Una matriz de corrupción destinada robarle fondos al Estado. Esa es, en esencia, la acusación que afrontó Cristina Fernández de Kirchner y que el Tribunal Oral Federal N°2 consideró probado. Así lo sostuvo el fiscal federal que investigó el “ caso Vialidad ”, Gerardo Pollicita. Así, lo estimó el juez federal Julián Ercolini al elevar el expediente a juicio oral. Así lo refrendó la Cámara Federal cuando la pesquisa pasó por sus estrados. Y así acaba de concluir el tribunal oral: defraudaron al Estado por miles de millones de pesos, aunque no llegara a probarse la existencia de una asociación ilícita.
El máximo responsable de impulsar la acusación durante el juicio oral, Diego Luciani , lo sintetizó con lenguaje llano: “Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, dijo durante su primera audiencia, el 1° de agosto. Y ahondó en sus distintos tramos durante días.
Como Pollicita en primera instancia, Luciani se concentró en entender y explicar el vínculo que la familia Kirchner desarrolló con Lázaro Báez, el correntino que migró al Sur, logró entrar como empleado al Banco de Santa Cruz y que de la mano del entonces gobernador Néstor Kirchner trepó hasta resultar decisivo dentro del banco, para luego convertirse, en un abrir y cerrar de ojos, en magnate de la obra pública.
Sólo entre 2003 y 2015, reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, las constructoras de Báez recibieron 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Es decir, el 78% de todos los proyectos que se asignaron durante esos años al pago chico de los Kirchner. Y eso, aún cuando las empresas de Báez apenas concluyeron tres obras de acuerdo al cronograma y según las pautas fijadas. Dato adicional: el holding de empresas de Báez apenas terminó 27 de esas 51 obras. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas”, remarcó Luciani. “Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”.
Luciani, su colega Sergio Mola y el resto de su equipo, como antes Pollicita con su Fiscalía, analizaron obra por obra. Detectaron que Austral Construcciones y otras empresas de Báez recibían adelantos financieros superiores a los previstos por ley; en varias licitaciones se simuló una puja de precios entre constructoras del mismo holding de Báez. No sólo eso. También detectaron sobreprecios y prórrogas de ejecución injustificadas, sin que eso afectara los pagos. El Estado le pagó siempre, todo, aunque la obra quedara inconclusa .
En efecto, determinaron los fiscales, y a diferencia de lo que ocurrió con otras empresas abocadas a la obra pública en distintos puntos del país, el holding de Báez liderado por Austral Construcciones fue el único que llegó a diciembre de 2015 sin acreencias con el Estado nacional. Por el contrario, poco antes de marcharse, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner le abonó 537 millones por obras que jamás terminó .
¿A cuánto habría ascendido la defraudación contra las arcas públicas? Difícil saberlo, aunque el fiscal Pollicita estimó en su dictamen que el emporio de Lázaro Báez recibió 8 mil millones, cifra que actualizada a 2016 trepaba a 46 mil millones. Es decir, alrededor de 3 mil 000 millones de dólares al tipo de cambio vigente a fines de ese año. Según el tribunal oral, el monto superaría ahora los 84 mil 000 millones de dólares.
La otra pregunta que debieron responder los fiscales para convencer al tribunal oral fue quiénes protagonizaron estas maniobras desde las entrañas del Estado. Y allí es donde tanto Pollicita como Luciani determinaron que la matriz excedía a un puñado de empleados infieles dentro de Vialidad Nacional o, incluso, del Ministerio de Planificación Federal que lideraba Julio de Vido, a quien el tribunal absolvió. Pero los magistrados sí concluyeron que el eslabón decisivo estuvo en la Casa Rosada.
“Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez”, explicó Luciani. “El Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos de necesidad y urgencia, de decisiones administrativas, de permanente modificaciones, de ampliaciones o compensaciones de partidas cuantiosos fondos a las empresas de Báez. El control interno se caracterizó por la absoluta ineficiencia”.
Desde el Ministerio Público Fiscal también reconstruyeron que los funcionarios que durante años estuvieron a cargo de la obra pública eran de máxima confianza de la familia Kirchner. Muchos de ellos, incluso, habían ocupado cargos en Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner, vinieron con él a Buenos Aires en 2003 y que muchos de ellos permanecieron en sus cargos hasta el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Entre ellos, el titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. En palabras de Pollicita, fue una “matriz” santacruceña que se “exportó” a Buenos Aires .
Esos funcionarios fueron, a su vez, eslabones entre Báez y la cúspide del poder, según la Fiscalía, que se apoyó para probarlo en los mensajes telefónicos que López intercambió con Báez, con Máximo Kirchner –que por entonces no ocupaba cargo público o electivo alguno- y con varios funcionarios. Esos “chats” aportaron detalles sobre reuniones suyas con la entonces Presidenta en la Quinta de Olivos y de ella con Báez en Santa Cruz. Pero también quedaron expuestos los intercambios de López con el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, para coordinar el cierre de las empresas.
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“Lázaro Báez era Néstor Kirchner”
“Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Nos sorprendió que esta nunca hubiera salido a la luz”, esgrimió Luciani, durante su acusación. “Analizamos 26 mil mensajes. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández”.
Para Luciani, el siguiente paso fue describir el esquema completo de la matriz de corrupción. Invocó, para eso, a la sociedad Hotesur, controlante del Alto Calafate, el hotel de la entonces familia presidencial en El Calafate, y a la sociedad “Los Sauces”, con la que los Kirchner gestionan el alquiler de sus inmuebles. En esa operatoria, ya había alertado el fiscal Pollicita, años atrás, los Kirchner contaron también con la asistencia de Cristóbal López, Fabián de Sousa y Osvaldo Sanfelice, entre otros. Y según Luciani, el primer objetivo era girar a Báez dinero de la obra pública vial para luego “apropiarse de dichos fondos, a través de distintos mecanismos con el fin de disimular su apariencia ilícita”.
Sólo así, desde su totalidad, concluyeron los fiscales, y ahora refrendó el tribunal oral, se comprende la operatoria criminal que comenzó en Santa Cruz hace casi dos décadas. Cristina Fernández de Kirchner y un puñado de funcionarios defraudaron al Estado para de ese modo beneficiar a Báez, el amigo.
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