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Un atentado con coche-bomba que destruyó la mayor parte de un cuartel policial ecuatoriano en enero fue obra de cárteles mexicanos, ante lo cual se ha creado un equipo y un mando policial y militar unificado para vigilar la zona, se informó ayer.
“Son mexicanos, de lo que tenemos información compartida con Colombia”, dijo el ministro ecuatoriano del Interior, César Navas, en rueda de prensa, en la que añadió que “no tenemos el título de la ‘canción’ [el nombre del cartel], no le puedo decir, porque es parte de la investigación. Pero en marco general sí le digo que son cárteles” mexicanos.
El atentado del 27 de enero se produjo en la población de San Lorenzo, 170 kilómetros al noroeste de la capital sin víctimas mortales, luego de lo cual militares ecuatorianos en tres ocasiones han cruzado fuego con grupos armados ubicados en la frontera colombiana con Ecuador. El ataque presuntamente se produjo debido al aumento de incautaciones de drogas.
Para enfrentar la inusual situación de violencia en este sector del país, el gobierno ecuatoriano creó un equipo policial y militar integrado por 4 mil hombres, añadió Navas.
“Las operaciones policiales se coordinarán con este mando”, dijo Navas, citado por el diario ecuatoriano El Comercio. Además sostuvo que “la participación coordinada permitirá un trabajo integral para la defensa de la soberanía e integridad territorial. Factores que aumentarán la seguridad ciudadana y fortalecerán el orden público en la zona”. El funcionario también dijo: “No permitiremos que se viole la soberanía de nuestro país”.
Una delegación de Ecuador viajará a Colombia junto con el fiscal general Carlos Baca, “para intercambiar información y trabajar para que los procesos de judicialización de los delitos sean coordinados”, se informó.
Ecuador es utilizado por cárteles de narcotraficantes de Perú y Colombia como sitio de almacenamiento, tránsito y exportación de narcóticos principalmente hacia Estados Unidos y Europa. En 2017 el país decomisó más de 98 toneladas de narcóticos, la mayor parte cocaína, aunque la cifra es 11% menor a lo incautado en 2016.