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Miami. El 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada, legendario cofundador del Cártel de Sinaloa, fue capturado de forma inesperada por agentes estadounidenses en la frontera entre México y Estados Unidos. Aquella tarde, al menos cuatro camionetas esperaban en la pista la llegada de un jet privado en el aeropuerto rural de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas. De la aeronave bajaron Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, y “El Mayo”, ‘el capo de capos’ mexicano.
La aprehensión, a cargo de equipos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), ocurrió sin un solo disparo y de inmediato fue proclamada en Washington DC como un golpe certero “al corazón” del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la detención dio pie a un torbellino de incógnitas, versiones encontradas y tensiones binacionales. En las horas posteriores al arresto, imágenes filtradas del operativo, incluyendo a Guzmán López estrechando la mano de los agentes de Estados Unidos, alimentaron sospechas sobre las circunstancias de la captura.
Las dudas se multiplicaron cuando el abogado de Zambada, Frank A. Pérez, afirmó que su cliente no se entregó voluntariamente, sino que fue secuestrado en territorio mexicano y llevado a la fuerza a Estados Unidos. En una carta difundida días después, El Mayo relató que había sido traicionado por Joaquín Guzmán López, su ahijado, quien lo citó con engaños a una reunión en las afueras de Culiacán supuestamente para mediar una disputa local, pero fue solo para emboscarlo con hombres armados.
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De acuerdo con fuentes del operativo, El Mayo fue engañado con la promesa de inspeccionar propiedades en la frontera. La maniobra, diseñada con precisión quirúrgica, evitó filtraciones y distracciones. Zambada tocó suelo estadounidense sin que sus protectores en México lo supieran. En cuestión de minutos, la DEA y el FBI ejecutaron uno de los mayores golpes a la estructura criminal mexicana.
La detención estremeció a Washington DC. Esa misma noche, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó la captura. El fiscal general Merrick Garland fue enfático al decir que “el fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestro país -Estados Unidos- haya enfrentado jamás, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y colaborador del cártel sea responsabilizado por envenenar nuestras comunidades”. Incluso el presidente estadounidense en funciones en ese momento, Joe Biden, felicitó a las agencias y reafirmó que la lucha contra el tráfico de drogas seguiría siendo una prioridad nacional.
Tras su captura en Nuevo México, El Mayo fue puesto de inmediato bajo custodia estadounidense y trasladado esa misma noche a El Paso, Texas, para enfrentar cargos federales. Al día siguiente (26 de julio de 2024), compareció por primera vez ante una corte federal del Distrito Oeste de Texas, en una audiencia inicial ante la jueza Kathleen Cardone. Con 76 años cumplidos, el legendario capo fue visto en silla de ruedas durante aquella presentación, lo que evidenciaba un deterioro en su salud. Mediante un intérprete, Zambada se declaró “no culpable” de los cargos iniciales levantados en Texas; siete en total, que incluían tráfico de drogas, portación de armas y asociación delictuosa; mientras sus abogados iniciaban maniobras para definir dónde se ventilaría el proceso principal.
El Departamento de Justicia, por su parte, movió rápido sus fichas; a los pocos días solicitó que el caso fuera transferido a Nueva York, donde existía ya una acusación robusta contra Zambada y se concentrarían todos los procesos pendientes contra él. Desde hace años figuraba como prófugo en al menos cinco cortes federales: había sido imputado en Washington D.C. (enero de 2003), en Chicago (Norte de Illinois, agosto de 2009), en el Oeste de Texas (abril de 2012), en el Sur de California (julio de 2014) y en Nueva York (Este de Nueva York, mayo de 2016). Todos esos expedientes lo acusaban de violaciones mayores a las leyes antidrogas de la Unión American; pero permanecían inconclusos ante la ausencia del acusado. Finalmente, con Zambada bajo custodia, las autoridades federales optaron por unificar los cargos en la Corte del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn; la misma donde fue juzgado El Chapo.
