Un tribunal de Honduras condenó este lunes a 50 años de cárcel a cuatro hombres por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, mientras que otros tres implicados recibieron penas de 30 años de prisión.
Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres fueron sentenciados cada uno a 34 años de prisión por ser los autores materiales del asesinato de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la medianoche del 2 de marzo de 2016.
Los cuatro fueron condenados también a 16 años de prisión por tentativa de asesinato del mexicano Gustavo Castro, quien esa noche acompañaba a Berta Cáceres en la casa y al que dejaron baleado creyendo que había muerto.
El mayor del ejército Mariano Díaz, el gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Sergio Rodríguez, y el exjefe de seguridad de esa compañía, Douglas Bustillo, cumplirán 30 años de reclusión, según el fallo.
La portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars, dijo a la AFP que la defensa tiene 20 días para presentar recurso de “casación”, en el que la condena puede ser ratificada o modificada.
El tribunal había declarado culpable el 30 de noviembre de 2018, a Bustillo, Rodríguez y Díaz de haber contratado a los cuatro pistoleros por 4 mil dólares para que mataran a la ambientalista.
La noche del 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres estaba en su casa en la comunidad occidental de La Esperanza cuando los cuatro sicarios forzaron una puerta para ingresar a la vivienda y matarla a tiros.
En otra habitación estaba Castro, a quien dispararon y huyeron creyendo que había muerto.
Según la sentencia, los ejecutivos de DESA ordenaron el asesinato de Cáceres por organizar manifestaciones para impedir la construcción de una hidroeléctrica en el occidental río Gualcarque, en territorio indígena.
La activista consideraba que la concesión se otorgó de forma ilegal y denunció haber recibido amenazas del personal de DESA en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dictó medidas cautelares para su protección desde 2009, aunque la madre de Cáceres denunció que en la práctica no la recibía.
Activismo de Berta Cáceres
Madre de cuatro hijos, Cáceres nunca se rindió. En 2013 logró que el Banco Mundial y la constructora china Sonohydro desistieran de construir la represa en el Gualcarque, que para el pueblo lenca al que ella pertenecía es sagrado y vital para su subsistencia. Sin embargo, DESA continuó con el proyecto, que sólo trasladó al otro lado del río.
Las amenazas aumentaron y llegó el punto en que la madre y los hijos de Cáceres huyeron del país, mientras que ella comenzó a dormir en sitios distintos cada noche, por temor a ser asesinada.
Una semana antes del crimen, la hondureña denunció el asesinato de cuatro dirigentes de su comunidad y que ella misma había recibido amenazas.
Por el asesinato de Cáceres también está preso desde marzo del 2018 el presidente de DESA, David Castillo.
La familia de la activista denunció un atraso en el juicio contra Castillo supuestamente para favorecerlo, y acusan a influyentes banqueros que financiaban el proyecto hidroeléctrico como coautores intelectuales del crimen.
Cáceres era reconocida mundialmente en el movimiento ambientalista y de derechos Humanos. En 2015 recibió el Premio Goldman, conocido como Nobel Verde y que es el máximo galardón a quienes buscan preservar el medio ambiente. Estados Unidos, la Unión Europea y la comunidad internacional exigieron castigo para los culpables de su muerte.
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