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Madrid.- El sistema público de salud brinda cobertura a la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea (UE), por lo que el impacto sanitario de la pandemia repercute sobre todo en las arcas de los diferentes Estados que, entre otros gastos adicionales, tienen que asumir el costo de las campañas de vacunación y las hospitalizaciones causadas por el Covid-19.
Tan solo en España, el virus provocó en 2020 una derrama suplementaria de 16 mil millones de euros. El 50% de este fondo se destinó a la atención sanitaria o sociosanitaria. En 2021 el presupuesto para la emergencia sanitaria fue similar, aunque todavía no hay cómputos oficiales.
En muchos países europeos los ciudadanos, generalmente en función de sus ingresos, sufragan una parte de la asistencia sanitaria, como los fármacos, las consultas y algunas pruebas diagnósticas; también pagan parcialmente algunos servicios médicos o estancias hospitalarias. Los rubros sujetos a copago y las cantidades que se abonan varían en función del modelo, aunque por lo general las cuotas son asumibles, ya que están diseñadas sobre todo para evitar los abusos por parte de los usuarios. En España y Reino Unido las visitas al doctor, las pruebas y los ingresos hospitalarios no tienen costo extra.
La tasa sanitaria, que suele ser moderada y que rige en buena parte de Europa, afecta no obstante a los sectores con menos recursos, en una época en la que los tratamientos, las pruebas, las consultas médicas y los ingresos se han multiplicado como consecuencia de la pandemia.
Los precios de los cubrebocas y los test de autodiagnóstico que no están incluidos en la seguridad social, también suponen un serio obstáculo para las familias europeas más desfavorecidas.
“Hay que diferenciar lo que es la asistencia sanitaria, que en España tiene carácter universal, de determinadas herramientas que están fuera de esa cobertura. Sigue habiendo un problema importante con el acceso a las mascarillas y a los test de antígenos, que tienen unos precios significativos para aquellas personas que viven con salarios o pensiones mínimas, aunque se hayan fijado unos topes máximos”, señala a EL UNIVERSAL Marciano Sánchez Bayle, médico pediatra y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
El precio máximo de las mascarillas quirúrgicas en España es de 62 céntimos de euro, mientras que las de la serie FFP y otras de mayor calidad pueden costar entre uno y 5 euros. Los cubrebocas son obligatorios en el transporte público, interiores y eventos multitudinarios en el exterior. También se recomienda que se utilicen en espacios abiertos cuando haya aglomeraciones.
Recientemente, se estableció en 2. 94 euros el precio máximo de los test de antígenos, tomando como referencia el de otros países próximos, según anunció el gobierno ibérico que no explicó si para ello tuvo en cuenta el poder adquisitivo de los españoles, que es claramente inferior al del norte de Europa.
“Las mascarillas quirúrgicas son las más baratas y tienen fijado un precio máximo, pero como deben ser renovadas con frecuencia pueden suponer una carga económica importante, por lo que es probable que mucha gente las utilice durante un tiempo mucho más prolongado del que sería razonable”, agrega Sánchez Bayle, quien preside la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid.
“Nosotros defendemos que las mascarillas y los test de antígenos sean gratuitos, aunque en el caso de los test consideramos que es un mal sistema que cada quien los realice en su casa cuando lo crea oportuno, porque se practican muchos más de los indicados y el registro de los resultados es como mínimo incierto”, subraya el especialista.
En España, una familia de cuatro miembros que cumpla con la normativa, tendría que dedicar entre 150 y 200 euros mensuales a la compra de los cubrebocas más accesibles. El desembolso puede ser menor si las mascarillas se adquieren en paquetes de varias unidades, pero incluso así sigue siendo un gasto difícil de afrontar para los hogares con menos recursos. El precio de los cubrebocas FFP2 en los países del viejo continente, oscila entre los 0. 50 euros y los 2 euros.
La carga sanitaria que habitualmente soportan los gobiernos europeos, se ha disparado exponencialmente durante la pandemia, aunque países como Austria, Alemania, Francia, Holanda o Bélgica han podido afrontarla más eficazmente por contar históricamente con mayores inversiones en el sector de la salud.
Según la consultora KPMG, la media en España de costos fijos de un paciente ingresado por Covid-19 en planta de enfermedades agudas, ascendería a los 875. 59 euros por día, teniendo como referencia que el salario mínimo en el país ibérico es de unos mil euros mensuales.
En el supuesto de pacientes de extrema gravedad, el gasto podría alcanzar los 30 mil euros para una estadía de 28 días. Los cuidados de un paciente con complicaciones pueden superar los 100 mil euros al mes.
Estos gastos hospitalarios, que absorbe íntegramente el sistema público de salud, rozarían los 2 mil 500 euros diarios si el paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque algunos profesionales sanitarios señalan que esta cantidad podría duplicarse, en función del tratamiento específico o la administración de diferentes productos farmacológicos y sanitarios.
A finales de 2020, todos los países europeos habían incrementado sus presupuestos sanitarios. España fue el cuarto país de Europa que más dinero invirtió en las medidas sanitarias frente al coronavirus, según un informe de la OCDE y la Comisión Europea.
Concretamente, durante la época más dura de la pandemia, comprometió 220 euros por persona frente a los 112 promedio de la UE. Por delante de España, los países europeos que más recursos económicos dedicaron a estas partidas excepcionales de sanidad fueron el Reino Unido (446 euros), Alemania (302) e Irlanda (274).
Quedan muy por detrás, y por debajo del promedio, Francia (108 euros), Italia (101) o Bélgica (75), que también fueron algunos de los más golpeados por la epidemia, detalla el informe.
Sin embargo, estos datos hay que relativizarlos, ya que en ciertos casos el aumento de los recursos financieros fue menor debido a la fortaleza previa del sistema sanitario. Mientras España dedica tradicionalmente un 6. 6% de su PIB a sanidad, países como Alemania o Suecia invierten un 9. 9% y un 9. 2% respectivamente, por lo que las naciones rezagadas tuvieron que afanarse mucho más para contener la pandemia.
“En España partíamos de una financiación sanitaria pública baja, inferior en un punto o punto y medio al promedio europeo, donde hay mucha dispersión entre países como Austria o Alemania, que destinan bastante dinero a la sanidad y otros, como Bulgaria, que dedican muy poco”, concluye el portavoz de la FADSP.
A pesar del esfuerzo económico, la ajustada situación presupuestaria de España ha provocado que durante la pandemia no se haya reforzado lo suficiente la atención primaria, ni se hayan incrementado de manera significativa los recursos hospitalarios existentes.
Para 2022, las comunidades autónomas españolas, que tienen traspasadas las competencias en materia de salud, incrementarán sus presupuestos sanitarios en un 4. 15% de media, ante la posibilidad real de que los efectos de la pandemia se prolonguen durante el presente año.
Este aumento también se explica por la llegada a España de la primera partida de 10 mil millones de euros de los fondos de emergencia aprobados por Bruselas y que están destinados a la recuperación de algunos de los países europeos más castigados por el Covid-19.
