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Washington.— El gobierno de Estados Unidos empezó a cancelar servicios que ofrece a los menores indocumentados que tiene detenidos en la frontera, como clases de inglés o espacios de recreo. La justificación es que, con el enorme flujo de migrantes que llegan cada día, no pueden hacer frente a los costes de estas actividades, por lo que decidieron cortarlas de raíz.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de la administración estadounidense, encargada del bienestar de los migrantes detenidos una vez han pasado el primer proceso con las autoridades migratorias, confirmó en un comunicado que ha ordenado a la Oficina de Realojamiento de Refugiados (ORR) que cesen todas las actividades que “no sean directamente necesarias”.
“Hemos instruido que empiecen a retirar concesiones a actividades para menores no acompañados que no sean directamente necesarias para la protección de la vida y la seguridad, incluyendo servicios educativos, legales y recreativos”, dijo el portavoz Mark Weber.
Según el diario The Washington Post, las actividades canceladas incluyen clases de inglés, espacios de recreo para jugar al futbol y también asesoría legal.
La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, lleva semanas solicitando al Congreso más fondos para paliar una crisis que no han sabido capear, en parte por no atinar en adaptarse a la nueva demografía de los migrantes que llegan a su frontera sur: ya no son adultos varones, sino familias con menores.
Evelyn Stauffer, portavoz del HHS, declaró: “Necesitamos urgentemente más recursos para hacer frente a las necesidades humanitarias creadas por este influjo, tanto para mantener el bienestar crucial de los niños como para aumentar nuestra capacidad”.
La medida podría desafiar un acuerdo judicial federal que exige que los menores bajo custodia federal tengan acceso a educación y recreación, y HHS sólo la ha confirmado después de que el diario The Wa- shington Post accediera a documentos internos sobre el tema.
En su última solicitud para atacar una “crisis humanitaria” que ha llegado a su “punto de inflexión”, el gobierno está solicitando un presupuesto de emergencia de 2 mil 880 millones de dólares para crear más albergues de detención.
“Recursos adicionales son requeridos urgentemente para encontrarse con las necesidades humanitarias creadas por este influjo, tanto para sostener el bienestar infantil como para las operaciones de poner en libertad e incrementar capacidad”, añadió Weber.
En declaraciones al The Washing- ton Post, el abogado Carlos Holguin, luchador desde hace décadas en favor del bienestar de los menores detenidos, dudó de la legalidad de la acción. “Los veremos en las cortes si siguen adelante con eso. ¿Qué es lo siguiente?. ¿Beber agua? ¿Comida? ¿Dónde van a parar?”, se preguntó.
Según cifras del HHS, actualmente tiene en su custodia 13 mil 200 menores, número cercano a los máximos históricos. Unos niños que, desde que Trump llegó al poder, están bajo detención el doble de tiempo del que estaban habitualmente, muchas veces superando los límites que marca la legalidad vigente.
Por ley, los menores indocumentados que llegan apenas pueden pasar un máximo de 20 días en los centros de detención de las autoridades migratorias, y después pasan a albergues gestionados por el Departamento de Salud.
En ellos, la ORR “está obligada por ley a proporcionar cuidados a todos los menores no acompañados bajo su custodia mientras avanzan sus casos en los tribunales de inmigración y hasta que son entregados a sus tutores apropiados, normalmente un progenitor o un pariente cercano”, recordó la agencia. Este año, más de 40 mil 800 menores no acompañados han cruzado la frontera y han quedado bajo la custodia de la ORR, lo que supone un aumento de 57 % respecto al año pasado. Con información de agencias
