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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incrementó ayer la presión internacional sobre Nicolás Maduro con la presentación de un informe sobre Venezuela en el que denunció un “alarmante” deterioro de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos, y lo urge a restablecer inmediatamente un orden constitucional. Además, pidió a los países vecinos de la nación caribeña “solidaridad” ante el éxodo de venezolanos.
El informe Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela es el tercero de la CIDH sobre la nación petrolera y “se relaciona con el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en 2017”.
La CIDH da 76 recomendaciones en el reporte de 267 páginas y entre ellas resalta el llamado al gobierno de Maduro a “restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación”.
Las estadísticas muestran “un panorama mucho más alarmante”, dijo la CIDH, al asegurar que en 2014 “48% de hogares se encontraba en condición de pobreza; en 2015, la cifra se elevó a 73%; y en 2016 alcanzó 81.8%. De ese total, 51.51% estaba en situación de extrema pobreza”.
“Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos”, proclamó el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren.
“Es urgente que el Estado de Venezuela asuma y reconozca la gravedad de la situación que existe en el país, que atienda las recomendaciones realizadas en este informe y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional, que buscan atender la satisfacción básica de las necesidades de la población”, añadió.
En el análisis la CIDH sostiene que la institucionalidad democrática de Venezuela fue deteriorándose en los últimos 15 años, hasta llegar en 2017 a producirse “la alteración del orden constitucional”, en la que apunta como determinante la falta de independencia del Poder Judicial.
Se refiere a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que quitó poderes a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, por la Asamblea Nacional Constituyente que impulsó Maduro.
La CIDH señala “actos de criminalización, detenciones arbitrarias e incluso, la afectación de derechos a la vida e integridad personal” contra miembros de partidos de la oposición, que el año pasado alcanzaron niveles “nunca antes vistos”.
“Los referidos actos muestran un desprecio por el Estado Democrático de Derecho y valores consustanciales a este, como el pluralismo político, el respeto por la dignidad de la persona humana y el principio de la legalidad en la actuación estatal que brinda su propia Constitución”, sostiene el documento.
La CIDH dijo que en noviembre le presentó al Estado las conclusiones, a lo que respondió en diciembre que considera que presenta “una visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela”.
La comisión también hizo un llamado también a la comunidad internacional, principalmente en Latinoamérica, para mostrar “solidaridad para acoger a los hermanos y hermanas latinoamericanos en problemas”, instó Eguiguren.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, recordó que los países que reciben a quienes huyen de la crisis en Venezuela tienen “obligaciones” con ellos contraídas en el ámbito internacional y deben protegerlos. Pidió, además, la elaboración de “medidas de asistencia humanitaria” y “políticas contra la discriminación y la xenofobia”.
