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*Daniel Zovatto
Durante décadas, Costa Rica fue una anomalía virtuosa en Centroamérica: un país sin ejército desde 1949, con elecciones íntegras, alternancia pacífica en el poder, instituciones sólidas, un Estado de derecho funcional, respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, y una democracia de calidad.
Esa narrativa de excepcionalidad democrática no ha desaparecido, pero sí se ha ido resquebrajando de manera progresiva y hoy enfrenta un desafío inédito. Las elecciones generales del pasado 1 de febrero de 2026 —un verdadero punto de inflexión— confirmaron que el país ha ingresado en una nueva fase política: más polarizada, más confrontacional y marcada por una concepción distinta del papel de los contrapesos democráticos.
La victoria en primera vuelta de Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano y heredera política del presidente Rodrigo Chaves —quien, por mandato constitucional, no podía aspirar a la reelección consecutiva—, fue al mismo tiempo un referéndum sobre la gestión del actual mandatario. El 48 % del 69 % de los electores que acudieron a las urnas —una participación elevada que revirtió la tendencia al abstencionismo observada en los últimos procesos— no sólo dio luz verde a la continuidad del proyecto gubernamental, sino que además otorgó al oficialismo una sólida mayoría legislativa: 31 de los 57 escaños en la Asamblea Legislativa unicameral.
Sin embargo, una lectura rigurosa de este incuestionable triunfo exige introducir dos precisiones clave: La primera es que el resultado deja a un país dividido: el 51 % del electorado no votó por Fernández y cerca del 30 % se abstuvo. La segunda es que la mayoría alcanzada en la Asamblea, si bien le permitirá gobernar con comodidad, no es suficiente para reformar la Constitución ni para materializar por sí sola el “cambio profundo e irreversible” ni la llamada “tercera república” anunciada en su discurso de victoria la noche del domingo.
El factor Chaves
Chaves llegó al poder en 2022 como un outsider, con un discurso frontal contra los partidos tradicionales, la prensa crítica y lo que denomina una “institucionalidad capturada”. Cuatro años después, con niveles de aprobación cercanos al 60 %, el presidente consiguió transferir a su candidata una parte sustantiva de su popularidad.
Su liderazgo y el respaldo decisivo brindado a Fernández abren el interrogante sobre quién ejercerá efectivamente el poder durante los próximos cuatro años. La duda se ve reforzada por el hecho de que el actual mandatario designó —desde el pasado miércoles 5 de febrero y hasta el 8 de mayo— a la presidenta electa como ministra de la Presidencia, bajo el argumento de facilitar la transición. A su vez, Fernández invitó a su mentor a integrar el futuro gabinete, también como ministro de la Presidencia; una oferta que tendría entre sus objetivos principales —aunque no el único— preservar su inmunidad frente a eventuales procesos judiciales.
La región ofrece abundantes ejemplos de presidentes o exmandatarios que ungieron a dedo a un sucesor, solo para que este, una vez en el poder, buscara emanciparse, generando turbulencia política, cuando no un distanciamiento o ruptura abierta entre ambos. El escenario se torna aún más complejo cuando el mandatario saliente conserva un liderazgo fuerte sobre la bancada oficialista en el Legislativo, una situación que, si no es gestionada con cuidado, puede traducirse en serios problemas de gobernabilidad.
Seguridad, mano dura y Bukele
La seguridad fue la prioridad central de estas elecciones, seguida por la economía, la educación, la salud y el medio ambiente. Costa Rica atraviesa una crisis inédita: cerca de 900 homicidios anuales y una tasa nacional próxima a 17 por cada 100 mil habitantes, con picos significativamente más elevados en provincias como Limón. Conviene subrayar que este deterioro se produjo durante la actual presidencia, aunque Chaves logró hábilmente —apoyado en una exitosa estrategia de comunicación— trasladar la responsabilidad a la oposición y a las instituciones, bajo el argumento de que, al gobernar en minoría en la Asamblea Legislativa, no se le permitió actuar con mayor contundencia. De ahí su pedido durante la campaña, de que Fernández ganase en primera vuelta —como ocurrió— sino también en lograr una bancada de 40 diputados para contar con mayoría calificada en la Asamblea.
