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El Congreso de Guatemala elegirá a los nuevos magistrados de la Corte Suprema a partir de la próxima semana, en un proceso crucial para la lucha anticorrupción en este país cuyo poder judicial está "secuestrado por las mafias", según el presidente Bernardo Arévalo.
Las alarmas se encendieron por denuncias de interferencia del llamado "Pacto de Corruptos", la supuesta red de políticos, fiscales, jueces y poderosos empresarios que, desde las sombras, manejan los hilos del poder desde hace años en el país.
Cinco claves del relevante proceso
1.- Los nuevos 13 miembros de la Corte Suprema y más de 300 jueces de las cortes de apelaciones para el periodo 2024-2029 deben ser elegidos por el parlamento antes del 13 de octubre.
En esta elección "se está jugando la democracia en Guatemala, porque se está jugando la independencia judicial", afirma la abogada mexicana Ana Delgadillo, integrante de un panel de expertos internacionales que monitorea el proceso.
El sistema judicial se "deterioró al punto que ahora está al servicio de los políticos involucrados en redes criminales y de corrupción", dice a la AFP la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra.
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Guatemala ocupa el puesto 30 en el ranking de corrupción de la ONG Transparencia Internacional, de 180 países.
Según Arévalo y diversas oenegés, el rostro más visible del "Pacto de Corruptos" es la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.
2.- La elección tendrá lugar en medio de esfuerzos de la fiscalía para sacar a Arévalo del poder. Varias acciones de la fiscal Porras contra el mandatario socialdemócrata han sido avaladas por la Corte Suprema saliente.
El coordinador del colectivo Alianza por las Reformas, Juan Pablo Muñoz, señala que el "Pacto de Corruptos" trata de "recuperar esa fuente de riqueza, de plazas [empleos] fantasmas, de contratos anómalos".
"Para el gobierno sería un factor de estabilidad que en la Corte Suprema de Justicia haya personas que no se presten al juego golpista" de Porras, indica Ibarra.
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3.- El deterioro en el sistema judicial se agudizó bajo los gobiernos derechistas de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), según Ibarra.
Los reflectores de la comunidad internacional están puestos en este proceso, pero los observadores consideran que los "poderes fácticos" pelearán para mantener su influencia en el poder judicial.
"Lo que estamos viendo es una lucha de estos poderes fácticos. Perdieron al Ejecutivo, pero no quieren perder el Poder Judicial", afirmó la excanciller chilena Antonia Urrejola, quien también integra el panel de expertos internacionales.
En un informe preliminar presentado la semana pasada, el panel expresó su "preocupación" por indicios de "negociaciones paralelas por parte de actores económico-políticos corruptos" para favorecer a aspirantes ligados a ellos.
"Es necesario un rescate y tiene que empezar ya", afirma Ibarra.
4.- Entre los aspirantes hay funcionarios sancionados por "corruptos" por Washington y la Unión Europea, como el fiscal Rafael Curruchiche, quien ha llevado adelante causas contra Arévalo y los críticos de Giammattei.
Además, buscan la reelección 12 de los 13 actuales magistrados de la Corte Suprema, quienes regularmente han fallado a favor de Porras.
También postula a las cortes de apelaciones el marido de Porras, Gilberto Porres.
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"Que haya postulantes sancionados internacionalmente por sus acciones antidemocráticas y corruptas, y que estén postulando a las altas magistraturas, parece inconcebible", afirma Urrejola.
Ibarra considera que la intención de la fiscal Porras es "colonizar" el poder judicial para "consolidar" la persecución a sus enemigos y favorecer a "acusados de corrupción de gobiernos pasados".
Arévalo llamó a elegir a profesionales comprometidos con la justicia para impedir que el poder judicial siga capturado "por intereses corruptos".
5.- El Congreso, dominado por la oposición, debe escoger a los nuevos magistrados de unas nóminas de aspirantes preparadas por una comisión de académicos, jueces y abogados.
La bancada del partido Semilla de Arévalo ha sufrido reveses en el Congreso, pero en las últimas semanas ha logrado consensos con fuerzas opositoras en algunos temas, entre ellos el presupuestario.
La anterior elección de magistrados se entrampó en 2019, luego de que se denunciara que un influyente operador político había manipulado las nóminas de elegibles.
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Por este motivo, la Corte Suprema funcionó durante cuatro años, hasta noviembre de 2023, con magistrados con mandato vencido.
sg/mcc
