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La principal organización de derechos humanos de El Salvador, Cristosal, anunció el jueves que abandonará el país debido al creciente acoso y las amenazas jurídicas que enfrenta por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
La organización ha sido una de las críticas más visibles de Bukele, documentando abusos en la guerra del mandatario contra las pandillas del país y la detención de cientos de deportados venezolanos en un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El gobierno de Bukele ha apuntado durante mucho tiempo a los opositores, pero el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, expresó que las cosas alcanzaron un punto crítico en los últimos meses, ya que Bukele se ha fortalecido por su alianza con Trump.
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"El claro enfoque en nuestra organización nos ha hecho elegir entre el exilio o la prisión", señaló Bullock en una entrevista con The Associated Press. "El gobierno de Bukele ha desatado una ola de represión en los últimos meses... Ha habido un éxodo de líderes de la sociedad civil, profesionales e incluso empresarios".
El gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Cristosal ha estado trabajando en El Salvador desde el 2000, cuando fue fundada por obispos evangélicos para abordar preocupaciones sobre derechos humanos y democracia tras la brutal guerra civil del país.
El jueves, la organización de derechos humanos anunció que empacó sus oficinas y trasladó a 20 empleados de la nación centroamericana a los países vecinos de Guatemala y Honduras. Cristosal sacó discretamente al personal y sus familias antes de anunciar públicamente que se iban, por temor a ser blanco del gobierno de Bukele.
La decisión se produjo después de que su principal abogada anticorrupción, Ruth López, fuera encarcelada en junio por cargos de enriquecimiento, los cuales la organización niega.
El equipo jurídico de Cristosal ha apoyado cientos de casos que alegan que el gobierno detuvo arbitrariamente a personas inocentes en su represión contra las pandillas, y ha detenido ilegalmente a venezolanos deportados de Estados Unidos. López encabezó muchas de esas investigaciones. En una comparecencia judicial en junio, apareció esposada y escoltada por la policía.
"No me van a callar, quiero un juicio público a El Salvador", gritó. "Soy una presa política".
Durante años, la organización ha dicho que el personal ha sido seguido por agentes de la policía, que sus teléfonos han sido intervenidos con un software espía como Pegasus, y que han sido objeto de ataques jurídicos y campañas de difamación.
Pero la comparecencia de López en el tribunal fue el momento en que Bullock dijo que supo que tendrían que abandonar el país.
Al mismo tiempo, el gobierno ha arrestado a más críticos, mientras que otros han huido del país en silencio. A finales de mayo, el Congreso de El Salvador aprobó una ley de "agentes extranjeros", promovida por el presidente populista. Se asemeja a la legislación implementada por gobiernos en Nicaragua, Venezuela, Rusia, Bielorrusia y China para silenciar y criminalizar la disidencia ejerciendo presión sobre organizaciones que dependen de financiamiento extranjero.
Bullock comentó que la ley facilitaría al gobierno criminalizar al personal y paralizar económicamente a la organización.
La salida de Cristosal del país representa otro golpe a los controles y equilibrios en un país donde Bukele ha consolidado prácticamente el control del gobierno. Bullock dijo que ya no poder trabajar en el país hará significativamente más difícil para la organización continuar su trabajo jurídico en curso, particularmente apoyando a aquellos detenidos con poco acceso al debido proceso.
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