Los analistas creen que la decisión de un tribunal federal de Estados Unidos de declarar ilegales buena parte de los aranceles impuestos por la Administración estadounidense aumentará la incertidumbre entre los agentes económicos, pero no detendrá al presidente Donald Trump.
Los analistas del banco de inversión Goldman Sachs consideran que el fallo judicial representa sólo un revés temporal en la agenda comercial de la Administración Trump, ya que los gravámenes anulados pueden compensarse mediante otras herramientas legales, según recoge Bloomberg.
Para el economista político de la entidad, Alec Phillips, la decisión judicial aumenta la incertidumbre para la mayoría de los principales socios comerciales de Estados Unidos.
El analista de iBroker, Antonio Castelo, coincide en que esta situación "genera incertidumbre" a los agentes económicos, ya que, si finalmente se aplica la decisión del tribunal, implicaría "volver a la casilla de salida", es decir al momento previo al llamado 'Día de la Liberación'.
El experto destaca que los mercados de renta variable no han experimentado "alegría o alboroto" y han optado por la cautela, a la espera de conocer "cuál será la reacción política de Trump", que podrá "introducir nuevos tipos de barreras comerciales alternativas o impuestos" e incluso "desafiar la autoridad de los tribunales".
Para Banca March, el litigio actual "no termina con los aranceles generalizados, aunque sí retrasa y limita su implementación".
¿Cuáles son las opciones a las que puede recurrir Trump?
La entidad plantea dos opciones a las que podría recurrir el presidente estadounidense.
Por un lado, Trump puede usar la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente poderes para reducir desequilibrios en la balanza de pagos. Esta norma le permitiría imponer aranceles de hasta un 15 % sin necesidad de investigación previa.
No obstante, estos gravámenes solo podrían extenderse durante 150 días, aunque el Congreso podría ampliar el plazo.
El presidente también puede imponer aranceles a productos concretos y a países específicos apelando a la sección 232 de la Ley de Comercio de 1962 o a la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Ambas opciones exigen una investigación previa que puede durar de tres a nueve meses.
El jefe de Estrategia de Mercado de la 'fintech' Ebury, Matthew Ryan, cree que "no hay nada que se interponga en el camino de Trump para redoblar los aranceles sectoriales", ya que "hay varios mecanismos en la Ley de Comercio de 1974 a los que puede recurrir para eludir los tribunales".
A su parecer, “cualquier elusión legal llevará tiempo y el presumible envalentonamiento de los socios comerciales de Estados Unidos podría sabotear las posibilidades de que se alcancen acuerdos antes de la fecha límite del 9 de julio”.
Los analistas de Renta 4 Banco coinciden en que Trump cuenta con la posibilidad de buscar "otras vías" para desarrollar su política arancelaria.
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En su opinión, la decisión del tribunal federal podría alterar también la forma de negociar de los socios comerciales de Estados Unidos.
Jueces bloquean parte de la política arancelaria de Trump
Tres jueces de la Corte de Comercio Internacional bloquearon este miércoles buena parte de la política arancelaria de Trump, al considerar que el Congreso de Estados Unidos no puede delegar en el presidente una autoridad "ilimitada".
"Las órdenes de aranceles mundiales y de represalia exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA)", indican los magistrados.
Los jueces bloquean los aranceles impuestos por Trump bajo esa norma, lo que incluye los gravámenes globales y 'recíprocos' anunciados el 2 de abril y otros previos contra Canadá, México y China.
La Casa Blanca apelará la decisión judicial, según adelantó ayer un portavoz.
sg
