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Una corte civil de Miami sentenció al exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar 2 mil 488 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales en el gobierno mexicano.
La jueza Lisa Walsh emitió la sentencia contra los acusados, días después de que el gobierno de México le solicitara declararlos culpables sin necesidad de ir a juicio, señalando que no comparecieron directamente ni a través de algún representante, para responder a un proceso iniciado en 2021.
De acuerdo con el fallo, García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que su esposa debe pagar mil 740 millones de dólares, al considerarse que ella fue una pieza clave en el esquema de transferencia y ocultamiento de activos.
El gobierno mexicano señala que, con el auspicio de García Luna, el conglomerado empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuvo ilícitamente 30 contratos con entes públicos de seguridad en México y extrajeron más de 634 millones de dólares de las arcas nacionales. El gobierno asegura que los recursos fueron transferidos, a través de paraísos fiscales, al estado de Florida y utilizados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos.
Los abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalaron, en su solicitud de condena contra los acusados, que “un demandado que incurre en una falta por no responder a la demanda inicial del demandante admite los hechos bien fundamentados y consciente en el alivio solicitado en la demanda”.
El 21 de septiembre de 2021, la UIF presentó una demanda civil ante el Tribunal Undécimo Circuito Judicial de Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos. Se aseguraron 19 propiedades de García Luna y sus cómplices.
“Desde al menos el año 2012 y hasta por lo menos 2018, García Luna y personas que actuaban bajo su dirección, a través de un esquema ilegal de contratación gubernamental, obtuvieron ilegalmente al menos 250 millones de dólaresdel gobierno mexicano y transfirieron esos fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, con el fin de ocultar los fondos robados en las propiedades en cuestión. En total, García Luna y personas que actuaban bajo su dirección recibieron 580 millones de dólares por los contratos ilegales”, indicaron los abogados.
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La juez Walsh había dado a las partes hasta ese 28 de abril para alcanzar un acuerdo o para que se iniciara un juicio. De lo contrario, había adelantado, la demanda presentada por la UIF sería desechada.
La demanda de la UIF reclamaba 28 inmuebles en Florida, de los que 18 ya fueron vendidos; 12 antes de que se iniciara el litigio y seis después. Según la UIF, García Luna recibió sobornos de los Weinberg desde 2006.
García Luna no notificó en momento alguno su interés en defenderse; su esposa compareció inicialmente a través de un abogado, que finalmente se retiró del caso. Ella tampoco asistió a las audiencias de mediación que intentaron realizarse desde 2024, por lo que la jueza decidió fallar en su contra y condenarlos a pagar.
Otros codemandados aceptaron pagar. Es el caso de José Francisco Niembro González, quien fuera secretario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante la gestión de García Luna, y su esposa, quienes pagaron 330 mil dólares en reparación de daños.
En cambio, los empresarios Samuel y Alexis Weinberg siguen negociando con la UIF.
Este caso civil es independiente del que terminó con García Luna condenado, en octubre de 2024, a 38 años y ocho meses de prisión por un tribunal en Nueva York, tras ser declarado culpable de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de “millones de dólares en sobornos”. El juez que llevó este caso, Brian Cogan, le impuso una sanción de 2 millones de dólares. García Luna cumple sentencia en la penitenciaría del condado de Lee, en Virginia.
ss/mcc
