Miami.— Además de las tensiones comerciales y migratorias, una grieta se ensancha entre México y Estados Unidos: el conflicto por el agua.
El centro de la disputa es el incumplimiento por parte de México en la entrega de agua del río Bravo y la reciente decisión del gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, de negar el suministro de agua del río Colorado al río Tijuana para el suministro regional del lado mexicano.
El tratado que rige esta compleja relación hídrica data de 1944. En él se establece que Estados Unidos debe entregar anualmente a México mil 850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado, mientras que México se compromete a aportar 432 millones de metros cúbicos anuales; 2 mil 158 millones cada cinco años del río Bravo a su vecino del norte. Sin embargo, la realidad climática de 2025 y años pasados ha hecho añicos las previsiones de aquel acuerdo. Las presas mexicanas están por debajo de sus niveles históricos debido a una sequía prolongada, la más severa en décadas, lo que ha hecho imposible cumplir las cuotas establecidas.
“Estamos enfrentando una situación extrema de sequía. No se trata de negligencia, sino de una crisis climática sin precedentes que ha afectado nuestras presas y cuencas”, argumentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La Casa Blanca se impacienta. “México quiere agua, pero no cumple el tratado. No funciona así. Si no respetan los acuerdos, habrá consecuencias”, fue la declaración emitida desde el ala comercial del gobierno estadounidense.
Autoridades en Texas advierten sobre los efectos económicos del incumplimiento mexicano. “El agua es el combustible del milagro económico de Texas; y ese combustible se está agotando”, fue una declaración que retrata la creciente frustración de los agricultores texanos. El senador Ted Cruz ha sido uno de los más críticos, señalando pérdidas millonarias para su estado y acusando al gobierno mexicano de anteponer sus intereses internos sobre los compromisos internacionales.
Especialistas en el tema han advertido que la situación se acerca a un punto de no retorno. Gonzalo Hatch Kuri, geógrafo e investigador de la UNAM, describe el panorama como crítico y advierte: “Sólo enormes temporales extremos en el periodo próximo de lluvias de agosto y septiembre podrían, de milagro, hacer que se pudiera cumplir”.
Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales, considera que el tratado de 1944 está desfasado respecto a las condiciones actuales; “el tratado resulta bastante optimista, los volúmenes asignados a cada país no cumplen las expectativas, de hecho ya no existe ese volumen en la cuenca”.
Ante esta situación crítica, “sería esencial que ambos países fortalezcan aún más su cooperación bilateral y consideren la actualización de los acuerdos existentes para adaptarse a las realidades actuales”, considera David Getches, profesor de Derecho en la Universidad de Colorado y especialista en tratados internacionales.
Desde la Foro Permanente de Aguas Binacionales, que supervisa el cumplimiento del tratado, también se encienden las alertas. María Elena Giner, comisionada estadounidense, lamentó que “sólo hemos recibido un año de agua y ya estamos en el cuarto año” del ciclo actual, que termina en octubre de 2025. La situación pone en jaque no sólo el equilibrio hídrico entre los dos países, sino también la estabilidad del T-MEC, el tratado comercial que define gran parte de las reglas del juego en la región.
En este contexto, la disputa por el agua adquiere una dimensión mayor. “No se trata únicamente de un desacuerdo técnico sobre caudales y presas, sino de una fractura simbólica en la confianza entre dos socios estratégicos”, advierte Getches. La negativa de Trump de brindar agua al río Tijuana ha sido interpretada en México como una represalia política, un castigo más en la lista de tensiones bilaterales que incluyen migración, energía, seguridad y comercio.
Pero detrás de la retórica diplomática se asoma un riesgo más profundo, el de una posible revisión forzosa del tratado de 1944. Aunque Sheinbaum se ha mostrado cautelosa, su administración ya considera abrir una discusión técnica para actualizar el acuerdo en función del cambio climático. No obstante, ese camino es incierto y peligroso. Cualquier intento de renegociación podría ser aprovechado por sectores ultranacionalistas de ambos países y dar pie a rupturas más amplias en la arquitectura legal binacional.
El conflicto también ha comenzado a impactar la percepción de los inversionistas. Empresas del norte de México, especialmente en la industria maquiladora, han expresado preocupación por las restricciones en el uso del agua, un recurso clave para su operación.
La falta de certeza hídrica se suma al ambiente de inestabilidad generado por las amenazas arancelarias de Trump y el endurecimiento de las reglas migratorias.
Observadores han comentado que, en el fondo, el problema del agua es también una advertencia; una señal de que los tratados firmados hace 80 años bajo condiciones climáticas y demográficas completamente distintas no bastan para afrontar los retos del presente. La crisis hídrica que se vive entre México y Estados Unidos no es un hecho aislado, sino un síntoma de una transformación más profunda; la escasez creciente de recursos naturales, la presión de modelos de desarrollo intensivos y la incapacidad de las estructuras tradicionales para adaptarse con rapidez.
La guerra del agua no es una metáfora; es una realidad en la geopolítica de América del Norte. Su desenlace aún está por escribirse, pero su impacto ya se siente en los campos secos de Texas, en las presas vacías de Chihuahua, en el acueducto del río Tijuana y en las tensas agendas de dos gobiernos que, más que como aliados, hoy se miran con recelo.