Ciudad de Guatemala.— La máxima instancia judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC), suspendió ayer la orden del presidente Jimmy Morales de cerrar unilateralmente la misión anticorrupción de Naciones Unidas (ONU), que lo investiga por financiamiento ilegal electoral en 2015.
Desde el lunes, cuando el mandatario dio a conocer su decisión de terminar anticipadamente la misión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, se desató una guerra judicial y crecieron las tensiones políticas en el país. La CC dejó ayer sin efecto la decisión presidencial al otorgar un amparo provisional a ocho acciones promovidas por personas e instituciones para revertir el cierre de la Cicig, según la resolución divulgada a la prensa.
Al aceptar los recursos legales, quedó “en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala” relativo al establecimiento de la Cicig, indica el fallo. El mandato de la misión se extendía hasta el 3 de septiembre de este año.
El gobierno respondió con un comunicado en el que aclaró que hará un pronunciamiento oficial después de analizar la resolución. Sin embargo, por la noche se anunció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar trámite a una solicitud de antejuicio contra tres magistrados de la CC por supuestamente “excederse en sus funciones” al suspender la decisión de Morales sobre la Cicig.
La solicitud de antejuicio fue presentada por el representante de la Asociación de Dignatarios de la Nación. El Congreso deberá definir si retira la inmunidad a los tres magistrados.
El secretario general de ONU, António Guterres, rechazó enérgicamente la petición del gobierno guatemalteco para el retiro de la Cicig, pero por “medidas de seguridad” el martes se retiraron del país los investigadores extranjeros de la comisión.
Dos plantones, uno en favor y otro en contra de la Cicig se realizaron en diferentes cortes de justicia. Representantes de más de 60 organizaciones sociales y el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, manifestaron su apoyo a la CC y a la comisión durante una manifestación en el máximo tribunal de justicia.
Rodas dijo a los periodistas que al mandatario guatemalteco, quien anunció su decisión el lunes, no le queda de otra que acatar el fallo judicial.
Activistas humanitarios, estudiantes, religiosos y dirigentes de colectivos sociales calificaron de “grave” la crisis que se vive en Guatemala.
Mientras tanto, en la Plaza de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se presentó más de una veintena de personas del denominado Movimiento por la Libertad y rechazaron a la Cicig.
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