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Washington.— Una serie de órdenes ejecutivas de amplio alcance que el presidente Donald Trump anunció para reforzar la seguridad en la frontera sur comenzaron a surtir efecto después de su toma de posesión, cumpliendo con su promesa política definitoria de emprender medidas enérgicas contra la inmigración no autorizada.
Por ejemplo, dio por terminada la aplicación CBP One que ha permitido que casi un millón de personas ingresen legalmente a Estados Unidos con elegibilidad para trabajar. Sin embargo, su administración ya enfrenta una batalla legal por esa decisión.
La Unión Americana por las Libertades Civiles presentó una moción en un caso ya existente contra las restricciones de asilo impuestas por el entonces presidente Joe Biden en la frontera sur del territorio estadounidense.
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También se incluyen órdenes relacionadas con los estadounidenses transgénero, así como acciones encaminadas a la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión en todas las agencias federales. “Nos van a demandar por todas estas cosas”, señaló un asesor.
Dijo que se espera que el volumen de litigios sea un trabajo de tiempo completo para el Departamento de Justicia de Trump.
Durante su primer gobierno, Trump enfrentó más de 400 demandas que cuestionaban sus acciones. Sus asesores prevén que esta vez serán más.
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Habrá un equipo dentro del Departamento de Justicia que se dedicará exclusivamente a defender las acciones del presidente en la corte, dijeron las fuentes, reportó ABC News.
Los tribunales tienen el poder de suspender la ejecución o, en última instancia, revocar una orden ejecutiva que se considere que excede la autoridad constitucional del presidente.
Un mandatario no puede emitir una nueva ley si esta excede el poder que le otorga la Constitución o el Congreso. Algunas órdenes ejecutivas pueden entrar en vigor inmediatamente, mientras que otras requieren tiempo para que una agencia federal las aplique. Redacción
