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Costa Rica
rechazó una pretensión del presidente Daniel Ortega para que le entregue una lista de los miles de nicaragüenses que, por impacto de la profunda crisis política que estalló en Nicaragua desde abril pasado, comenzaron a huir de su país y a pedir asilo político y refugio en suelo costarricense.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica “no puede dar detalles sobre solicitantes de asilo o refugio ”, precisó una declaración que la cancillería costarricense remitió hoy a EL UNIVERSAL.
En un discurso ayer en Managua en un acto público, el presidente Ortega anunció que pedirá al gobierno de Costa Rica que le suministre el listado de los nicaragüenses que en los últimos días solicitaron refugio y asilo en territorio costarricense tras el conflicto político en Nicaragua.
“Le vamos a proponer formalmente a las autoridades costarricenses que nos pasen el listado de los que están pidiendo asilo, y poder decirles, ‘de todo ese listado, son estos nada más los que tiene acusaciones por delitos’, porque torturaron, porque mataron, porque quemaron. Se lo vamos a decir con toda claridad”, explicó el mandatario.
Los nicaragüenses acusados por la justicia de Nicaragua deberán enfrentar un proceso judicial, afirmó.
“Entonces vamos a formalizar esta propuesta a Costa Rica, que nos presenten este listado, y que se pueda firmar el acuerdo correspondiente con garantías de que aquellos que no tienen causa alguna en nuestro país, porque no han cometido crímenes, puedan regresar y nadie los va a tocar, a capturar y se puedan reencontrar con sus familias”, planteó.
Aseguró que en Costa Rica hay al menos 26 mil nicaragüenses que migraron de Nicaragua “porque hay tensiones y mucha gente le entra el temor y busca parientes que tienen en el país vecino”.
Advirtió que “a los que se sienten libres de pecado pueden regresar con la seguridad de que nadie los va a detener”.
La propuesta de Ortega fue rechazada por Costa Rica, fronterizo y vecino con el sur de Nicaragua y destino principal de los nicaragüenses que siguen huyendo de la violencia política en su país.
Por la persecución policial y paramilitar que sufrieron en Nicaragua, numerosos nicaragüenses escaparon de su tierra natal desde abril de este año por rutas clandestinas hacia Costa Rica. Ortega acusó a sus opositores de ejecutar múltiples actos de vandalismo con sus manifestaciones callejeras.
Sensible.
En una declaración, Comunicación Institucional de la cancillería de San José argumentó que está inhibida de revelar el listado “ya que se trata de información sensible que se rige por el principio de confidencialidad”, de acuerdo con la normativa sobre personas refugiadas.
La Dirección General de Migración de Costa Rica reportó hoy a este diario que del 18 de julio al 29 de agosto de 2018 recibió 26 mil 635 solicitudes de nicaragüenses para optar por refugio.
De ese total, precisó, Migración ya atendió a 12 mil 473, a los que otorgó un carnet provisional para evitar que estén como indocumentados en Costa Rica pero que luego deberán comparecer ante autoridades costarricenses para demostrar que tienen razones fundadas por cuestiones de raza, sexo, religión, política y otros motivos de persecución para huir de Nicaragua. “A ninguno se le ha aprobado su petición de refugio”, informó Migración.
En la explosión de tensiones políticas, la crisis de Nicaragua se precipitó el 18 de abril anterior con el masivo repudio a la decisión que Ortega adoptó—y que después derogó—para reformar la seguridad social. La protesta detonó en un reclamo callejero cívico incontenible para exigir democracia y libertad, acusar a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de establecer una dictadura dinástica, exigir su renuncia y el anticipo de las elecciones de 2021 a 2019.
A partir de abril, un movimiento cívico de estudiantes, obreros, campesinos, empresarios, sindicalistas, feministas y otros sectores participaron en marchas antigubernamentales en distintas partes del país que fueron reprimidas por fuerzas policiales y paramilitares del oficialismo, con un saldo que oscila entre más de 322 y 448 muertos, según organismos no estatales nicaragüenses e internacionales de derechos humanos.
El gobierno replicó que el número real de víctimas mortales de la crisis es de 198.
Ortega y Murillo negaron ser culpables de la represión, rechazaron dimitir y adelantar los comicios y replicaron que los opositores respondieron a un intento del gobierno de Estados Unidos aliado con fuerzas derechistas de Nicaragua para promover un golpe de Estado y se convirtieron en golpistas, terroristas, vandálicos y delincuentes.
