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El gobierno de México se anotó este miércoles una victoria en una corte de Apelaciones de Miami, que le dio la razón en la demanda civil contra Genaro García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad, y otros socios, por lavado de fondos “robados”.
En 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano interpuso ante los tribunales del condado de Miami-Dade la demanda en la que acusa a García Luna de crear una “compleja red” que le permitió lavar fondos “robados” por unos 700 millones de dólares.
La demanda incluye a la esposa de García Luna, Linda Pereyra, así como a la familia de empresarios Weinberg, encabezada por Mauricio Samuel Weinberg López. Sin embargo, los Weinberg y otros implicados apelaron, señalando que este caso debía juzgarse en Miami.
El caso quedó suspendido el 1 de noviembre de 2022, a la espera de que se decidiera sobre la procedencia o no de la impugnación.
Sin embargo, un juez de Miami, y ahora la Corte de Apelaciones del tercer distrito de Florida determinaron que la razón asiste al gobierno mexicano, por lo que el proceso puede continuar y en determinado momento llegar a juicio.
Esta demanda civil es aparte del juicio penal en el que García Luna, detenido en Dallas, Texas, en 2019, fue declarado culpable, en febrero pasado, de cinco delitos, cuatro de ellos por tráfico de drogas, y uno por mentirle a la autoridad migratoria.
En el documento, la esposa de García Luna es señalada como “participante principal” de una “compleja” red que usó empresas y fideicomisos para sus propósitos.
Además del matrimonio García Luna, la demanda del gobierno mexicano incluye a seis socios del exfuncionario mexicano como presuntos lavadores del dinero robado. Se trata de Mauricio Samuel Weinberg López; su esposa, Silvia Donna Pinto de Weinberg; el hijo de ambos, Jonhathan Alexis Weinberg Pinto, así como Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto de Miembro.
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Acusan a García Luna por “robar” fondos del gobierno de México
La demanda señala que García Luna encabezó esta trama para “robar” fondos del gobierno de México por medio de “contrataciones ilícitas” y luego “blanqueó esos fondos robados en Estados Unidos y otros lugares” con la ayuda de sus socios, que se dedicaban principalmente a la compra de inmuebles y artículos de lujo en Florida.
En concreto, mientras fue secretario de Seguridad e incluso de después de dejar el cargo, García Luna contó con “una extensa red de socios” a través de la que obtuvo contratos de varias entidades y agencias del gobierno mexicano “por cientos de millones de dólares”, según la demanda.
En la demanda se especifica que la cantidad a recuperar es a partir de 250 millones de dólares, según una escala establecida por la justicia, pero desde México el gobierno ha dicho que son 700 millones.
El escrito judicial señala que cada uno de los participantes en esta trama, que operó por lo menos hasta 2018, tenía un rol específico.
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La acusación dice que García Luna era el “arquitecto principal” y coordinó y autorizó “los contratos ilegales celebrados por las agencias de seguridad mexicanas”, valiéndose “del soborno, la manipulación de ofertas y/o la corrupción”.
La esposa de García Luna se encargaba, siempre de acuerdo con la acusación, de las operaciones diarias de la gestión de un dinero, que “sabía que le había sido robado al gobierno de México, por medio de una serie de empresas en Estados Unidos y para adquirir múltiples bienes inmuebles en Florida”, muchos de ellos ubicados en el condado de Miami-Dade.
La UIF alega que García Luna y sus cómplices “ocultaron los fondos robados” y obstaculizaron la recuperación de los mismos, al lavar el producto a través de transferencias internacionales a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares.
La demanda señala que el entramado liderado por García Luna lavó el dinero a través de al menos 30 empresas, comprando 30 propiedades inmobiliarias, así como “múltiples automóviles y embarcaciones y sustanciales activos bancarios y de otro tipo ubicados en Florida”. El gobierno busca con su demanda recuperar los “recursos robados”. * Con información de EFE
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