Miami. Detrás de la política de detención de migrantes de la administración del presidente estadounidense Donald Trump hay grandes ganadores: las corporaciones penitenciarias privadas, que obtienen millones con los contratos con el gobierno.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) dufundió documentos obtenidos a través de una demanda amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés) que evidencian los planes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para expandir significativamente su capacidad de detención de inmigrantes en al menos ocho estados de la Unión Americana. Estos estados incluyen a Michigan, California, Kansas, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Texas y Washington.
Los registros obtenidos muestran cómo las corporaciones penitenciarias privadas, como GEO Group y CoreCivic, entre otras, han presentado propuestas para satisfacer las solicitudes del ICE relacionadas con la expansión de los centros de detención.
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Los contratos con el ICE son una fuente crucial de ingresos para estas empresas. Por ejemplo, en 2022, GEO Group generó mil 50 millones de dólares en ingresos provenientes de contratos con ICE, lo que representó el 43.9% de su ingreso total. De manera similar, CoreCivic obtuvo 552.2 millones de dólares, lo que constituyó el 30% de sus ingresos totales.
La dependencia de los gobiernos estadounidenses respecto de estas empresas ha crecido al paso de los años. En la primera administración Trump (2017-2021), 81% de las personas detenidas cada día en enero de 2020 fueron recluidas en instalaciones pertenecientes a u operadas por corporaciones penitenciaras privadas, de acuerdo con la ACLU.
En julio de 2023, bajo la administración de Joe Biden, 90.8% de las personas detenidas cada día bajo custodia del ICE fueron enviadas a centros de detención propiedad de o gestionadas por empresas penitenciarias privadas.
Actualmente, GEO Group administra 102 instalaciones con capacidad para 82 mil camas, mientras que CoreCivic opera 65 instalaciones con más de 90 mil camas; son solo dos ejemplos de al menos 8 empresas que se dedican al mismo ramo. Estas cifras son el reflejo de un sistema que ha crecido exponencialmente.La sola noticia de que Trump había ganado las elecciones impulsó el valor de las acciones de CEO Group y CoreCivic, que se incrementaron casi 70% desde el 4 de noviembre de 2024, ante el optimismo de los inversionistas sobre el papel que estas empresas pueden jugar en la ampliación de los centros de detención y su participación operativa.
El crecimiento está directamente relacionado con las políticas de inmigración estrictas promovidas por Trump y las ganancias aseguradas a través de contratos con "mínimos garantizados", una cláusula que asegura ingresos para los contratistas, independientemente de si las camas en los centros están ocupadas o no.
“Este incentivo perverso le está diciendo a las compañías que tienen garantizados los pagos del gobierno federal, y esto no hace más que motivarlas aún más para expandir sus instalaciones sin preocuparse por la ocupación real, si tienen llena su prisión o no”, dice a EL UNIVERSAL la analista Jane Williams desde Washington DC.
Brianna Nofil, historiadora especializada en políticas migratorias, advierte que “se está ganando dinero en cada paso del proceso, desde la construcción de centros de detención hasta el transporte y la manutención de los inmigrantes. Las corporaciones no están diseñadas para rehabilitar o proteger a las personas, sino para maximizar las ganancias”.
Como antecedente, hay registros que muestran cómo durante la primera administración de Trump, el sistema de detención de inmigrantes se expandió en 50%, con la apertura de más de 40 nuevas instalaciones, muchas de ellas bajo contratos con empresas privadas. La expansión estuvo marcada por problemas que quedaron documentados, como condiciones deplorables, falta de personal y problemas de seguridad. Incluso instalaciones con antecedentes cuestionables recibieron contratos bajo la administración anterior de Trump.
Costo por detenido
El repetitivo anuncio de la administración de Donald Trump, que planea deportar a millones de inmigrantes durante su segundo mandato, ha disparado las expectativas de expansión. ICE está considerando agregar 110 mil camas adicionales en los nuevos centros de detención. Este incremento, calculado con un costo diario de 165 dólares (3 mil 355 pesos mexicanos) por detenido, podría generar ingresos adicionales de 6 mil 600 millones de dólares anuales para las empresas privadas involucradas.
Carlos Arango, presidente del Frente Nacional Migrante en Chicago, lo resume así: “Este sistema no se preocupa por las vidas humanas. Para ellos, cada inmigrante detenido es una línea más en sus reportes de ganancias trimestrales”.
Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, declaró recientemente a los medios que “este sistema no solo convierte la detención de inmigrantes en un negocio, sino que recompensa el abuso y la negligencia. Las empresas no pierden dinero, incluso cuando las condiciones en sus centros de detención son deplorables”.
