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La Haya.— La Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó ayer que Israel está obligado a garantizar las necesidades básicas de la población de Gaza y no debe utilizar el hambre como “método de guerra”, a la vez que concluyó que el gobierno israelí no ha probado los vínculos que alega existen entre la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNWRA) con Hamas.
Naciones Unidas (ONU) solicitó al tribunal, con sede en La Haya, que aclarara las obligaciones de Israel, como potencia ocupante, ante la organización y otros organismos.
Esta opinión emitida por el tribunal no es jurídicamente vinculante, pero la corte considera que tiene “gran peso jurídico y autoridad moral”.
“Como potencia ocupante, Israel está obligado a garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia”, declaró el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa. El magistrado de la CIJ afirmó que Israel “no ha fundamentado sus acusaciones de que una parte significativa de los empleados de la UNRWA son miembros de Hamas (...) o de otras facciones terroristas”.
Israel prohibió a la UNRWA operar en territorio israelí tras acusar a algunos de sus empleados de haber participado en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza.
“La Corte considera que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades, incluida la UNRWA”, afirmó Iwasawa. El tribunal recordó que Israel además tiene la obligación de “no utilizar el hambre de la población civil como método de guerra”.
La CIJ rechazó el argumento israelí de que la UNRWA perdió su carácter neutral. Señaló que la investigación interna de la ONU que derivó en el despido de nueve empleados sospechosos de haber participado en los ataques del 7 de octubre de 2023 “no basta para concluir que la agencia, en su conjunto, no sea una organización neutral”.
Israel no participó en las audiencias. Su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, las había calificado como “parte de una persecución sistemática y deslegitimación de Israel”. Ayer, tras la difusión de la opinión de la corte, el portavoz de la cancillería israelí, Oren Marmorstein, la rechazó como un intento más de “imponer medidas políticas contra Israel usando el pretexto del ‘derecho internacional’”.
El fallo se da a conocer en momentos en que la tregua entre Israel y Hamas pasa por tiempos difíciles, con el gobierno israelí reclamando que la organización ha incumplido el acuerdo, al no entregar todos los cuerpos de rehenes en su poder. Hamas ha entregado los restos de 15 rehenes, de un total de 28, pero afirma que es difícil encontrarlos, en medio de la devastación que dejaron los ataques de Israel.
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien se encuentra en Israel, defendió el plan del gobierno de Trump para desarmar a Hamas y reconstruir Gaza.
Vance expresó su “gran optimismo” respecto al mantenimiento de la tregua en Gaza, a pesar de la violencia del fin de semana. Al mismo tiempo, intentó calmar las preocupaciones que han surgido en Israel de que la administración Trump está dictando términos a su aliado más cercano en la región.
“No queremos en Israel un Estado vasallo, y eso no es lo que es Israel. Queremos una asociación, queremos un aliado”, afirmó Vance junto al primer ministro Benjamin Netan- yahu, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si Israel se estaba convirtiendo en un “protectorado” de EU. Netanyahu calificó el señalamiento de que es un protectorado como un “disparate”. El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, viajó ayer a Israel para impulsar el plan de paz.
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