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Washington.— El estado de Nueva York anunció ayer que presentó una acción judicial contra la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) y su líder Wayne LaPierre por fraude financiero y conducta inapropiada, con el objetivo de disolver el grupo.
“La influencia de la NRA ha sido tan poderosa que la organización no fue controlada durante décadas, mientras los altos ejecutivos desviaban millones a sus propios bolsillos”, dijo la fiscal general del estado, Letitia James.
“La NRA está plagada de fraudes y abusos, por lo que hoy buscamos disolver la NRA, porque ninguna organización está por encima de la ley”, señaló.
Según la fiscal, LaPierre, que dirigió la NRA durante casi tres décadas, y otros tres altos funcionarios del grupo, usaron fondos y donaciones de miembros por años como su “alcancía personal”. Y gastaron decenas de millones de dólares en sí mismos y en cómplices violando las leyes que rigen a las organizaciones sin fines de lucro, indicó James.
Los cuatro “básicamente saquearon sus activos”, dijo la funcionaria, y dejaron prácticamente insolvente al grupo.
En un comunicado, la NRA acusó a James de realizar una demanda para “sumar puntos políticos” en vistas a los comicios en tres meses. “Este fue un ataque infundado y premeditado a nuestra organización y a las libertades de la Segunda Enmienda que lucha por defender”, dijo la presidenta de la NRA, Carolyn Meadows. Además, agregó que la NRA presentó una contrademanda acusando a James.
Durante décadas, la NRA ha representado a millones de propietarios y defensores de armas en todo Estados Unidos, luchando con un éxito sustancial para debilitar y eliminar leyes que impusieran controles, basándose en la Segunda Enmienda de la Constitución. En la política, la NRA respaldó a los candidatos que se alinearon con sus puntos de vista y golpeó a quienes apoyaron la regulación de las armas de fuego.
LaPierre se convirtió en uno de los principales hombres de poder en relación al tema en Washing- ton. Tuvo un papel importante en las elecciones de Donald Trump en 2016, y los hijos de Trump, Eric y Donald Jr, son miembros y participan regularmente en eventos de la NRA. Consultado sobre la demanda, Trump dijo en la Casa Blanca que era “algo terrible”. Y añadió: “Creo que la NRA debería mudarse a Texas y llevar una vida muy buena y hermosa”.
James dijo que LaPierre usó ilícitamente fondos de la NRA para pagar aviones privados para llevar a su familia a lujosas vacaciones en Las Bahamas, y transportar a otros parientes por el país.
Además, cargó a la NRA safaris por África y hasta su membresía personal de golf, algo que no estaba previsto oficialmente.
La presentación judicial indica que muchos de esos abusos eran avalados por los otros tres acusados, todos reclutados por LaPierre. Entre ellos, el extesorero de la NRA, Wilson Phillips, a quien se acusa de contratarse a sí mismo como consultor de la organización por 1.8 millones de dólares, y de ocultar decenas de millones en gastos para ejecutivos de la NRA, como los pagos al contratista de relaciones públicas, Ackerman Queen. Fueron igualmente acusados el consejero general John Frazer, y el exjefe de personal, Joshua Powell.
La fiscal negó que actuara por motivación política, pero dijo que el estado sólo ha obligado a cerrar otras dos ONG en los últimos años. La acusación de James se produce cuando se esperaba que la NRA inyectara grandes sumas en las elecciones generales de noviembre. Jason Ouimet, directivo del grupo de lobby, dijo al Washington Free Beacon que pondrán “decenas de millones de dólares” en candidaturas.
