Washington.— La Corte Suprema de Estados Unidos levantó este martes el bloqueo impuesto por una jueza de primera instancia a los despidos masivos de funcionarios federales decididos por el gobierno del presidente Donald Trump.

Después de regresar a la Casa Blanca en enero, Trump ordenó a las agencias federales que prepararan planes de reducción de personal a gran escala.

Creó para ello una comisión de eficiencia gubernamental (DOGE), dirigida durante meses por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que en junio se enemistó con el presidente republicano.

En un decreto del 11 de febrero, Trump pidió una “transformación” de la burocracia federal.

Una coalición de sindicatos y organizaciones sin fines de lucro ha demandado a la administración por considerar que se excedió en su autoridad al ordenar despidos masivos y reformas en las agencias sin la aprobación del Congreso.

La jueza de distrito Susan Illston suspendió temporalmente los despidos alegando que probablemente necesitan la aprobación del Congreso, pero la Corte Suprema levantó este bloqueo. Lo hace basándose solamente en si el decreto y el memorando proclamados para los recortes son válidos.

Los magistrados no valoran la legalidad de las reducciones de personal ni de los planes de reorganización, que seguirán siendo objeto de batallas legales. “Los planes en sí mismos no están ante este tribunal, en esta etapa”, estimó la jueza Sonia Sotomayor, una de las tres liberales de la Corte Suprema.

La magistrada Ketanji Brown Jackson, también progresista, fue la única en discrepar. “Por alguna razón, este tribunal considera apropiado intervenir ahora y soltar la bola de demolición del presidente al comienzo de este litigio”, dijo.

“Bajo nuestra Constitución, el Congreso tiene el poder de establecer agencias administrativas y detallar sus funciones. Así, en el último siglo, los presidentes que han intentado reorganizar el gobierno federal primero han obtenido autorización del Congreso para hacerlo”, añadió. “Aunque los presidentes tienen cierta discreción para reducir el empleo federal, no pueden reestructurar” por su cuenta, protestó Jackson.

No hay una cifra oficial de los recortes de empleo; sin embargo, al menos 75 mil empleados federales solicitaron la renuncia diferida y miles de trabajadores en periodo de prueba ya han sido despedidos.

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