Bolsonaro afianza giro a la derecha de Brasil

Brasilia.— El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro resolvió en su primer día en funciones traspasar al Ministerio de Agricultura la demarcación de las tierras indígenas, una medida que desató las críticas de organizaciones indigenistas y de defensa del medio ambiente.

Una ordenanza para definir la estructura y funciones del Ejecutivo dispuso además que las organizaciones internacionales y las no gubernamentales (ONG) serán supervisadas por la Secretaría del Gobierno, dependiente de la presidencia.

“Más de 15% del territorio nacional es demarcado como tierra indígena y quilombola [poblados por ex esclavos fugitivos]. Menos de un millón de personas viven en esos lugares aislados de Brasil, explotadas y manipuladas por ONG. Juntos vamos a integrar a esos ciudadanos y a valorar a todos los brasileños”, tuiteó Bolsonaro.

Según la ordenanza publicada la noche del martes, el ministerio tendrá a cargo lo relacionado con “la reforma agraria, la regularización de la propiedad en áreas rurales en la Amazonia Legal [no sólo el estado Amazonas], las tierras indígenas y los quilombolas”. El ministerio de Agricultura encarna los intereses del agronegocio que entran en frecuentes conflictos con organizaciones de trabajadores rurales, con los indígenas y con grupos de protección del medio ambiente.

La organización ecologista Greenpeace calificó de “extremadamente preocupante” una decisión que pone en riesgo “los derechos originales de los pueblos indígenas” y “el futuro de las florestas, pues son las áreas protegidas la forma más eficiente de evitar la deforestación”.

La ordenanza también excluyó a la población LGBT como beneficiaria de las políticas y destinadas a la promoción de derechos humanos del recién creado Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos. Se trata de “una afrenta” a la población LGBT, dijo a la AFP la abogada Juliana Maggi, quien subrayó que puntos como la unión estable y el derecho a formar familia no pueden ser alterados porque están garantizados en la legislación brasileña, “a menos de que surja una nueva Constituyente o medidas que rompen el modelo de Estado democrático que tenemos”.

Otro punto polémico de la ordenanza marca que el gobierno brasileño supervisará las actividades de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales (ONG).

Además, Bolsonaro confirmó al secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, que su país abandonará el Pacto Global de Migraciones consensuado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Acabar con la impunidad. Por su parte, el nuevo ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, prometió ampliar su cruzada anticorrupción, algo que, dijo, no se logra “solamente con investigaciones y condenas eficaces”.

“Se necesitan políticas más generales contra la corrupción, como leyes que hagan más eficaz el sistema judicial y leyes que disminuyan los incentivos y oportunidades de la corrupción”, declaró.

En ese sentido, Moro, ex juez federal que encabezó los procesos por corrupción de la pesquisa Lava Jato, señaló que para el mes próximo propondrá ante el Congreso un ambicioso proyecto contra el crimen. Uno de los blancos de su gestión, indicó, será el “crimen violento”, en un país que tuvo un récord de 63 mil 880 jomicidios en 2019, una tasa de 30.8 por cada 100 mil habitantes.