Más Información

Cártel de Sinaloa, del Golfo, Beltrán Leyva y CJNG mueven su dinero en CIBanco, Intercam y Vector; claves del caso de EU contra México

Vector "blanqueó" sobornos por más de 40 mdd del Cártel de Sinaloa a García Luna: EU; facilitó narcotráfico, acusa

Suman 12 muertos tras ataque en fiesta patronal de Irapuato; sigue sin conocerse identidad de las víctimas

Hacienda responde a EU sobre "narcolavado" de dinero de CIBanco, Intercam y Vector; "necesitamos pruebas más contundentes", dice

Diego Sinhue se une al paraíso de Woodlands; estos son los políticos mexicanos con residencia en el lujoso suburbio de Texas

Sasha Sokol reacciona al fallo de la Suprema Corte en contra de Luis de Llano; "Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida", dice

Rinden protesta nuevos cónsules en el Congreso; Lilly Téllez cuestiona nombramiento del exdirector del Insabi

Diputados avalan “Ley espionaje” para intervenir comunicaciones sin orden judicial; oposición señala modificaciones engañosas

CIBanco, Vector e Intercam, en la mira de EU por narcolavado; prohíbe transmisiones de fondos con ellas
Londres.— El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reafirmó ayer ante la justicia británica su oposición a ser extraditado a Estados Unidos, donde teme tener que enfrentar cargos más graves que la “piratería informática” que se le imputa, por la que obtendría cinco años de cárcel.
El australiano, que el miércoles había comparecido ante un tribunal que lo condenó a 50 semanas de cárcel en Reino Unido por violación de su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, participó en esta nueva vista por videoconferencia desde la prisión de Belmarsh.
Assange, de 47 años, está recluido en ese centro de alta seguridad en el suroeste de Londres desde que el 11 de abril fue detenido por la policía británica en la legación ecuatoriana después de que este país le retirara el asilo diplomático concedido casi siete años antes. Se había refugiado ahí en junio de 2012 para escapar, en un primer momento, a una extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual. Pero cuando años después estas causas fueron archivadas, permaneció afirmando temer que lo entregaran a la justicia estadounidense.
“No quiero someterme a una extradición por un trabajo de periodismo que ganó numerosas recompensas y protegió a mucha gente”, dijo el jueves al tribunal.
Su plataforma en línea, WikiLeaks, se hizo famosa en 2010 cuando difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos que pusieron a Estados Unidos en un fuerte aprieto a nivel nacional e internacional. El gobierno estadounidense afirmó querer juzgarlo sólo por “piratería informática”.
Los defensores de Assange temen que se le agreguen después delitos más graves, como divulgación de secretos o traición, y corra el riesgo de ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte. El tribunal fijó una próxima audiencia, segunda en un procedimiento probablemente largo, para el 30 de mayo.
Al anunciar hace tres semanas la expulsión del australiano de la embajada, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que revocaba así un asilo concedido por su predecesor y ahora rival Rafael Correa, aseguró haber recibido la garantía de Reino Unido de que “Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte”.
Assange está acusado de haber ayudado a la exanalista de inteligencia estadounidense Chelsea Manning a obtener la contraseña para acceder a miles de documentos clasificados como ultrasecretos.
Antes del inicio de la audiencia en Londres, varias decenas de simpatizantes con carteles que pedían “Libertad para Assange” y “No extradición” se congregaron en el exterior de la corte.
Mientras tanto, los políticos británicos están divididos. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, se opone a su extradición afirmando que el australiano “expuso pruebas de las atrocidades [cometidas por EU] en Irak y Afganistán”.
El ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, aseguró que Assange no es “ningún héroe” y la premier Theresa May afirmó que “nadie está por encima de la ley”.