En ese contexto, la admiración del oficialismo por el modelo de “mano dura” del presidente salvadoreño Nayib Bukele es explícita. La construcción de una megacárcel inspirada en la Cecot y el debate sobre eventuales estados de excepción focalizados marcan un punto de inflexión en una democracia tradicionalmente reacia a la expansión del poder coercitivo del Ejecutivo.
Por su parte, el respaldo público del mandatario salvadoreño a Fernández no fue anecdótico. Refleja la emergencia de una red de liderazgos regionales, que si bien son elegidos democráticamente, una vez en el poder promueven una reinterpretación de los derechos, la seguridad y los límites del Estado de derecho. Costa Rica, hasta hace poco inmune a estas corrientes, ya no observa el fenómeno desde la distancia. El temor al crimen organizado y al narcotráfico ha erosionado consensos históricos y abierto espacio a soluciones de carácter extraordinario.
Los desafíos de la oposición
El triunfo oficialista también arroja una luz reveladora sobre el frágil estado de la oposición. Sus adversarios, encabezados por el tradicional partido socialdemócrata Liberación Nacional (PLN) —cuyo candidato presidencial, Álvaro Ramos, obtuvo el 33 % de los votos y la segunda bancada con 17 diputados—, centraron la campaña casi exclusivamente en advertir sobre los riesgos que Fernández y, en particular, la influencia de Chaves y su partido representarían para la democracia, pero no lograron convencer al electorado de respaldar mayoritariamente sus propias propuestas.
Si durante la campaña las fuerzas opositoras no lograron articular un frente común y se presentaron de manera altamente fragmentada a través de 19 partidos, de cara a los próximos años los cuatro partidos de oposición que obtuvieron representación parlamentaria —Liberación Nacional, Frente Amplio (7), Partido Unidad Social Cristiana (1) y Agenda Ciudadana (1)— y que en conjunto suman 26 diputados, enfrentan una responsabilidad histórica. Deberán conformar una coalición que, sin caer en el obstruccionismo, colabore en aquellos proyectos beneficiosos para el país y, al mismo tiempo, sepa establecer límites institucionales firmes cuando el Ejecutivo intente concentrar poder excesivo o busque avanzar por vías no democráticas.
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Reflexión final
Siguiendo la tradición costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones volvió a organizar un proceso electoral impecable. Sin embargo, si la legitimidad de origen del nuevo gobierno es incuestionable, la legitimidad de ejercicio aparece rodeada de interrogantes. Ello se debe a que, si bien el chavismo no propone poner fin a la democracia, sí busca redefinirla en términos que reducen la intermediación, debilitan los controles y concentran mayor poder en el Ejecutivo. En este proceso, Costa Rica comienza a asemejarse a otras democracias latinoamericanas que, sin quebrar formalmente las reglas, han ido vaciando desde el poder algunos de sus principios sustantivos: la estigmatización de las instituciones como “enemigos del pueblo”, la confrontación permanente con la oposición, el debilitamiento de los órganos de control y la deslegitimación sistemática de la prensa.
En ese marco, el “cambio profundo e irreversible” prometido por Fernández abre una ventana de expectativas y oportunidades, pero también plantea desafíos mayúsculos para la gobernanza democrática de un país que emerge de estas elecciones dividido prácticamente en mitades. Ello convierte al diálogo político y al respeto por los contrapesos institucionales en condiciones indispensables —no accesorias— para el futuro gobierno.
En síntesis, la verdadera incógnita no es si la nueva administración dispone de poder suficiente —lo tiene—, sino si sabrá autolimitarse en su ejercicio. En otras palabras, el dilema central de Fernández reside en si logrará impulsar la transformación que la ciudadanía demanda respetando los procedimientos democráticos, la división de poderes, el Estado de derecho, la libertad de prensa y los derechos humanos, o si se verá tentada a hacerlo por vías de corte autoritario. Ambos escenarios permanecen abiertos.
Los próximos años serán decisivos, pues determinarán si los anticuerpos institucionales y los valores de la cultura política que el país aún conserva resultan suficientes para preservar la excepcionalidad democrática costarricense. Y en ese proceso, la ciudadanía —,y no solo las instituciones y la oposición—, desempeña un papel clave: no hay democracia sin demócratas comprometidos.
*Director y editor de Radar Latam 360. @zovatto55
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