de conciencia sentenciados por esos sucesos, en un país que registró actualmente más de un millar de presos políticos, según organizaciones internacionales de derechos humanos.
Como aparato rector de la sociedad cubana en un sistema de partido único, el PCC rechazó insistentemente que en ese país haya presos políticos, alegó que los detenidos son delincuentes que actuaron contra la ley y negó haber violado los derechos humanos.
Ante el inesperado brote callejero de hace tres años, el primer secretario PCC y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, emitió y ratificó una orden de combate y los aparatos policiales y parapoliciales del régimen se lanzaron también a las calles para enfrentar una situación que emergió como estallido social y desataron una oleada de arrestos y violentos choques.
En 2022, y a propósito de la efeméride, Díaz-Canel adujo que “si aquí hay algo que celebrar es la victoria del pueblo cubano, de la revolución cubana, ante los intentos de los que querían convertir (aquello) en un golpe suave, que para la ‘variante Cuba’ era un golpe vandálico, y fue derrotado”.
“Si vamos a celebrar algo, es la victoria del pueblo, que es una derrota más del imperialismo (de Estados Unidos). Esa es la verdad, no la que tratan de pintar, y con la que justifican y tapan la derrota que sufrieron”, puntualizó.
En un informe de 2022, Human Rights Watch (HRW), agrupación no estatal mundial de Washington de defensa de garantías civiles, aseguró que el régimen cubano “cometió violaciones sistemáticas de derechos humanos en respuesta a las masivas protestas antigubernamentales en julio de 2021 con el aparente objetivo de castigar a los manifestantes y disuadir futuras manifestaciones”.
Por el 11-J, la revolución ejecutó “una amplia gama de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, incluidas detenciones arbitrarias, enjuiciamientos plagados de abusos y tortura”, señaló.
El 11 de julio de 2021 “miles de cubanos protestaron, exigiendo derechos y libertades, pero el gobierno les dio a muchos de ellos solo dos opciones: prisión o exilio”, denunció.
mcc