Ha habido casos sonados de abusos en estos centros: en 2021, el Midwest Regional Reception Center en Kansas fue cerrado por esa razón, pero ahora se ha propuesto su reapertura bajo un nuevo contrato con ICE. Centros como el Desert View Annex en California han sido criticados por ofrecer atención médica insuficiente y por condiciones de vida que rozan la inhumanidad.
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Más negocios en paralelo
Además de las empresas que operan directamente los centros de detención de inmigrantes, existe una red de negocios paralelos que se benefician económicamente del sistema de detención en Estados Unidos. De acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas de los Estados Unidos (SICOP por sus siglas en inglés), estas empresas en paralelo a las que operan los centros de detención, podrían ingresar un monto aproximado de 5 mil millones de dólares durante el primer año de operaciones.
Empresas privadas son contratadas para trasladar a los inmigrantes desde los puntos de detención iniciales hasta los centros de detención o para deportaciones. Este servicio abarca desde el transporte terrestre hasta vuelos chárter para deportaciones masivas. Algunas aerolíneas comerciales también han sido utilizadas para estos fines, aunque en ocasiones han enfrentado críticas y protestas por su participación en el proceso.
También están los proveedores de alimentos y otros suministros esenciales. “Estos contratos también son de lo más lucrativos. Imagínate el volumen constante de personas que requieren alimentación y otros productos básicos”, señala Williams. “Y suma a las empresas y profesionales de la salud que son necesarios para los servicios médicos y de salud mental dentro de estos centros de detención”, subraya.
Dadas las características de este negocio y considerando que a muchos detenidos los dejan salir pero con restricciones, algunas empresas ofrecen servicios de monitoreo electrónico para inmigrantes que no están detenidos pero que están bajo supervisión. Esto incluye el uso de brazaletes electrónicos y otros dispositivos de seguimiento, representando otro sector lucrativo relacionado con la detención y supervisión de inmigrantes.
La vigilancia dentro y fuera de los centros de detención genera una enorme demanda de tecnología avanzada, incluyendo cámaras de seguridad, software de monitoreo y sistemas de reconocimiento facial. En concreto se trata de una amplia infraestructura para monitoreo remoto de inmigrantes mediante dispositivos electrónicos. Empresas de tecnología de vigilancia trabajan con ICE para ofrecer soluciones que permiten rastrear y supervisar a inmigrantes fuera de los centros, ampliando las capacidades de control más allá de las instalaciones físicas.
"Se gana mucho dinero en cada punto del proceso de detención y deportación a migrantes", dice Williams.
La representación legal no solo es otro punto básico para los detenidos: es indispensable para tratar de quedarse en Estados Unidos; sin embargo, muchos no califican para asistencia gratuita y recurren a servicios legales privados. Firmas de abogados y bufetes especializados en inmigración han visto un incremento en clientes que necesitan defenderse contra detenciones, deportaciones o solicitudes de asilo, lo que ha generado otro mercado lucrativo en torno a estos servicios.
Más negocio con menor presencia
Contratos de seguros masivos para centros de detención, cubriendo riesgos como demandas legales, daños estructurales o problemas de salud de los detenidos es otra área de oportunidad de negocio con los centros de detención para migrantes; agencias de empleo y recursos humanos que proporcionan el personal para los centros de detención, incluyendo guardias, personal médico, trabajadores de limpieza, técnicos…
Empresas que ofrecen programas de formación para guardias, operadores de vigilancia y personal de seguridad en centros de detención. Estas empresas venden cursos especializados a corporaciones penitenciarias y al gobierno.
Los centros de detención generan ingresos importantes para las empresas de telecomunicaciones que administran los sistemas de llamadas. Los detenidos y sus familias suelen pagar tarifas excesivas para mantenerse en contacto, y las compañías que proveen estos servicios obtienen márgenes de ganancia que raya en el abuso.
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Aunque en menor medida, empresas privadas ofrecen servicios psicológicos y de rehabilitación en centros de detención. Estos contratos suelen incluir atención limitada y a menudo generan críticas por ser insuficientes, pero representan otra área de ingresos vinculada al sistema.
Este entramado de negocios paralelos evidencia cómo la detención de inmigrantes en Estados Unidos ha generado una industria multifacética, donde múltiples actores se benefician económicamente de políticas migratorias estrictas y de la infraestructura de detención y deportación.
“Las políticas migratorias restrictivas han sido transformadas en una industria multimillonaria que prioriza las ganancias sobre los derechos humanos y que con las nuevas políticas de Trump se ampliaran notablemente sus ganancias” concluye Williams.