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Santiago.— La crisis social en Chile, admite el canciller Teodoro Ribera, sin duda tendrá un impacto fuerte en la imagen del país en el extranjero. Negarlo, dice, sería un error, pero confía en la capacidad de resiliencia del país: “La situación que estamos viviendo es fácilmente remontable, en la medida en que exista consenso social”.
Además, asegura que la decisión de suspender las cumbres APEC y COP fue recibida con “solidaridad” por los socios extranjeros de Chile: “El presidente de la República ha asumido la agenda ciudadana como su objetivo principal y resolvió postergar las dos grandes cumbres.
“El mensaje que hay que darle a otros gobiernos de Latinoamérica es que el crecimiento económico es fundamental, pero hay que tener la preocupación de que cuando la población va aumentando sus niveles socioeconómicos, sus preocupaciones también van cambiando”, comenta en entrevista.
Hasta antes de la crisis, el chileno era visto como un modelo de desarrollo que proveía bastante estabilidad política, económica y social, y había permitido avanzar fuertemente la reducción de la pobreza, ¿qué falló?
—El modelo económico ha permitido que Chile tenga los mejores indicadores socioeconómicos de toda Latinoamérica (...) La disminución de crecimiento de los últimos años, que va mucho más allá del gobierno del presidente Piñera, generó que las expectativas de las personas no puedan ser las mismas que tuvieron con anterioridad. Eso, unido a un mayor endeudamiento, generaron demandas por lograr mayores seguridades.
Usted lo mencionó: esto es resultado de cosas que han venido pasando en todos los últimos gobiernos y desde el retorno a la democracia de Chile, ha tenido gobiernos de centro-izquierda y de centro-derecha, ¿hay un fracaso de la clase política o quizá ya no está vigente el sistema derecha-izquierda?
—Estamos ante una crisis social que es multifactorial. Es una acumulación de circunstancias que abarcan a diversos gobiernos y de distinto signo político. El mensaje que hay que darle a otro gobierno de Latino- américa es que el crecimiento económico es fundamental, pero hay que tener una preocupación de que cuando la población va aumentando sus niveles socioeconómicos, sus preocupaciones también.
Incluso si no es un problema de instituciones, ¿se ha visto afectada la confianza en esas instituciones democráticas?
—Hoy los partidos políticos y los actores políticos tienen bajos niveles de aprobación (...) Lo que se aboga es a la solución de los problemas.
Hay un abanico tan grande de demandas como las mismas manifestaciones, pero desde el mismo gobierno se ha dicho que hay limitaciones de recursos, ¿cuáles son las medidas cruciales que van a permitir abrirse camino a la solución de esta crisis?
—El gobierno está haciendo grandes esfuerzos con el fin de generar un diálogo social que trascienda los partidos políticos. Segundo, recoger las grandes inquietudes y solucionarlas a la brevedad posible. Me refiero al aumento del sueldo mínimo, el sistema de previsión. El gobierno está dispuesto a discutir modificaciones en aspectos sensibles como lograr mayores consensos para la reforma tributaria.
No estaba en los planes del gobierno modificar la Constitución ni hacer una nueva, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar ahora después de esta crisis?
—La Constitución es una piedra angular (...) no es la solución de todos los males. Ahí no hay norma que se refiera a cómo mejorar las pensiones ni cómo disminuir el valor de los medicamentos (...) Lo que tenemos que hacer es primero escuchar a la gente, hacer cabildos ciudadanos y generar debates populares.
Para definir el mecanismo o la decisión.
—Va a tener que haber una forma plebiscitaria. Es un tema que si hay madurez política, le va a dar una fuerte estabilidad a Chile para los próximos 20 a 30 años.
¿Con madurez cívica se refiere a la capacidad de los actores políticos a conversar?
—De llegar a acuerdos. Los actores políticos tienen que ser parte de la solución no del problema.
¿Usted ha visto indicios de que eso puede ocurrir?
—Los partidos tienen que tener procesos de maduración (...) La gente está saliendo de las trincheras y se está dando cuenta que todos son parte del problema y todos tenemos que ser parte de la solución.
El presidente dijo que él quiere llegar hasta el final de su gobierno.
—Eso no está en duda.
¿Ha estado alguna vez la opción sobre la mesa la renuncia presidencial?
—Jamás. En un sistema presidencial, el presidente de la República es quien da estabilidad.
Hay denuncias de violación a los derechos humanos, presuntamente por parte de miembros de las fuerzas armadas y de carabineros, que preocupan tanto dentro del país como en el exterior. ¿Cómo está enfrentando el gobierno estos cuestionamientos?