El 13 de septiembre de 2024, El Mayo fue trasladado a Nueva York y presentado ante el juez magistrado James Cho en la sala 11D de la corte de Brooklyn. Vestido con el uniforme caqui de preso y flanqueado por alguaciles federales, escuchó en silencio, mediante intérprete, la lectura de la acusación formal, esta vez de 17 cargos federales, que abarcan desde tráfico internacional de narcóticos (cocaína, metanfetaminas, heroína, marihuana y fentanilo) y participación en empresa criminal continua, hasta lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Por segunda ocasión, Zambada García se declaró “no culpable” de todos los cargos.
Pocos días después, el caso fue asignado al juez Brian M. Cogan, veterano magistrado neoyorquino conocido por haber presidido el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán (condenado a cadena perpetua en 2019) y, más recientemente, el juicio al exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Cogan citó la primera conferencia de estatus del proceso para el 17 de octubre de 2024, adelantando la fecha a solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, encabezada por el fiscal Breon S. Peace; quien pidió adelantar la audiencia programada con el argumento de conflictos de agenda, a lo cual el juez accedió.
Paradójicamente, esa cita ocurrió apenas 24 horas después de que el mismo juez Cogan dictara sentencia contra García Luna, en una coincidencia que resaltó el carácter histórico de tener a un exfuncionario mexicano y a un líder narco como Zambada enfrentando justicia casi simultáneamente en Brooklyn. En la audiencia de octubre, Cogan advirtió un elemento extraordinario en el caso de El Mayo, dado que la acusación incluía el tráfico de fentanilo, responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en la Unión Americana, los fiscales podrían llegar a solicitar la pena de muerte en caso de lograr una condena. Esto pese a que Nueva York abolió la pena capital en 2004; se trata de un juicio federal y la ley estadounidense prevé la pena máxima para ciertos delitos graves como asesinatos múltiples o actos equiparables al terrorismo.
El juez Cogan subrayó que la decisión de buscar o no la pena capital recaería en el Departamento de Justicia estadounidense, según la gravedad que atribuya al rol de Zambada en la epidemia de opioides. Pero, además, la acusación actualizada en febrero de 2025 incorporó explícitamente el cargo de narco-terrorismo por tráfico de fentanilo, siendo la primera vez que a Zambada se le imputa formalmente por esta sustancia letal. Con ello, el expediente neoyorquino se convirtió en el más completo y severo de todos los que colgaban sobre su nombre.
Durante la audiencia, la fiscalía del Distrito Este de Nueva York reveló la magnitud del imperio dirigido por Zambada. Desde los años 80, había introducido “decenas de miles de libras” de drogas en territorio estadounidense, supervisando personalmente una red global de contrabando. Para proteger esa red, desplegó sicarios y sobornó a funcionarios en ambos lados de la frontera. “Se sentó en la cima del mundo del narcotráfico durante décadas mediante violencia extrema y corrupción desenfrenada”, sostuvo el fiscal Francisco J. Navarro, asegurando que El Mayo comandaba un “ejército” letal y silencioso.
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El triunfo de Donald Trump en las elecciones de noviembre y su toma de posesión en enero complican la situación de El Mayo. Desde el primer día, dejó en claro que la guerra contra el narco sería su prioridad, y por eso designó a varios cárteles, incluyendo el de Sinaloa, como organizaciones terroristas extranjeras.
A mediados de enero, fiscales estadounidenses revelaron públicamente que estaban discutiendo un posible acuerdo de culpabilidad con Zambada para evitar llegar a juicio. La noticia fue confirmada en una audiencia en Brooklyn, donde el asistente del fiscal, Francisco Navarro, informó al juez que se habían entablado conversaciones preliminares con la defensa en busca de un arreglo. De cualquier manera, la Fiscalía que va contra Zambada dejó claro que un acuerdo de culpabilidad no implicaría automáticamente un acuerdo de cooperación. La perspectiva de que Zambada termine convirtiéndose en testigo colaborador para el gobierno estadounidense provocaría un nuevo terremoto.
