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El domingo 20 agosto, los ecuatorianos eligen un nuevo presidente, después de que el actual mandatario Guillermo Lasso disolviera la Asamblea y adelantara los comicios generales.
Unas elecciones que están marcadas por la situación de violencia y zozobra que le costó la vida al candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Sin embargo, además de votar por quien reemplazará a Lasso en el gobierno central, los ciudadanos también deberán decidir sobre otros temas fundamentales para el país.
Dos consultas populares preguntarán si el electorado quiere detener o permitir la explotación petrolera y la minería en las zonas de mayor biodiversidad del territorio ecuatoriano.
La primera, a nivel nacional, abre la pregunta sobre la exploración petrolera conocida como Bloque 43 o ITT, que ocurre en la zona de Yasuní, en la región amazónica del Ecuador.
La segunda tiene que ver con la actividad minera dentro de la reserva natural del Chocó Andino, ubicada al noroeste de Quito.
A diferencia de la consulta sobre Yasuní, que es nacional, la del Chocó Andino sólo se hará dentro de la circunscripción de la capital ecuatoriana.
La consulta se resolverá por la mayoría de los votos.
En BBC Mundo hacemos un repaso de los principales temas ambientales que están en juego en las elecciones de este domingo en Ecuador.
Exploración petrolera en Yasuní
“¿Está de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano debería mantener los campos petroleros de ITT, conocidos como Bloque 43, indefinidamente bajo tierra?” Así está formulada la pregunta que millones de ecuatorianos van a responder este domingo con un sí o un no.
Para los promotores del “sí”, los principales argumentos se basan no solo en el cuidado de una de las zonas más biodiversas en el planeta, sino en que las comunidades que habitan esta región puedan decir de forma autónoma si dan paso a la exploración o no.
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Mientras, los que apoyan el “no” señalan que el cierre de una planta de extracción en funcionamiento significa dejar de recibir recursos fundamentales que necesita el país, sin contar la enorme inversión que tendrá que hacer el Estado para desmantelar estos campos.
El Bloque ITT (llamado así en referencia a los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini) fue noticia en 2007 cuando el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, lanzó la iniciativa Yasuní, que tenía como objetivo dejar en tierra cerca de 850 millones de barriles de petróleo que se cree hay en esta zona, a cambio de una compensación internacional.
Sin embargo, la iniciativa no tuvo éxito debido a que no se recaudó el dinero esperado. En 2013, el propio Correa dio por terminada la iniciativa y dio luz verde a la exploración.
“Desde ese año estamos buscando una consulta popular para que sea la gente la que decida lo que hacemos con el campo de ITT, pero recién ahora pudimos lograr el visto bueno de la Corte Constitucional”, le dijo a BBC Mundo Pedro Bermeo, uno de los líderes de Yasunidos, el grupo que estuvo detrás de la campaña para impulsar el referendo.
“No estamos intentando detener la producción petrolera del Ecuador. Estamos hablando de un bloque, que está en una de las zonas medioambientales más importantes del mundo”, agregó.
Aunque esta historia tiene muchos comienzos, tal vez podamos ubicar uno clave en 1998.
En ese año, el entonces presidente Jamil Mahuad decretó que cerca del 74% del parque nacional Yasuní, el más grande del país y ubicado en la selva amazónica, debía ser declarado zona intangible.
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Esto significaba que en esa zona no se podía realizar ningún tipo de exploración petrolera, con el fin de no interferir con las comunidades indígenas de los agaeri y los taromenane, las últimas no contactadas en la Amazonía.
Aunque en el parque ya existían otros bloques de exploración petrolera, la medida de Mahuad buscaba proteger la zona más biodiversa de la Amazonía ecuatoriana donde conviven 150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 598 especies de aves, 169 de mamíferos y 2.113 especies identificadas de flora.
De hecho, la UNESCO declaró este sector como parte de la “reserva de la biósfera” en 1989.
Sin embargo, a mediados de la década del 2000, el gobierno se encontró con un yacimiento de cerca de 850 millones de barriles justo en el límite con la zona intangible: era el Bloque 43, más conocido como Yasuní ITT.
“Fue entonces cuando Correa lanzó la iniciativa Yasuní con la idea de recaudar la mitad de lo que se esperaba ganar con la exploración. Es decir, que los países pagaran para dejar ese petróleo bajo tierra”, señala Bermeo.
El gobierno de Ecuador esperaba recibir cerca de US$3.600 millones con el fin de evitar la emisión de cerca de 400 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, que era el cálculo que estimaba el impacto de la extracción y uso del petróleo existente.
Pero al cabo de cinco años, Ecuador solo recibió US$13 millones y, tras el evidente fracaso del plan, el 15 de agosto de 2013, Correa decidió poner fin a la iniciativa.
“Lo que ocurrió es que el siguiente paso era realizar una consulta popular para que fuera el pueblo ecuatoriano el que decidiera si se hacía la exploración o no”, explica Bermeo.
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Sin embargo, debido a distintas cuestiones jurídicas, la consulta no se realizó ese mismo año. Más tarde, el gobierno ecuatoriano aprobó la exploración.
“Llevamos diez años luchando contra los enemigos de la consulta”, señala Bermeo.
