Nueva York.— Investigadores federales ejecutaron ayer órdenes de registro en la oficina y la casa de Rudy Giuliani en Manhattan, e incautaron computadoras y teléfonos, como parte de la pesquisa del Departamento de Justicia sobre los negocios del exabogado personal del expresidente Donald Trump.
Giuliani, de 76 años y exalcalde de la ciudad de Nueva York que en su momento fue elogiado por su liderazgo tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, ha estado bajo la lupa de las autoridades federales por varios años debido a sus vínculos con Ucrania. Los allanamientos representan el mayor indicio a la fecha de la posibilidad de cargos federales.
Los investigadores ejecutaron los registros en la casa de Giuliani en la avenida Madison y en su oficina en Park Avenue, informaron a The Associated Press personas al tanto de la pesquisa. Las órdenes de allanamiento, que requieren de la aprobación de altos mandos del Departamento de Justicia, significan que los fiscales creen que existe causa probable de que Giuliani cometió un delito federal, aunque no son garantía de que se presenten cargos.
También se ejecutó una tercera orden por un teléfono perteneciente a la abogada Victoria Toensing de Washing- ton, quien trabajó como fiscal federal y es aliada cercana de Giuliani y Trump. Su despacho emitió un comunicado en el que indicó que fue informada de que no es blanco de la investigación.
Según el diario The New York Times, que cita fuentes anónimas, durante los cateos se confiscaron “dispositivos electrónicos”, sobre todo teléfonos, en una cantidad no precisada. En la puerta de la casa de su padre, Andrew Giuliani consideró el allanamiento “extremadamente perturbador”, “asqueroso”, “absolutamente absurdo”, y acusó al Departamento de Justicia de haber actuado por razones políticas.
La extensión completa de la investigación no está clara, pero por lo menos involucra parcialmente los acuerdos de Ucrania, informaron a la AP funcionarios policiales.
En un comunicado difundido a través de su abogado, Giuliani acusó a las autoridades federales de una “doble moral corrupta”, haciendo referencia a acusaciones en contra de demócratas de alto rango, y dijo que el Departamento de Justicia “pisoteaba los derechos constitucionales de cualquier persona involucrada, o que defiende legalmente, al expresidente Donald J. Trump”.
Los fiscales federales investigan desde hace meses las actividades de cabildeo de Giuliani en Ucrania, y más específicamente la posibilidad de que abogara en favor de funcionarios y empresarios ucranianos ante el gobierno de Trump en 2019, según varios medios. Los fiscales ya habían intentado bajo la administración Trump confiscar los teléfonos de Giuliani, pero altos funcionarios del Departamento de Justicia se opusieron, de acuerdo con varios medios de comunicación.
Dos hombres que trabajaron para Giuliani en Ucrania, Lev Parnas e Igor Fruman, también fueron acusados en Nueva York a fines de 2019 de violar las leyes de financiamiento de campañas. Se espera que su juicio comience en octubre. En enero fueron sancionados otros cuatro ucranianos que ayudaron a Giuliani en sus gestiones, acusándolos de injerencia electoral.
