La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes un proyecto de ley que refuerza el combate al crimen organizado, tres semanas después de la operación policial más letal en la historia del país, que dejó 121 muertos en Rio de Janeiro.
La propuesta, que ahora debe ser votada en el Senado, prevé penas de hasta 40 años de prisión para crímenes cometidos por facciones y crea nuevos delitos específicos para la actuación de estos grupos.
El proyecto obtuvo 370 votos a favor y 110 en contra.
El presidente de la Cámara, Hugo Motta, del bloque conservador conocido como "Centrao", defendió la aprobación y afirmó que "al ciudadano no le preocupa el número (de votos) ni la autoría del proyecto, sino la solución del problema".
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"Millones de brasileños sufren a diario estar bajo el control de organizaciones criminales", lamentó Motta.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había enviado el proyecto al Congreso pocos días después de la megaoperación del 28 de octubre en dos favelas de Rio de Janeiro que buscaba golpear al Comando Vermelho, una de las principales organizaciones delictivas de Brasil.
Pero el texto original sufrió cambios y la bancada oficialista votó en contra por considerar que las modificaciones desvirtuaron la propuesta gubernamental.
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El proyecto aprobado establece la reclusión obligatoria de líderes de organizaciones criminales en prisiones federales de seguridad máxima y restringe el acceso a beneficios penitenciarios para miembros de facciones.
Además, amplía las medidas de confiscación de bienes vinculados al crimen organizado.
Sin embargo, reduce el poder de la Policía Federal, uno de los principales puntos de discordancia del oficialismo con el texto modificado.
La bancada del Partido Liberal, del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, apoyó el texto pese a que quedó fuera una de sus principales demandas: equiparar las facciones criminales con grupos terroristas, una clasificación que permitiría el uso de armamento más letal contra ellas, entre otras medidas.
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La operación policial en Rio dejó 117 presuntos delincuentes y cuatro policías muertos. Fue ampliamente elogiada por la derecha brasileña, pero generó indignación entre organizaciones de derechos humanos.
El izquierdista Lula la calificó como "una matanza" y reclamó una investigación.
La ONU también exigió una indagación inmediata, mientras familiares de algunos abatidos denunciaron ejecuciones sumarias.
desa/mgm
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