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San José.- Luego de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), última insurgencia comunista de América, secuestró y liberó al padre de un futbolista colombiano, el gobierno de Colombia propuso un virtual premio para esa fuerza armada ilegal e irregular: crear un subsidio para resolverle sus problemas financieros a cambio de que desista de la práctica terrorista del secuestro.
“¿De qué van a vivir (los guerrilleros del ELN)?”, planteó el ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, el jueves anterior tras la liberación del colombiano Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, del equipo Liverpool, de la Liga Premier, de Inglaterra.
Díaz fue secuestrado el 28 de octubre por el ELN en el nororiental departamento (estado) colombiano de La Guajira. Sano y salvo, Díaz fue liberado este 9 de noviembre por los rebeldes por la masiva presión social y política sobre esa guerrilla, cuyo comando central vive en Cuba al amparo del régimen comunista cubano.
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“Ya no es excusa el secuestro y como ya no es excusa, tenemos que llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución para… ¿de qué van a vivir (los miembros del ELN)?”, dijo el ministro a la prensa colombiana.
“Muy seguramente la comunidad internacional nos podrá ayudar, pero hay que encontrar esa solución. Es probable”, alegó.
“Hay que buscarle una salida, porque lo ideal es que se acabe esto. Yo entiendo la indignación de los colombianos (por los secuestros), pero también quiero señalar algo. Gracias a que hay una mesa de negociación (con el ELN) se pudo hacer rápidamente un reconocimiento de una responsabilidad de un delito terrible (el secuestro de Díaz), pero también se pudo resolver”, aclaró.
Al advertir que “no queremos resolver solo lo del padre” de Díaz, reconoció: “Es que el secuestro es de todos los colombianos y si el ELN tiene otros secuestrados, que evidentemente los debe tener, pues tenemos que resolver también eso”.
La comitiva del gobierno en las gestiones de paz con el ELN puso en duda este viernes en un comunicado la justificación de esa guerrilla de que el secuestro “es parte de su financiación” y respondió que “es insostenible argumentar, desde un punto de vista ético, que comerciar con seres humanos es lícito, aun bajo las condiciones de un conflicto armado”.
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Rechazo total
La propuesta del ministro fue rechazada por el abogado colombiano Carlos Camargo, jerarca de la (estatal) Defensoría del Pueblo de Colombia.
“Solamente había pasado un par de horas de la liberación (de) Díaz cuando el ministro del Interior dijo que se debe buscar una solución para financiar al ELN. Es una declaración inapropiada”, advirtió Camargo, en una declaración que envió a EL UNIVERSAL.
“Hacerlo sería avalar ‘un subsidio al secuestro’ en el país. Por eso, los colombianos deben convocarse para exigirle al gobierno nacional que no permita un exabrupto de tal naturaleza”, recalcó.
Pero el comandante guerrillero colombiano con seudónimo de guerra de Antonio García’, máximo cabecilla del ELN, rechazó el pedido del gobierno colombiano de liberar a todos los secuestrados y de renunciar a seguir ejecutando secuestros.
En contundentes declaraciones en su cuenta de X (antes Twitter), García alertó que “el ELN no aceptará imposiciones ni chantajes. Que no se hagan ilusiones”.
“Con la liberación” de Díaz, prosiguió, “el ELN cumplió con la familia” y con el jugador.
En un mensaje que medios periodísticos colombianos divulgaron el 4 de este mes, García aceptó que el secuestro del padre del deportista fue “un error”.
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Decenas en cautiverio
Los recuentos de secuestros son contradictorios. Las Fuerzas Militares de Colombia establecieron que en 2023 fueron reportados 241 secuestros, con 31 atribuidos al ELN.
Camargo reportó este jueves, cuando Díaz quedó libre, que “nuestro más reciente informe da cuenta de que este año han sido secuestradas 79 personas en Colombia” y 160 de enero del 2022 a septiembre del 2023.
Del total, 121 regresaron a la libertad, por lo que “aún habría 39 mujeres y hombres en cautiverio. Sus familias necesitan saber dónde están, pero, lo más importante, lo que necesitan es el inmediato regreso a la libertad de sus seres queridos”, exigió.
“Son decenas de familias las que, en un abatimiento permanente, las esperan en sus hogares. Libérenlas”, clamó.
Camargo se abstuvo de identificar a las agrupaciones secuestradoras.
Al reafirmar que el gobierno “debe sostenerse” en que exigirá al ELN “liberar a las personas que tiene en cautiverio”, ratificó: “No más secuestros, un método execrable de economía ilícita, el cual desfigura la condición humana”.
“Los ilegales deben sentarse a la mesa, dejando a un lado su ‘argumento’ basado en que necesitan financiarse a través de los secuestros, situación que socava a todas luces los derechos humanos. Pero también deben renunciar a la práctica de la extorsión”, reiteró.
Con un “sombrío” panorama en secuestros, Colombia necesita compromisos claros para que “uno de los ejes centrales de conversación en la mesa con cualquier grupo, no solo con el ELN (…) es el abandono del secuestro”, enfatizó.
Colombia está poblada por gran cantidad de grupos mezclados de la delincuencia organizada—insurgentes del ELN, narcotraficantes, bandas criminales, disidentes de las guerrillas disueltas, paramilitares y delincuentes comunes—que practican el secuestro en su lucha por dominar territorios y negocios, como el contrabando de drogas o de personas (“coyotes”).
Agencias antidroga de Colombia confirmaron repetidamente que, aparte de repetir su modalidad de secuestro, el ELN tiene estrechos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las más poderosas mafias mexicanas del narcotráfico internacional, como proveedor de cocaína.
