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La justicia chilena interroga este viernes de forma virtual al encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori para decidir si permite ampliar su extradición y que sea juzgado por su presunta responsabilidad en miles de esterilizaciones forzadas a mujeres pobres durante su mandato en la década de 1990.
El juicio contra Fujimori en Perú por este caso comenzó en 2021, pero está suspendido a la espera de que Chile otorgue un permiso para juzgarlo por esta acusación, que evaluará su presunta autoría mediata en las lesiones que ocasionaron la muerte a cinco mujeres y en las lesiones graves sufridas por otras mil 301 que fueron esterilizadas contra su voluntad.
El proceso judicial en Perú incluye a tres exministros de Salud durante el mandato de Fujimori, entre 1990 y 2000.
Fujimori está preso en una cárcel para presidentes en Lima luego de su extradición desde Chile en 2007. La justicia de ese país autorizó que Perú lo juzgue por otros casos, incluyendo violaciones a los derechos humanos y corrupción.
El exmandatario se fugó en 2000 a Japón acosado por escándalos de corrupción y llegó a Chile en 2005, donde fue capturado y extraditado a su país.
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Esterilizaciones forzadas en Perú, estrategia para disminuir la pobreza
El caso de las esterilizaciones forzadas es uno de las más emblemáticos de Perú, donde, a finales del siglo XX, el poder político buscó frenar la natalidad de los más humildes y los indígenas sin reparar en sus derechos, y como una estrategia para disminuir la pobreza del país, según el Ministerio Público.
Las mujeres esterilizadas lucharon durante dos décadas para que la Fiscalía denunciase al expresidente. La investigación preliminar de los fiscales sufrió varios intentos de archivo en 2009, 2014, 2016 y 2018, de acuerdo con defensores de las víctimas.
En marzo de 2021, casi un cuarto de siglo después de los hechos, un fiscal, en representación de las de más de mil 300 esterilizadas a la fuerza, denunció a Fujimori y a sus exministros de Salud.
El proceso judicial avanzó tan lento que el juez demoró casi tres meses en leer su decisión, en medio de audiencias interrumpidas o postergadas mientras el juzgado alegaba que el retraso se debía a que tenía otros procesos que le impedían avanzar con rapidez.
Pablo Espinoza, el fiscal que denunció al exmandatario hace dos años, dijo que el gobierno de Fujimori se había focalizado en esterilizar a las más pobres.
“No hay agraviadas de otros sectores sociales”, indicó añadiendo que, entre 1996 y 2000, se organizaron innumerables “festivales de salud” en pueblos remotos que incluían fuegos artificiales y bandas de música para atraer a mujeres y luego, mediante engaños y coerción, esterilizarlas sin consentimiento informado.
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Según Espinoza, la política ordenada por el gobierno de Fujimori también premiaba con tres boletos de viaje a los funcionarios sanitarios que acumulaban más esterilizaciones, pero también los amenazaban con el despido si no lograban los objetivos.
De acuerdo con la fiscalía, se realizaron 273 mil 684 esterilizaciones y se produjeron mil 599 complicaciones.
Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por su autoría mediata en los asesinatos de 25 peruanos, incluyendo a un niño de 8 años, a manos de un grupo clandestino de militares. Tiene otras tres condenas, dos de ellas por corrupción.
Por dos décadas, las activistas que denuncian las esterilizaciones a la fuerza se han manifestado con faldas y muslos manchados con tinta roja, o mostrando dibujos de trompas de falopio ensangrentadas.
En este tiempo, presidentes de todo el espectro político han dado la espalda a las activistas, incluyendo Pedro Castillo (2021-2022), quien recordó que su familia campesina sufrió esterilizaciones. Dina Boluarte, quien sucedió a Castillo tras su destitución en diciembre, no se ha pronunciado.
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mcc
