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Washington.— La empresa multinacional Johnson & Johnson (J&J) deberá pagar más de 572 millones de dólares por su papel en la crisis de los opioides en el estado de Oklahoma donde, según el gobierno estatal, ha causado más de 6 mil muertes en las últimas dos décadas.
Así lo decidió ayer e juez de Distrito del condado de Cleveland, Thad Balkman, quien estimó que el grupo farmacéutico estadounidense debe pagar un total de 572 millones 102 mil dólares para reparar los daños por haber contribuido al “perjuicio público” en su promoción de analgésicos de receta médica altamente adictivos.
“La crisis de los opioides ha devastado al estado de Oklahoma y debe reducirse de inmediato”, apuntó el magistrado Balkman al leer sus sentencia.
Balkman dijo que el laboratorio Janssen, división farmacéutica de J&J adoptó prácticas de “marketing engañosas y promoción de opiáceos”, lo que causó una crisis de dependencia de estos analgésicos, muertes por sobredosis y un alza en los síndromes de abstinencia neonatal en el estado.
Janssen distribuía el parche Duragesic y las píldoras Nucynta, que no son los opioides más populares de Estados Unidos.
El fallo podría afectar el futuro de otras casi 2 mil demandas presentadas contra fabricantes de medicamentos opiáceos en varias jurisdicciones del país.
El fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, había presentado una demanda en 2017 contra tres grandes farmacéuticas: J&J, Purdue Pharma y Teva, acusándolas de causar un perjuicio público al inundar el estado con opiáceos sin informar con exactitud sobre el riesgo de adición a esos fármacos.
Hunter denunció que la epidemia de opiáceos en Oklahoma ha causado más de 6 mil muertes en las últimas dos décadas.
J&J negó las acusaciones y su abogado John Sparks cuestionó la aplicación de la ley de “perjuicio público” hecha por los fiscales de Oklahoma, y argumentó que las autoridades estatales habían “malinterpretado” la ley.
Las otras dos compañías farmacéuticas acusadas por el estado de Oklahoma (Purdue Pharma y Teva) alcanzaron sendos acuerdos extrajudiciales con las autoridades locales por un valor de 270 millones de dólares y 85 millones, respectivamente, a fin de evitar el juicio.
Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las sobredosis relacionadas con los opioides se saldaron con más de 47 mil muertes en 2017, de las cuales 36% incluye drogas que habían sido suministradas con receta médica.
