Bruselas.— Barreras políticas, riesgos normativos, gestión pública precaria, infraestructura deficiente, ausencia de métricas estandarizadas y opciones limitadas de financiamiento impiden la inversión del sector privado en el combate al calentamiento global en México, afirma un informe elaborado a solicitud de la Comisión Europea.
En la actualidad, la situación financiera de la nación en materia climática revela una brecha sustancial en el financiamiento que necesita para cumplir con las metas ambientales: 35% menos emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
El gobierno asignó 151 millones de dólares para la acción climática en 2019, lo que representó apenas 0.05% del presupuesto nacional. En 2021, los gastos efectivos relacionados con el clima aumentaron a 878 millones de dólares, equivalente al 0.27%. Suponiendo que la cantidad asignada por el gobierno federal se mantiene a lo largo del tiempo hacia 2030, México acumulará un déficit de unos 7 mil 250 millones de dólares al año para cumplir sus metas climáticas incondicionales.
Lee también Energía abre nueva convocatoria para proyectos con tecnologías renovables; prevén que estén listos para 2030
“Las inversiones en adaptación climática y en infraestructura de energías renovables podrían impulsar el crecimiento económico sostenible, crear empleos verdes y fomentar la innovación, transformando la economía de México”, señala el informe. “Aprovechar la financiación climática para construir infraestructura climática inteligente y apoyar el desarrollo sostenible será esencial para cumplir los objetivos climáticos de México y garantizar la estabilidad económica a largo plazo”, sostiene.
El reporte fue solicitado por la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, tiene como fecha de publicación 2026 y fue elaborado por Ricardo, consultora británica especializada en políticas ambientales.
El informe tiene como objetivo informar a la Comisión Europea sobre los flujos de financiación climática y lo que se necesita para una colaboración más eficaz con el sector privado para alcanzar los objetivos climáticos globales.
“En México, la inestabilidad política y los cambios normativos han agravado los riesgos para las inversiones climáticas. El desmantelamiento por parte del gobierno anterior del Fondo para el Cambio Climático y el Instituto Nacional de Cambio Climático, junto con un fuerte enfoque en las inversiones en combustibles fósiles, creó un entorno impredecible para los proyectos ecológicos”.
“Estas medidas provocaron una disminución del apoyo institucional y suscitaron inquietudes entre los inversores privados sobre la viabilidad de las inversiones climáticas a largo plazo”, advierte. El informe detalla que México, como segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en América Latina, presenta tanto retos críticos como oportunidades únicas.
Los mayores retos están asociados a su dependencia de los combustibles fósiles, responsables del 70% de las emisiones, así como por la vulnerabilidad ante fenómenos naturales extremos, como huracanes, inundaciones y terremotos.
Lee también Trump amenaza con frenar apertura de puente con Canadá; exige que EU tenga al menos 50% de propiedad
Pero son precisamente estos factores, los que posicionan a México como un foco principal para las iniciativas de financiación climática que promueven tanto la sostenibilidad ambiental como el crecimiento energético.
“El gobierno mexicano se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a aplicar estrategias fundamentales de mitigación y adaptación, pero los recientes cambios de política han supuesto un revés”, indica. “Aunque México fue pionero en política climática al ser el primer país en desarrollo en aprobar una ley sobre el cambio climático en 2012, las últimas administraciones han reorientado su enfoque hacia las inversiones en combustibles fósiles, cancelando las subastas de energía renovable, impulsando proyectos de infraestructura de combustibles fósiles como la refinería de petróleo de Dos Bocas y aprobando leyes que detuvieron la inversión privada en energía renovable”.
Además, la capacidad institucional para abordar los retos climáticos de manera eficaz fue debilitada con el desmantelamiento de organismos autónomos. “Las barreras políticas han tenido un impacto notable en el clima de inversión. La administración anterior desempeñó un papel clave en la creación de un entorno difícil para las inversiones ecológicas. La concentración del mercado financiero mexicano, dominado por unas pocas entidades grandes, limita la competencia y la innovación, lo que dificulta que los proyectos ecológicos más pequeños atraigan capital”.
En la larga lista de recomendaciones destaca la necesidad de dotar a los legisladores de herramientas para crear regulaciones favorables a ampliar la participación del sector privado en la financiación climática, al ser esencial para garantizar la transparencia, las capacidades de respuesta y resultados de largo plazo.
[Publicidad]

