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La Corte Constitucional de Tailandia cesó el miércoles al primer ministro Srettha Thavisin y a todo su gobierno por una falta ética en un nuevo giro político-judicial en este reino una semana después de la disolución forzada del principal partido opositor.
Los diputados se reunirán el viernes a las 10H00 (03H00 GMT) para encontrar un sucesor, anunció el parlamento este miércoles.
Se espera que la coalición en el poder comunique el nombre de su candidato o candidata el jueves, tras una reunión por la mañana.
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La política en este país del sudeste asiático acumula dos décadas de inestabilidad crónica marcadas por golpes, protestas callejeras y decisiones judiciales, en parte alimentadas por la larga pugna entre el ejército, las élites monárquicas y partidos progresistas como el Pheu Thai de Srettha.
De hecho, la denuncia contra el primer ministro, con menos de un año en el cargo, fue presentada por un grupo de exsenadores nombrados por la antigua junta militar de Tailandia.
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Primer ministro nombró a un condenado por corrupción como integrante de su gabinete
Los jueces del alto tribunal consideraron con cinco votos a favor y cuatro en contra que Srettha había infringido las reglas éticas al nombrar como ministro de su gabinete a un abogado con una condena por corrupción.
"Respeto el veredicto. Reitero que durante el casi un año que he estado en el cargo, he intentado con buenas intenciones liderar el país con honestidad", dijo Srettha a la prensa en el exterior de su oficina.
En la lectura del veredicto, el juez Punya Udchachon aseguró que el primer ministro "no tuvo honestidad e infringió los principios éticos" al nombrar como ministro a Pichit Chuenban, que había sido condenado en 2008 a seis meses de cárcel.
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Lee también Tailandia disuelve el partido reformista que ganó las elecciones en 2023
El mismo tribunal disolvió la semana pasada al principal partido de la oposición Move Forward Party (MFP), ganador de las elecciones del año pasado, e inhabilitó a su líder Pita Limjaroenrat a cualquier actividad política durante diez años por prometer reformar el estricto delito de lesa majestad.
sg/mcc
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