El ELN, que rechazó el calificativo que Estados Unidos le hizo en 2001 de ser una fuerza terrorista global y negó estar involucrado en narcotráfico, logró un éxito cuando el gobierno colombiano, en una ronda de reuniones en México en febrero y marzo pasados, le concedió rango “jurídico legal” de “organización política armada rebelde. La Unión Europea (UE) lo catalogó en 2004 como terrorista.
Daño político
El caso del padre del futbolista, que tuvo repercusiones mundiales y generó un intenso repudio interno y externo al ELN por seguir acudiendo al secuestro como una de las prácticas que utilizó repetidamente tras su fundación en 1964, podría perjudicar el proceso de paz con el gobierno del presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro.
Tras 59 años y cuatro meses de fundado con la proclama de “Ni un paso atrás, liberación o muerte” para alzarse en armas en 1964 y 58 años y 10 meses de su primer operativo bélico en 1965, el ELN inició el 3 de agosto anterior un cese del fuego bilateral de 180 días que sería vital para la paz total de Colombia y marcar el final de las insurgencias izquierdistas en América. El ELN nació inspirado en el triunfo en 1959 de la revolución cubana.
García argumentó que “no existe ningún acuerdo en la Mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales” y cuestionó a Petro: “¿Y El Gobierno cómo va a responder por las violaciones del cese el fuego? ¿Se seguirán haciendo los locos?”.
El politólogo colombiano Otty Patiño, jefe de la delegación de paz de Petro con el ELN, declaró este viernes a la agencia internacional de noticias The Associated Press (AP) que el gobierno conoce 24 denuncias de secuestros del ELN desde el 3 de agosto, cuando empezó el alto a las hostilidades, y que 19 son “posiblemente ciertas”.
No obstante, Patiño admitió desconocer el número exacto de personas secuestradas antes de esa fecha por la guerrilla y reconoció que el gobierno supuso que el fin de los secuestros quedó pactado de hecho con el acuerdo de parar las acciones bélicas ofensivas con las reglas del derecho internacional humanitario. La agencia AP indicó que el ELN “no lo interpretó de la misma manera”.
El cese del fuego que el ELN pactó con el gobierno colombiano, por el que ambas partes se comprometen a detener sus operaciones ofensivas, tiene al 29 de enero de 2024 como fecha de cierre, con opción de prolongarlo.
El pacto fue suscrito en Cuba en conversaciones del 2 de mayo al 9 de junio de este año y fue precedido por pláticas en México (febrero y marzo de 2023) y Venezuela (noviembre de 2022), tras reanudarse en octubre del año anterior luego de diálogos y rupturas entre 2017 y 2022 y contactos iniciales en 2016.
México, Cuba, Noruega, Venezuela, Brasil y Chile actúan como países garantes y Alemania, Suecia, Suiza y España son países acompañantes de la negociación.
Un nuevo ciclo debería realizarse este mes o en diciembre próximo, pero el polémico secuestro de Díaz impactó directamente en la mesa de negociación y su futuro está a debate.
Debate añejo
El abogado y socio—economista colombiano Rafael Nieto, exviceministro del Interior y de Justicia de Colombia, recordó que “la discusión” sobre el financiamiento del ELN “es vieja”, ya que se remonta a negociaciones de 1998.
“En ese año se comprometieron, como gran concesión, a no secuestrar a mayores de sesenta ni a embarazadas. Yo creo que cualquier cesión en este punto es abiertamente violatoria al derecho internacional humanitario, que establece inequívocamente que está prohibido secuestrar, tomar rehenes, sin importar quienes sean las víctimas”, adujo Nieto a EL UNIVERSAL.
“Por supuesto, es jurídica y éticamente inaceptable pagar por no secuestrar. Sería como un pago general y anticipado que haríamos todos los colombianos para que no nos secuestren”, reprochó, tras sugerir que “financiar” al ELN solo tendría “sentido” si sus combatientes ya estuvieran “concentrados y en proceso de desmovilización”.
Golpe al diálogo
Por lo ocurrido con Díaz, “el proceso queda muy afectado, en particular en términos del respaldo ciudadano y político a esa negociación”, subrayó el economista colombiano Jorge Restrepo, director del (no estatal) Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), de Bogotá.
Paralelo a ese apoyo “mayoritario como mostraban todas las encuestas”, también se registró “un altísimo nivel de desconfianza frente al cumplimiento por parte del ELN”, indicó Restrepo a este diario.
“El caso (de Díaz) revela que el ELN es una guerrilla secuestradora, que no logra abandonar el secuestro y que todavía encuentra justificable esa forma repudiable de violencia”, destacó.
“Esto fortalece la posición negociadora del gobierno. Si la usa bien, el gobierno podría fortalecer su posición si introduce una condicionalidad de que no puede seguir el proceso (de diálogo) si el ELN no renuncia al secuestro y libera a los secuestrados que están en su poder”, anticipó.
Esa maniobra, sugirió, “puede llegar a darle un empujón que avance significativamente el proceso para que el ELN abandone esa forma de violencia. El gobierno lo puede hacer en este momento porque se ha alcanzado un cese al fuego bilateral, que ha sido cumplido de manera parcial pero que ha reducido significativamente la violencia del ELN”, recordó.
También se está desarrollando un mecanismo de participación ciudadana “en muchos lugares de Colombia, que fue una exigencia del ELN. Suspender el cese del fuego y suspender esa participación ciudadana sería tremendamente costoso para el ELN. Por eso digo que aquí… hay una gran oportunidad”, describió.
La paz todavía es parcial en Colombia. En diciembre de 2016, y luego de cuatro años de negociación en Cuba, el gobierno del entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y la ahora disuelta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sublevadas desde 1964, firmaron un acuerdo de paz que, con avances y retrocesos, permitió silenciar los fusiles.
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