Más Información
Sheinbaum es una "consumidora voraz" de información: José Merino; el tablero de seguridad, herramienta clave, destaca
Oposición tunde diseño de boletas de elección judicial; “la lista definitiva la harán Monreal y Adán Augusto”, dice Döring
Rosa Icela Rodríguez se reúne con próximo titular del INM; “arrancaremos el 2025 con mucho trabajo”, asegura
Se registra ataque de drones con explosivos, ahora en Chihuahua; elementos municipales y federales resultan ilesos
Chiapas aprueba el matrimonio igualitario; colectivos y activistas de la comunidad LGBT+ celebran avance histórico
Washington.— Estados Unidos está decidido a frenar la migración y, para lograrlo, acordó con México, Guatemala y Honduras que fortalezcan la presencia de sus fuerzas de seguridad en las fronteras, se anunció ayer. El gobierno mexicano dijo que no la aumentará: mantendrá a los elementos que ya tiene desplegados.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno mexicano “mantendrá el despliegue ya existente de fuerzas federales en su zona fronteriza, con el objetivo de hacer cumplir su propia legislación migratoria, a fin de brindar atención a las personas migrantes, principalmente a menores no acompañados y combatir el tráfico de personas”.
México, añadió, “favorece una migración ordenada, segura, regular y con apego a los derechos humanos, además de que sostiene que el desarrollo económico y social es la única solución de fondo al fenómeno migratorio”.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó en conferencia de prensa que México mantendrá 10 mil efectivos en su frontera sur, mientras que Guatemala envió mil 500 policías y militares a la suya. Además, erigirá 12 puestos de control fronterizo en la ruta migratoria del país.
Sobre Honduras, señaló que esta nación despachó 7 mil policías y militares “a fin de dispersar un amplio contingente de migrantes. El objetivo es hacer más difícil la travesía y dificultar más el cruce de las fronteras”, expresó Psaki, quien confirmó que los acuerdos con estos países se alcanzaron “en las últimas semanas”, aunque no dio más detalles.
El pasado 7 de abril, la vicepresidenta, Kamala Harris, designada por el presidente Joe Biden para coordinar los asuntos migratorios con México y Centroamérica, sostuvo una conversación telefónica con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que el Mandatario dijo que su gobierno está dispuesto a “sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos de los migrantes”, sobre todo en el caso de menores.
La asistente especial sobre migración en el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Tyler Moran, explicó en declaraciones a la cadena MSNBC que los acuerdos ayudarán a evitar “que los traficantes de personas y los cárteles de la droga se aprovechen de la situación y que también protegerá a los menores que viajan solos”. Dijo que, en el caso de México, se trabaja “para garantizar que tengan los sistemas de refugio para atender a las familias y los niños”.
Estos acuerdos tienen lugar en momentos en que Estados Unidos lucha por contener una oleada migratoria: en marzo, 172 mil 331 extranjeros intentaron llegar a ese país, la cifra más elevada en 20 años. En el mismo mes, 18 mil 890 menores no acompañados terminaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, la estrategia de contener el flujo migratorio con más efectivos no es bien recibida por todos. Maureen Meyer, vicepresidenta de programas para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, tuiteó: “Alcanzar acuerdos con otros países para que vigilen sus fronteras pone a las personas en un mayor peligro y les niega el derecho de buscar protección”.
Biden nomina a Magnus a la CBP
Ayer, el presidente Joe Biden anunció su decisión de nominar al jefe de la Policía de Tucson, Arizona, Chris Magnus, para dirigir la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés). Magnus es conocido por sus críticas a las medidas migratorias de la administración de Donald Trump.
Otra de las figuras destacadas nominadas por Biden es la activista Ur Mendoza Jaddou, de padre iraquí y madre mexicana, que el presidente quiere que dirija el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés).