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Seúl.- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, afronta este viernes una tercera jornada de interrogatorio, pese a haberse negado a declarar hasta el momento sobre su breve imposición en diciembre de la ley marcial, después de que un tribunal se negara a impugnar su detención.
Los investigadores de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) citaron a Yoon a declarar a las 10:00 hora local (1:00 GMT), aunque sus abogados adelantaron que el mandatario no tiene intención de presentarse.
"El presidente no comparecerá ante el ministerio público porque explicó suficientemente su postura a los investigadores en el primer día de interrogatorio y no vemos motivos ni necesidad de responder a las preguntas en un interrogatorio", dijo el equipo legal de Yoon en un comunicado remitido a la prensa.
Yoon permanece retenido en el Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, cerca de las instalaciones de la CIO, desde que el miércoles fuera detenido en su residencia, donde había permanecido semanas atrincherado a raíz de su destitución el pasado 14 de diciembre.
El presidente ya desafió la orden de personarse a declarar ante las autoridades anticorrupción en la víspera, alegando motivos de salud, y tras haberse sometido a más de diez horas de interrogatorio el miércoles.
Suk-yeol permanece bajo custodia después de que un tribunal capitalizo rechazara el recurso presentado por sus abogados sobre la legalidad del arresto, lo que habría supuesto su liberación, y está previsto que la CIO solicite extender el período de detención antes de que venza el plazo actual de 48 horas la noche de este viernes.
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El período quedó temporalmente suspendido mientras el tribunal valoraba el recurso.
La defensa de Yoon viene argumentando que la CIO carece de jurisdicción sobre la acusación de insurrección por la que está siendo investigado a raíz de su fugaz declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, una afirmación que también fue rechazada por la corte, el Tribunal de Distrito de Seúl, reconociendo así la autoridad de la oficina anticorrupción para seguir con el caso.
desa/mgm