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La Corte Constitucional de Ecuador autorizó el miércoles la celebración de un referendo para decidir si se instala o no una Constituyente que redacte una nueva Carta Magna con leyes más duras contra el narcotráfico.
El presidente Daniel Noboa impulsa este proyecto en medio de su guerra contra las bandas narco que disparan la violencia en el país, con una de las tasas más altas de homicidios en Latinoamérica.
La Corte informó su "dictamen favorable para la convocatoria a (una) Asamblea Constituyente", lo que podría ser decidido en el referendo del 16 de noviembre para resolver, entre otras medidas, si se permite el establecimiento de bases militares extranjeras.
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La Corte aseveró que con este fallo “reafirma” que el control de constitucionalidad no es un pronunciamiento que busca reemplazar al pueblo, sino que busca garantizar que el pueblo se pronuncie “con información clara y reglas transparentes”.
Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) incorporará al referendo del 16 de noviembre la pregunta planteada por el mandatario, confirmó en X la presidenta del CNE, Diana Atamaint.
La pregunta señala: "¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República?”.
Además, los ecuatorianos responderán en las urnas si están de acuerdo con la instalación de bases militares extranjeras y con la eliminación de un financiamiento estatal para los partidos y organizaciones políticas.
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El fin de semana, el gobierno y la Corte Constitucional se encajonaron en un dilema jurídico luego de que el presidente remitió directamente la convocatoria para consulta popular al CNE.
Abogados y gremios de juristas interpusieron demandas a la medida presidencial por considerar que vulneraba el orden jurídico al saltarse el control constitucional. Entonces esa Corte suspendió el decreto presidencial señalando que “toda convocatoria a consulta puede resolverse si se tiene el dictamen” de ese organismo.
No obstante, la fricción había iniciado tiempo atrás, después de la suspensión temporal de varios artículos de tres leyes aprobadas por el Legislativo, de mayoría oficialista, en medio del trámite de demandas de inconstitucionalidad.
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El gobierno remitió enseguida a ese mismo organismo un pliego de preguntas de consulta popular para su aval, incluyendo el control político de los propios jueces constitucionales. La mayoría fueron negadas por la Corte.
Noboa, un político multimillonario, está en el primer año de su segundo mandato iniciado en mayo, y enfrenta el desafío de luchar contra la creciente violencia y el malestar de sectores sociales e indígenas que convocaron a un paro por el reciente incremento en el precio del diésel.
desa/mgm
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