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Caracas.— La Contraloría General de Venezuela inhabilitó ayer al líder opositor Juan Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años, el máximo permitido por la ley, por la presunción de que “ocultó o falseó” datos de su declaración de patrimonio y recibió dinero sin justificar.
Guaidó, proclamado presidente encargado, restó importancia a la decisión. “No existe contralor”, declaró sobre el jefe del organismo, Elvis Amoroso, durante un acto celebrado en el Colegio de Ingenieros de Caracas para presentar su plan para recuperar los servicios básicos, informó el diario venezolano El Nacional.
Según Amoroso, quien inició una auditoría en febrero, Guaidó ha realizado más de 91 viajes al extranjero con un costo superior a los 310 millones de bolívares (unos 100 mil dólares), “sin justificar la fuente de ingresos”. En una declaración divulgada en el canal estatal VTV, el contralor señaló que la decisión se tomó “considerando que el diputado Juan Guaidó se ha negado a presentar su declaración jurada (...), ha violado sistemáticamente nuestra Carta Magna (...) y ha usurpado funciones públicas y ha cometido acciones con gobiernos extranjeros que han perjudicado al pueblo de Venezuela”.
En un acto en Caracas, Guaidó desestimó la medida. “No existe una inhabilitación. El Parlamento legítimo es el único que puede designar a un contralor”, indicó.
Amoroso fue nombrado el año pasado por la Asamblea Nacional Constituyente, compuesta sólo por políticos oficialistas y que es desconocida por la oposición debido a la forma en que se realizó la elección en 2017.
El Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela condenó la inhabilitación y consideró que ese tipo de decisiones “menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela”.
El GCI se lanzó el 7 de febrero en Montevideo, fijándose un plazo de 90 días para promover comicios presidenciales como una salida pacífica a la crisis política.
También Estados Unidos rechazó la medida de la contraloría. “Es absurdo y ridículo”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino.
El líder opositor pidió a los venezolanos mantenerse movilizados a pesar de los apagones y los convocó a concentrarse mañana en las calles para protestar por las fallas eléctricas. Guaidó realizó en febrero una gira por varios países de la región pese a que el Tribunal Supremo de Justicia le había prohibido salir del país, había congelado sus cuentas bancarias y le prohibió enajenar y gravar bienes a pedido de la Fiscalía General, que lo investiga por hechos violentos ocurridos en enero.
Entretanto, los eurodiputados utilizaron la antepenúltima sesión de la actual legislatura para reclamar el endurecimiento de las sanciones de la UE contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro.
El llamado fue emitido en una resolución de urgencia de derechos humanos adoptada por el pleno del Parlamento Europeo con 310 votos a favor, 120 en contra y 152 abstenciones. “Pide que se impongan sanciones adicionales dirigidas contra los activos de las autoridades estatales ilegítimas en el extranjero y las personas responsables de violaciones de los derechos humanos y de la represión”, señaló la resolución. “Considera que las autoridades de la Unión deben restringir en consecuencia los movimientos de esas personas y los de sus parientes más cercanos, e inmovilizar sus activos y sus visados”.
Desde el 13 de noviembre de 2017, la UE aplica una serie de sanciones restrictivas contra el régimen de Maduro, que van desde el embargo de armas y transferencia de equipo de telecomunicaciones, hasta restricción de visado a los funcionarios señalados como autores de las violaciones a las garantías individuales.
El texto, promovido por el Partido Popular Europeo, el Grupo de los Conservadores y Reformistas, y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales, condenó la “represión y violencia” en el país.
Afirmó que la nación enfrenta escasez de medicamentos y alimentos, violaciones masivas de los derechos humanos, hiperinflación, opresión política, corrupción y violencia, señaló el texto.
Apenas ayer, un informe interno de Naciones Unidas (ONU) alertó que casi un cuarto de los venezolanos necesitan ayuda humanitaria urgente. El reporte mostró un aumento de la desnutrición y las enfermedades en consonancia con el deterioro de las condiciones de vida en el país sudamericano.
“Se estima que 7 millones de personas, o alrededor de 24% de la población total que vive actualmente en el país, tienen necesidades prioritarias urgentes de asistencia y protección”, señaló el informe.
Unos 3.7 millones de personas están subalimentadas en la nación, tres veces la tasa del periodo 2010-2012, según estimaciones de la ONU.
Al menos 22% de los niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica. Según el informe, unas 5 mil personas abandonan el país diariamente, y 10% de la población (más de 3.4 millones de personas) viven ahora como migrantes o refugiados en los países vecinos.
