Medellín.— La participación de exmilitares colombianos en operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, como la que se reveló hace unas semanas en Michoacán, no es un hecho aislado ni es accidental: “Se inscribe en una lógica de los conflictos internos y externos que ha sido progresivamente privatizada. Los orígenes de estos operativos y de estas modalidades del mercenarismo son estructurales, y no un asunto casual, coyuntural, de momento”. Así lo plantea el doctor Fernando Estrada Gallego, profesor e investigador de Economía Política de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga.
Aunque no hay cifras claras ni en el gobierno ni entre las Fuerzas Armadas, es creciente el fenómeno de la participación de exmilitares colombianos en conflictos internacionales, por ejemplo, en Irak, Afganistán y Sudán; en operativos como el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y se ha incrementado el número de exsoldados que trabajan con cárteles mexicanos.
Fernando Estrada, que también conoce la realidad mexicana, entre otras cosas porque realizó su doctorado en Políticas Públicas en la UNAM, considera necesario tomar en cuenta que en el mundo las acciones de conflicto y de violencia han entrado en un mercado laboral muy amplio de tercerización. Así, las fuerzas militares, al igual que los territorios y fronteras, son vistos como una mercancía global.
Adicional a este mercado global de seguridad armada, alerta que el exsoldado colombiano se enfrenta a un abandono de las instituciones en gran medida porque el Proceso de Paz no contempló una reintegración para los militares, por eso ese sentir de algunos de que “los soldados colombianos son expulsados de su propio país”.
En entrevista, Fernando Estrada se refiere a las características que hacen diferentes a los soldados de Colombia: “Desde las décadas de los 70 y los 80 fueron formados por los comandos militares que actuaron durante el auge de los movimientos revolucionarios en América Latina y se han ido convirtiendo en un activo estratégico para cárteles que operan como ejércitos en paralelo”.
Los soldados colombianos, abunda, están entrenados para combates irregulares, tienen capacidad para operaciones especiales y pueden dominar o tener control territorial. En ese sentido, compara los casos de Michoacán, que tiene una geografía irregular, montañosa, con el de zonas de combate en el conflicto interno de Colombia, como los del Caguán y del Catatumbo.
¿Qué se sabe acerca de cómo se producen estos reclutamientos? ¿Es muy oscuro?
—No es tan oscuro. Hay tres canales que están interconectados para el reclutamiento. Primero, están las agencias, que operan legalmente como de seguridad internacional y que, en muchos casos actúan como una fachada. Se registran en Panamá, Miami, Bucaramanga, Bogotá; son legales desde el punto de vista jurídico. Pero en ellas se camuflan actividades del mercado negro del mercenarismo; algunas son utilizadas para lavar dinero, facilitar operaciones de logística, custodiar cargamentos ilegales en alta mar o blanquear contratos internacionales.
Un segundo canal de reclutamiento son las redes informales que vinculan y reclutan; están formadas por oficiales que se retiran del ejército, contratistas o exagregados militares, y ellos facilitan la logística y la salida del país. El tercero son las estructuras criminales propiamente dichas; operan en regiones con presencia histórica que se vinculan a modalidades del crimen organizado que podrían ser el paramilitarismo, el narcotráfico o la minería ilegal.
En el caso de los cárteles internacionales, ¿cuál es su interés en particular por los exsoldados colombianos?
—Los cárteles no sólo reclutan fuerza bruta aquí, sino que reclutan inteligencia geográfica, conocimiento de las rutas, códigos de silencio. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha encontrado en soldados colombianos no sólo experiencia, sino también la frustración de haber sido descartados, en cierto modo, por el Estado que los formó. Porque muchas veces, cuando ese soldado sale del ejército siendo todavía joven, de 40 años aproximadamente, queda sin empleo y va a una sociedad que no lo reconoce y a regiones que carecen de alternativas legales.
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¿Qué ocurrió con otros ejércitos en América Latina, después de los procesos de paz?
—Si uno compara lo que sucedió en Centroamérica, uno encuentra diferencias importantes. En El Salvador y Guatemala la desmovilización de los ejércitos irregulares de las guerrillas produjo una masa de excombatientes sin empleo ni reconocimiento, muchos de los cuales fundaron o se integraron a pandillas como el MS-13, o Barrio 18, las Maras.
En Colombia, sin embargo, el Proceso de Paz fue más prolongado y mucho más complejo. Los guerrilleros reinsertados de las FARC fueron el foco de una reintegración institucional, pero los exmilitares, que participaron en actividades de contrainsurgencia durante los años 80 y 90, en cambio, fueron invisibilizados. Los Acuerdos de Paz del año 2016 fueron sin duda un avance de transición civil del país muy importante. Pero después de los Acuerdos se omitió a un actor fundamental: las Fuerzas Armadas; la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz] se centró en la verdad y la justicia, pero no abordó la reintegración ética, económica y profesional del soldado. Se produjo un vacío institucional que facilitó el mercado de la guerra privada. El Proceso de Paz llevó a una desnaturalización del conflicto en territorio, en algún sentido trajo la mentalidad de que ya había terminado todo. Pero no fue así. En el conflicto armado y en los territorios sucede lo mismo que en la naturaleza: no hay vacíos. Cualquier vacío puede ser cubierto por otro agente de conflicto.
La legislación como respuesta
Fernando Estrada, autor de artículos como Ley para prevenir el reclutamiento de mercenarios colombianos: ¿una buena idea?, publicado en Razón Pública, se refiere a esta propuesta de ley:
“Creo que cualquier legislación en este contexto siempre va a resultar insuficiente, porque los operativos y la historia misma del conflicto demuestran que cuando se privatiza el conflicto, se alimenta precisamente de vacíos legales. Un gobierno puede establecer leyes, prohibir la contratación de militares en el exterior, pero eso no va a detener un mercado de demanda internacional de fuerza bruta. Lo que se necesita es una política nacional de reintegración que incluya aspectos ético-morales de reconstrucción de la vida del soldado. Debe haber rutas de formación civil, incentivos laborales, un reconocimiento moral”.
Eso, explica, “nos recuerda que la política debe dirigir la guerra. Aquí la política ha abandonado a los soldados. El Estado debe entender que las causas del conflicto vienen originadas por una geografía del territorio, necesidades básicas, falta de empleo. El mercenarismo se alimenta de todo eso, porque en las regiones de Colombia para muchos jóvenes que terminan su bachillerato, las oportunidades básicamente provienen del mercado del delito, y ese mercado se sirve del poder simbólico: del guerrero, del hombre duro que tiene poder, del que puede camuflarse en un uniforme y ser respetado, del que posee un arma y toma distancia con respecto a los demás. Y eso, las normas, las leyes no lo corrigen. Maquiavelo insistía en que el mayor error de un Estado es no prever qué hacer con hombres en armas cuando cesa la guerra. El asunto no es a través de una ley o de un curso sobre derechos humanos; tiene que haber un país que reintegre al soldado como sujeto ético, como sujeto político, como humano”.