Actualmente el campo de ITT o Bloque 43, que comenzó a funcionar en 2016, produce cerca de 57.466 barriles de petróleo al día, lo que se traduce en una producción anual que ronda los US$140 millones.
Tras varios obstáculos, en mayo de este año, una década después de que se puso fin a la iniciativa, la Corte Constitucional dio pie para que se realizara la consulta este 20 de agosto, el mismo día de las elecciones presidenciales.
Chocó Andino
Mientras que la explotación del bloque ITT busca la respuesta de todo el país, la consulta popular sobre el Chocó Andino, una gran reserva natural ubicada en el noroccidente de la ciudad de Quito, solo involucra a los habitantes de la capital ecuatoriana.
El Chocó Andino tiene cerca de 250.000 hectáreas y, al igual que Yasuní, se destaca por su gran biodiversidad, con presencia de 270 especies de mamíferos, 210 de reptiles, 130 de anfibios y 227 variedades de orquídeas.
Pero además es el lugar donde actualmente hay una docena de concesiones mineras de cobre, oro y plata en etapas tempranas de exploración, además de seis proyectos en espera de aprobación.
Por esa razón, desde hace varios años el colectivo ambiental Quito Sin Minería venía reuniendo firmas con el fin de que el Consejo Nacional Electoral les permitiera realizar una consulta abierta a los habitantes de la ciudad.
“No hay tal cosa como la minería sostenible o una minería que no afecte al medio ambiente. Esta es una consulta para evitar que se dañe una zona que es un paraíso ambiental para los habitantes de la capital”, le dijo a BBC Mundo Inti Arcos, uno de las impulsores de la medida.
"Permitir la minería en el Choco Andino, que hace parte de la ciudad más poblada del país, es lo mismo que permitirlo en la plaza Grande, contaminando toda el agua de esa zona", agrega.
A diferencia de la de Yasuní ITT, esta consulta consta de cuatro preguntas para que la ciudadanía decida si permite la minería a nivel artesanal, de pequeña, mediana y de gran escala.
“El desarrollo minero en estas zonas tan sensibles puede generar un daño irremediable. Por ejemplo, en la mina de Cóndor Mirador, en el norte del país, dejaron 491 millones de metros cúbicos de lodos contaminados y 438 millones de toneladas de desechos sólidos”, dijo Arcos.
Por su parte, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, ha señalado que, incluso en caso de que gane la decisión de detener la minería en la consulta popular, los problemas ambientales no serán resueltos.
“En un país donde una industria formal y responsable, estandarizada y trazable no puede continuar, lo que están haciendo es abrir las puertas de par en par a la minería ilegal”, le dijo a la agencia EFE.
Silva indica que la minería ilegal sí es perjudicial para el medio ambiente, a diferencia de una regulada por el Estado y los tratados internacionales.
“Lejos de enfrentar las amenazas ambientales del Chocó Andino, están blindando a esa zona de nuevas inversiones responsables. No podemos hacernos cargo de lo que suceda con la minería ilegal”, añadió.
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Dejar de recaudar
Por su partes, los líderes de la iniciativa de la Amazonía, agrupados en el colectivo Yasunidos, han señalado que los principales motivos para llevar a cabo la consulta no solo tienen que ver con evitar la destrucción de una zona de tal biodiversidad, sino también con proteger a los pueblos indígenas que viven allí.
“Nadie nos consulta sobre lo que ocurre en la Amazonía ecuatoriana y nosotros somos los que vivimos acá”, le explica a BBC Mundo Juan Bay, presidente de la NAWE (Nacionalidad Waorani del Ecuador).
“Y en los 50 años que se han realizado exploraciones petroleras en esta zona, seguimos siendo la región más pobre del Ecuador. Por eso es el momento de poder decidir sobre nuestro territorio”, señala Bay.
Actualmente Ecuador tiene cerca de 90 bloques de explotación petrolera y los que funcionan en Yasuní son de los más productivos.
Y ante la perspectiva de que se cierren estos tres puntos de explotación, el gobierno nacional ha alertado que sería perjudicial para las finanzas del país, que tiene en el petróleo una de sus principales fuentes de recursos.
“Son 1.200 millones de dólares al año menos de ingresos en un país que tiene enormes necesidades”, dijo el ministro de Energía del Ecuador, Fernando Santos, una vez se conoció la decisión de la Corte Constitucional.
A este concepto se suman analistas económicos que señalan que la actualidad de Ecuador no permite el cierre de un punto de exploración y consideran que sienta un precedente jurídico “nefasto” para las futuras inversiones en el país.
“Ese bloque de exploración lleva diez años de funcionamiento. Se ha hecho una inversión muy importante solo en infraestructura, por la que deberá responder el Estado en caso de que se cancele la explotación”, le explica a BBC Mundo Alberto Acosta Burneo, editor de la revista Análisis Semanal.
Para Acosta Burneo, una decisión en contra de la exploración, como la no permitir las concesiones mineras, también podría generar un precedente “peligroso” contra otras industrias productivas que generan ingresos importantes al país, como por ejemplo la camaronera.
“El reclamo medioambiental es válido, además del reclamo de las comunidades, pero no se puede hacer a costa de cerrar el tercer centro de mayor producción de petróleo. Se necesita un diálogo que pueda resolver los inconvenientes”, agrega el analista.
mcc
