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Buenos Aires.— Un tribunal condenó ayer a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitó para ocupar cargos públicos de manera perpetua tras hallarla culpable de fraude y corrupción cuando presidió Argentina de 2007 a 2015, un fallo que la líder peronista atribuyó a una “mafia judicial”, pero por el que difícilmente pisará la cárcel.
Kirchner, de 69 años, fue hallada culpable de “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), de donde es originaria.
Pese a la condena, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros, de entrada, hasta diciembre de 2023, cuando termina su mandato como vicepresidenta. Para ser efectiva, esa condena deberá transitar un largo peregrinaje hasta ser, en un futuro que no se vislumbra cercano, refrendada o rechazada por la Corte Suprema. El proceso puede durar años.
La situación se complicaría si la exmandataria se postula nuevamente a cargos de elección popular, pues gozaría de fuero y es incierto si en una circunstancia así podría perderlo y tener que cumplir sentencia. Sin embargo, ella descartó que vaya a postularse. “No voy a ser candidata a nada, ni a senadora, ni a diputada ni a presidenta de la nación” en las elecciones generales de 2023, dijo en las redes sociales.
Si tras el engorroso proceso su sentencia quedara en firme, la vicepresidenta tiene otra salida: el 19 de febrero cumplirá 70 años. La ley argentina establece determinados supuestos en los que el juez puede permutar la pena de cárcel por prisión domiciliaria. Uno de ellos es que el condenado sea mayor de 70 años.
Más allá de las implicaciones para ella, la causa tiene un fuerte impacto político en un país polarizado entre el gobernante peronismo y la oposición de derecha, en medio de una grave crisis económica con casi 100% de inflación anual estimada. Se trata, al mismo tiempo, de la primera vez que un vicepresidente en funciones es condenado por un delito.
El tribunal federal integrado por tres jueces condenó a Fernández tras hallarla culpable del delito de administración fraudulenta por unos mil millones de dólares al adjudicar de forma irregular durante sus dos mandatos consecutivos (2007- 2015) unas 51 obras a Lázaro Báez, un empresario allegado. El tribunal ordenó decomisar los efectos del delito que consisten en una suma equivalente a 482 millones de dólares.
“En los alegatos probé absolutamente que no tuve el manejo del presupuesto. No legislo, lo hace el Congreso. Ninguna de las mentiras fueron probadas. Es un Estado paralelo, una mafia judicial que me condenó”, dijo ella.
Este es el primer juicio a Fernández y el primer pedido de condena en su contra. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas. En la actualidad, un tribunal superior analiza si reabre una causa en la que la vicepresidenta y sus hijos fueron sobreseídos sin que se llevara a cabo un juicio oral y público por la acusación de lavado de dinero.
El presidente argentino Alberto Fernández afirmó que “hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana”, tuiteó. Los kirchneristas de inmediato tomaron las calles para defender a la vicepresidenta. Para los opositores al kirchnerismo, la condena se quedó corta. Más cuando las posibilidades de que pise prisión son nulas.
El juicio se vio sacudido por el ataque que sufrió Cristina Fernández el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su domicilio en Buenos Aires. Ella alega que se trató de un complot y ayer aludió al tema. “Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre, siempre y cuando a algún empresario no se le ocurra financiar alguna otra banda de marginales y me peguen un tiro. Eso es lo que quieren: presa o muerta”, aseguró Fernández.
Líderes latinoamericanos expresaron su solidaridad a Fernández, incluyendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que la argentina es “víctima de una venganza política y una vileza antidemocrática del conservadurismo”.
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