—El gobierno se vio enfrentado a una situación extremadamente compleja (…) Y ante la imposibilidad de hacer frente a esta situación especial con las fuerzas policiales, se vio obligado a decretar el Estado de emergencia (…) El presidente de la República, personalmente, antes de decretarlo instruyó a que los jueces de garantías fiscales tuvieran una alta presencia y acceso a lugares de atención, que los defensores penales públicos pudieran asistir a las personas, que hubiera un instructivo sobre uso de la fuerza por parte de carabineros, que las fuerzas armadas principalmente se concentraran en lugares estratégicos y no en la vía pública, y tuvieran un uso de la fuerza lo más racional e imprescindible posible. Y con posterioridad se contactó con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos [para la ONU], Michelle Bachelet, para que se decidiera enviar una comisión a Chile.
¿Ha tenido contacto con los socios principales del país respecto a este tema?
—El miércoles siguiente al viernes 18 se citó en la mañana a los embajadores de la Unión Europea para ponerlos en conocimiento de la medida que están adoptando. Luego a las 12 del día se hizo lo mismo con los países del Asia-Pacífico. Hemos recibido también llamados de solidaridad de cancilleres latinoamericanos (...) Nuestra preocupación está, primero, en garantizar la seguridad de las personas; segundo, impulsar modificaciones en materia de demandas sociales para cumplirlas y tercero, abrirnos a un diálogo político para las reformas legales.
¿Cuál es la expectativa del trabajo de la comisión enviada por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos?
—El hecho de invitar a que nos visiten es primero una señal de transparencia, de disposición en favor de los derechos humanos.
Hay cancilleres como el argentino Jorge Faurie, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que han hablado o de una brisa bolivariana en las protestas chilenas, o de una injerencia o participación del foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, sugiriendo una suerte de conspiración y como fuentes de agitación en la protesta. ¿El gobierno tiene indicios de algo así?
—Los servicios de inteligencia han estado investigando la materia.
Estados Unidos dijo que tiene indicios de que hay injerencia rusa a través de redes sociales en Chile. ¿Han pedido su colaboración a en ese aspecto?
—Es una materia de seguridad. Lo llevan ellos.
Lo otro que se ha comentado es un rumor sobre una eventual presencia de agentes venezolanos en las protestas en Chile, incluso con algunos de ellos arrestados. ¿El gobierno tiene información al respecto?
—Lo que le puedo señalar es que del porcentaje de las personas arrestadas o detenidas, alrededor de 6% son extranjeros y alrededor de 1.2% a 2% son venezolanos. No olvide que los extranjeros en Chile son alrededor de 10% y los venezolanos de 5% de la población. Por tanto, si la detenciones se reducen a 1.2% tendrían una representación significativa.
Vamos a una de las decisiones más complicadas en las que usted tuvo un rol: suspender las cumbres de APEC y de la COP25. ¿Cuánto cree usted que va a repercutir en la imagen de Chile, por ejemplo, como una señal para los inversionistas extranjeros?
—Más allá de los problemas que pueda tener Chile, sigue siendo probablemente uno de los países más atractivos para inversiones (...) Chile tiene una capacidad de resiliencia alta (...) La suspensión de APEC es la siguiente: lo que suspendimos fue la reunión de líderes, cumbres y SOM que se producía al final de un proceso de un año.
Pero la entrega de los materiales y de los avances siguen adelante; lo que suspendimos fue la parte más visible y política, pero la APEC en un año la gestionamos, la llevamos a cabo y entregaremos los avances a Malasia.
En lo que respecta a la COP, lo que se suspendió fue que Chile fuera el país anfitrión de una asamblea de la ONU, pero Chile sigue siendo y teniendo la presidencia de la COP. Pensar que una crisis social como esta no afecta la imagen internacional es un error. Lo que tenemos que hacer es recuperar el diálogo.
¿Cuál fue la reacción de los socios más cercanos por esta decisión?
—Solidaridad, comprensión, apoyo.
¿Enmarcaría las protestas chilena en otras similares, otros movimientos sociales similares ocurridos en otras partes del mundo?
—Lo que sucede en Chile ha sucedido también en otros países que tienen niveles de desarrollo más crecientes.
Hay otra cosa que tienen en común y es que ninguna tiene un líder visible y creo que acá se da lo mismo. ¿Ha sido una dificultad para el gobierno?
—No sólo no tienen líderes visibles, sino que la convocatoria no se realiza por los medios tradicionales.
