San José.— El empresario y publicista Nayib Bukele inició ayer el último de sus cinco años como presidente de El Salvador y avanzó a pelear en 2023 y 2024 por su reelección con la misma marca que persiguió a sus predecesores que gobernaron antes, durante y después de la Guerra Civil que sacudió a su país de 1980 a 1992: las atrocidades en derechos humanos.
Tras 14 meses de un estado de excepción con visos de ser indefinido y de 25 de control total de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral y dominio del municipal, Bukele completó 48 con el mando sobre las fuerzas militares y policiales que le permitió arrinconar a sus rivales parlamentarios y judiciales, y gobernará los próximos 12 con la meta de reelegirse a un segundo quinquenio consecutivo, de 2024 a 2029.
Con apoyo incondicional de sus obedientes seguidores que lo siguen sin cuestionarlo en una nación sin vía de centro y gobernada por la derecha o la izquierda de 1989 a 2019, Bukele pareció convertirse en el rostro de un renovado autoritarismo latinoamericano. En medio de acusaciones de autoritario, de cometer torturas, recurrir a las fosas clandestinas y otras atrocidades, Bukele se ganó la admiración de sectores americanos por su implacable política de seguridad pública —“tierra arrasada” frente a las maras o pandillas— y su doctrina se transformó ahora en… modelo exportable a América Latina y el Caribe.
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“No puede ser que el modelo a copiar sea el de Bukele y su política de seguridad, de arrestos masivos y arbitrarios, de violentar los derechos humanos y de imponer la fuerza bruta sobre la legalidad”, afirmó el politólogo y analista costarricense Claudio Alpízar, director del (no estatal) ENCO Comunicación y Asesoría Política, de esta ciudad.
“En estos momentos del siglo XXI uno esperaría que los modelos que se exporten y copien en América Latina y el Caribe sean los de educación, ciencia, tecnología, cultura, democracia y libertad”, dijo Alpízar a EL UNIVERSAL. “Encandilados por el escenario electoral interno, los gobiernos están desesperados y saben que no importa pisotear los derechos humanos si al final se obtienen réditos electorales”, agregó.
Sofocadas por sus crecientes crisis internas de seguridad, algunas de las más influyentes clases políticas de Haití, Argentina, Ecuador, Perú, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala y otros países del área añoran con aplicar el “modelo Bukele”.
Por un mortal asedio callejero de las maras Salvatrucha (MS-13) y Barrio o Mara 18 (M-18), Bukele condujo a la Asamblea Legislativa (bajo su control) a declarar desde el 27 de marzo de 2022 un estado de excepción de 30 días y que ya prolongó a más de 14 meses.
Bukele lanzó operaciones castrenses y policiacas de arrestos masivos que suman unos 70 mil y sin reconocer gran cantidad de denuncias por capturas arbitrarias, aunque logró reducir ostensiblemente números de homicidios y exhibir un ambiente de mayor seguridad. El número oficial de homicidios pasó de 2 mil 544 en 1999 a 6 mil 656 en 2015 —máximo en posguerra— y bajó a 2 mil 398 en 2019, mil 322 en 2020, mil 147 en 2021 y 495 en 2022.
Cristosal, organización no estatal de derechos humanos de San Salvador, reveló esta semana un escenario de muerte y tortura. Unas 160 personas, en su mayoría jóvenes, perecieron en El Salvador bajo custodia de agentes estatales de seguridad en prisiones en el régimen de excepción, aseguró. “Esto no significa que sólo ellos han muerto, porque hay testimonios y evidencias [que señalan] que muchos [fallecidos] han sido enterrados en fosas comunes”, aseguró la abogada salvadoreña Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal.
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En un país signado primero por décadas de violencia política y luego criminal, la guerra dejó de 75 mil a 80 mil muertos y manchó a todos los bandos con hechos atroces. La derecha y la extrema derecha gobernaron en el siglo XX con sus diferentes fuerzas partidiarias hasta 2009 y heredaron un historial de continuas violaciones a los derechos humanos.
El exguerrillero e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) asumió la presidencia ese año y la preservó hasta 2019, para cederla a Bukele. A las dos administraciones del FMLN también se les cuestionó por violar los derechos humanos, en especial en el combate a las maras Salvatrucha (MS-13) y 18 (M-18) con sus dos ramas.
“Hoy se respira seguridad, se vive en paz y tranquilidad y los demás temas como educación, salud, turismo, economía van también en mejora, en desarrollo”, aseguró el diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea y del gobernante partido Nuevas Ideas. “En estos cuatro años han sido los cambios y transformaciones más profundas que ha tenido El Salvador en los últimos 40, 50 años. Hemos saldado la deuda con los salvadoreños con respecto a cambiar de ser el país más violento a ser el más seguro”, declaró Gallegos a este diario. “Hemos disminuido la migración a Estados Unidos en 40% y nos sentimos muy contentos, afortunados y felices de que el presidente esté cumpliendo su cuarto año”, añadió.
En contraste, el abogado y politólogo Benjamín Cuéllar, dirigente de Víctimas Demandantes (VIDAS), grupo (no estatal) de El Salvador de derechos humanos, planteó a este periódico que “Bukele secuestró toda la institucionalidad” y, con una campaña propagandística en redes sociales, “activó un dispendioso aparato publicitario oficialista”.
“Así ha logrado reducir la cantidad de homicidios, lo que también ocurrió en las administraciones” de 1999 a 2004 y de 2009 a 2014, recordó. “A punta de centralismo, violación de derechos humanos, propaganda y secretismo [Bukele] ha conseguido (…) mantener tal estado de cosas. ¿Hasta cuándo? ¿Aceptarán eso en otros países?, es la otra”, advirtió.