San José.— Con represión militar y policial en Cuba, Colombia, Venezuela, Bolivia, Haití y Nicaragua y un débil entorno institucional que, agudizado por la zozobra del coronavirus, amenazó la democracia y atizó la ingobernabilidad y la inestabilidad socioeconómica, como en El Salvador, Perú, Brasil y Chile, la situación de América Latina y el Caribe planteó en 2021 un desafío mayor a la política exterior de México.
Atado a los preceptos de no injerencia en asuntos internos de otros Estados y de libre autodeterminación de los pueblos, México optó por el silencio ante agresiones a los derechos humanos atribuidas a los gobiernos de La Habana, Bogotá, Caracas, La Paz, Puerto Príncipe y Managua al reprimir las protestas antigubernamentales en 2020 y 2021 o las de 2019 en Colombia, Bolivia, Honduras, Haití, Chile y Ecuador.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció al asumir en diciembre de 2018 su estricto apego a la política externa definida en la Constitución Política de su país— no intervención en otras naciones, libre autodeterminación y solución pacífica de controversias— como forma de defender la soberanía de México y evitar que otros gobiernos intervengan en cuestiones mexicanas.
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“Sí… sentimos ausencia de México. Hacen falta su voz y su acompañamiento para denunciar los abusos y el deterioro de la democracia y de los derechos humanos”, lamentó el nicaragüense Marcos Carmona, director ejecutivo de la no estatal Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH).
“Nos extraña muchísimo ese silencio sepulcral de México ante las arbitrariedades, porque en el pasado fue beligerante, por ejemplo, con la dictadura [de la familia] Somoza en Nicaragua y con otros países. Hoy lamentablemente no se escucha esa voz tan importante”, dijo Carmona a EL UNIVERSAL.
“Pensamos que, como en México hay un gobierno de izquierda, los gobiernos de izquierda se vuelven cómplices, sordos, ciegos y mudos cuando sus homólogos de esa ideología violan los derechos humanos. Es una doble moral. Si fueran de derecha, quizás sí habría beligerancia de México”, añadió.
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Soberanía
Frente a estos reproches, López Obrador respondió reiteradamente que seguirá riguroso los principios constitucionales y adujo que salirse de esa ruta significaría exponerse a que otros gobiernos se inmiscuyan en problemas internos de México y violen su soberanía.
“Ese dilema de escoger entre soberanía y derechos humanos es falso: ha sido superado con creces desde hace varios años”, explicó el abogado y politólogo salvadoreño Benjamín Cuéllar, dirigente de Víctimas Demandantes (VIDAS), colectivo (no estatal) de El Salvador de defensa de derechos humanos.
“Existe la no intervención, pero antes de la soberanía está el respeto a los derechos humanos y si son violados de manera grave y sistemática, no queda más que tomar posición. Los Estados son posteriores a los derechos humanos”, indicó Cuéllar a este periódico. “Siempre se alegó que la situación de los derechos humanos, por más grave que estuviera, era asunto interno y ningún Estado podía meterse. Pero eso se ha superado. El gobierno de México, supuestamente progresista y de avanzada, no ha tomado posición ante casos” recientes, añadió.
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Al recalcar que la soberanía tampoco debe “ser impedimento para intervenir” si se violan los derechos humanos, Cuéllar aludió a lo que identificó como “quiebre del orden [constitucional] y del Estado de derecho” en El Salvador y a los abusos policiales o militares en la represión en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia.
Menoscabo
La situación continental retrocedió en 2021. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rompió el pasado 1 de mayo la separación de poderes y, como jefe del Ejecutivo, asumió control del Legislativo y cambió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al jefe de la Fiscalía General por figuras leales a su mando.
México evitó manifestarse sobre esa maniobra que fue considerada, dentro y fuera de El Salvador, como golpe de Estado.
Tampoco lo hizo sobre la represión militar y policial que estalló a partir del 28 de abril anterior con protestas antigubernamentales en Colombia o la ejecutada por el régimen comunista de Cuba contra opositores en 2020 y 2021.
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El silencio de México prevaleció ante la represión en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Chile y Haití en los últimos 31 meses.
A consulta de este diario, el brasileño Paulo Abrao, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2016 a 2020, atenuó la decisión de López Obrador de “no pronunciarse” y aclaró que México “lo hace” en comunicados, pláticas bilaterales y foros interamericanos y mundiales.
México posee una “posición privilegiada” en instancias foráneas de derechos humanos, por lo que al surgir “nuevas formas de autoritarismo en todo el mundo, es cada vez más crucial y ayudaría mucho que también los líderes democráticos verbalicen sus compromisos con los valores de los derechos humanos y la democracia”, señaló.
México votó en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas “consistentemente a favor” de resoluciones críticas de la situación de Nicaragua y “eso revela que (…) tiene un rol importante y reconocido”, argumentó.
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No obstante, y a nombre de López Obrador, el nuevo embajador mexicano en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera, ofreció el 28 de abril anterior en Managua una “relación estrecha” y mayor cooperación con el gobierno izquierdista del mandatario nicaragüense Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Cabrera evitó referirse a que la CIDH, la Organización de los Estados Americanos y el Parlamento Europeo acusaron a Ortega y Murillo de reprimir sin cesar con policías y paramilitares a los opositores, con saldo de más de 320 muertos desde abril de 2018.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, agradeció a Cabrera a nombre de Ortega y Murillo por los nexos “de hermandad, de solidaridad” de México y calificó la política mexicana hacia Managua como “grata”.