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En una intensificación de su asedio sobre el abogado y diplomático colombiano Iván Velásquez, jerarca de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, ordenó el pasado lunes revocarle la visa en ese país y alertó a las autoridades migratorias, se confirmó ayer en fuentes oficiales.
La revocatoria, que tampoco implica la expulsión de Velásquez, reconfirmó la decisión del gobernante de hostigar al abogado por su labor al frente de la CICIG, creada en 2006 con patrocinio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), instalada en 2007 como querellante aliado al Ministerio Público (MP) de Guatemala y que en los últimos años fue clave para combatir décadas de impunidad y corrupción en esa nación.
La cancillería guatemalteca notificó ayer a administración de la CICIG que la visa fue revocada porque la solicitud “no fue formulada por la persona competente para tal efecto”. Una nueva visa debe pedirse por “canales correspondientes” y con “formalidades pertinentes”, añadió, al pedir informar de la revocatoria a Velásquez, porque “las autoridades migratorias del país han sido notificadas”.
Velásquez aclaró ayer que la visa le fue renovada el 4 de octubre de este año por casi 11 meses, pero que el lunes se le comunicó que fue revocada “porque no se había solicitado adecuadamente” por los canales “que son los mismos que se han utilizado anteriormente”. “Hicimos nuevamente la solicitud el día de hoy (ayer) y esperamos que no haya ninguna dificultad”, anunció.
La decisión del gobierno sobre la visa es “un mensaje hostil”, lamentó el ex canciller guatemalteco Eduardo Stein, en declaraciones a la prensa en Guatemala. Stein aludió así a los reiterados choques de Velásquez con Morales por la acusación que la CICIG planteó el 25 de agosto anterior contra el presidente por presunto financiamiento electoral ilícito en los comicios que el ahora mandatario ganó en 2015. Morales declaró persona no grata el 27 de agosto a Velásquez pero fracasó en su intento por expulsarlo del país, porque la Corte de Constitucionalidad se lo impidió.
La rivalidad se agudizó desde que, en septiembre de 2016, el MP y la CICIG denunciaron judicialmente por supuesto fraude a José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente, y por presunto fraude y lavado de capitales y otros activos a Samuel Everardo Morales Cabrera, hermano del gobernante, en un caso de aparente corrupción política con dinero de una dependencia estatal. El mes pasado, y pese al masivo acoso popular para que dimitiera, Morales logró un triunfo porque el Congreso de la República rechazó levantarle su inmunidad por el caso del financiamiento electoral.
Velásquez presentó ayer el informe anual de labores de la CICIG y pidió unir esfuerzos para luchar contra las redes político-económicas ilícitas que siguen cooptando al Estado, con límites de impunidad de más del 90%. “Se reclama la acción conjunta de los tres poderes del Estado y la participación de la ciudadanía para lograr una verdadera cultura de legalidad”, dijo, y anunció que presentará una “extensa lista” de propuestas de reformas legales para atacar la corrupción y el crimen en el país.
***Con información de AFP
