Miami.— El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 cumple su cuarto aniversario, en momentos en que Donald Trump, justo el hombre que atizó a los manifestantes a irrumpir en el recinto para tratar de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden, se prepara para retornar al poder.
En opinión de la socióloga Cecilia Castañeda para EL UNIVERSAL, “esta acción representó la explosión social de años de polarización política, desinformación y una retórica incendiaria que encontró su punto más alto en la figura de Trump”. Asegura que “este evento no fue casual, ni espontáneo, ni inevitable; fue el resultado de un liderazgo calculado que decidió jugar con fuego para intentar conservar el poder”.
Por primera vez en la historia moderna, Estados Unidos enfrentó un ataque interno a su proceso de transferencia pacífica del poder. Ese día la sociedad estadounidense demostró que ninguna nación, por muy fuerte que parezca, es inmune a los riesgos de la radicalización y el populismo extremo.
La conmemoración de este suceso en 2025, aún bajo la administración Biden, será la última, al menos de los próximos cuatro años, donde los discursos oficiales harán hincapié en que se trató de un acto deliberado por parte de Trump. “Una vez iniciada la próxima presidencia de Trump, el tema tratará de ser minimizado, ignorado o, quizás, nos llevemos la sorpresa de que lo conmemore como un acto patriótico; todo puede suceder con Trump”, señala Castañeda.
Liderazgo siniestro
Por lo menos para la mitad de los estadounidenses, “Trump no simplemente permitió el caos del 6 de enero; lo sembró cuidadosamente. Desde el inicio de su carrera política, Trump construyó su liderazgo en torno a la división”, denuncia Castañeda. “Durante años, Trump, utilizó las redes sociales, los discursos y las conferencias de prensa para lastimar la confianza en las instituciones democráticas estadounidenses”, asegura.
Para Trump, las elecciones de 2020 no fueron una competencia electoral justa, fueron una excusa perfecta para movilizar a su base bajo el pretexto de un fraude inexistente, coinciden analistas.
Pero Trump no actuó solo. Legisladores republicanos, medios de comunicación aliados como Fox News y figuras públicas influyentes amplificaron su narrativa. Cuando Trump dijo: “Si no luchan como el infierno, no tendrán un país más”, estaba llamando a la acción a una masa ya convencida de que la democracia les había fallado.
El resultado: una turba enfurecida, alimentada por la mentira de un fraude masivo, irrumpió en el Capitolio para cumplir con lo que creían era un mandato divino o patriótico. Trump no se detuvo ahí. Cuando tuvo la oportunidad de calmar la situación, optó por permanecer en silencio. “Su negativa a actuar durante horas no fue negligencia, fue complicidad”, dice Castañeda.
¿Y los cargos contra Trump?
Trump fue acusado por su rol en el asalto, una demanda que se sumó a otras causas judiciales contra el exmandatario. Pero su regreso al poder lo cambia todo.
El 25 de noviembre de 2024, el fiscal especial Jack Smith presentó una solicitud para desestimar los cargos federales relacionados con el asalto al Capitolio y el manejo indebido de documentos clasificados contra Trump. Smith justificó esta decisión citando las políticas del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento penal de un presidente en ejercicio. La jueza Tanya Chutkan, encargada del caso en el Distrito de Columbia, aceptó esta solicitud, cerrando definitivamente los casos federales antes de que Trump asuma la presidencia el 20 de enero de 2025.
La decisión ha reavivado el debate sobre el alcance de la inmunidad presidencial. En este caso, la interpretación normativa favoreció a Trump, pero dejó una herida abierta en el discurso sobre la rendición de cuentas en una democracia que presume de ser la mejor del mundo. No sólo eso. Ahora, un subcomité republicano de la Cámara de Representantes ha solicitado al FBI que investigue a la excongresista Liz Cheney, quien participó en el comité que investigó el asalto al Capitolio, por presunta manipulación de testigos.
Trump ha utilizado la desestimación como una victoria, describiéndola como una prueba de que fue objeto de una “persecución política” orquestada por sus oponentes. En declaraciones recientes, Trump calificó las acusaciones previas como un “secuestro político”.
Adam Schiff, uno de los principales impulsores del juicio político contra Trump, calificó el fallo que exonera al magnate como un “golpe devastador a la confianza en el Estado de derecho”.
Para los aliados de Trump, el sobreseimiento es una confirmación de su inocencia y una victoria sobre lo que describen como un aparato político que busca destruirlo. Esta polarización resalta cómo el caso de Trump no sólo es un asunto legal, sino también un campo de batalla político e ideológico.
¿Protesta o intento de golpe?
Expertos coinciden en que el asalto al Capitolio no fue un acto espontáneo de desobediencia civil, sino un intento deliberado de detener la certificación de los resultados electorales que daban a Biden como ganador de las elecciones presidenciales de 2020. Las investigaciones, declaraciones de testigos y pruebas documentadas muestran que los líderes de grupos participantes, como los Proud Boys y los Oath Keepers, planificaron este ataque como una operación estratégica. Había equipos de comunicación, tácticas organizadas y objetivos claros. No era sólo una manifestación de enojo, era un intento de subvertir la democracia, los resultados electorales.
Estas mismas investigaciones y declaraciones muestran también que los manifestantes no llegaron al Capitolio por accidente. “Llegaron con propósitos específicos, intimidar a los legisladores, detener el conteo de los votos electorales y demostrar que su lealtad a Trump estaba por encima de cualquier ley o institución”, explica Castañeda. Esto se respalda con evidencias en las imágenes de insurrectos buscando al entonces vicepresidente Mike Pence, gritando: “¡Cuelguen a Pence!”, después de que se negara a invalidar los resultados electorales.
El asalto al Capitolio no sólo dejó daños materiales. Cinco personas murieron en relación directa o indirecta con estos hechos; 140 agentes de policía resultaron heridos.
Los indultos que se prevén
Aunque más de mil 500 personas han sido arrestadas desde lo sucedido y 650 condenadas, la justicia aún está incompleta, “y va a ser aún peor si el presidente entrante indulta a sus seguidores que ya han sido condenados y que merecen estar en la cárcel por insurrección”.
Entre los personajes que sobresalieron en este asalto al Capitolio de Estados Unidos, que fueron detenidos y enjuiciados, está Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, una organización estadounidense de extrema derecha, quien fue condenado a 22 años de prisión, la pena más alta impuesta hasta la fecha por el asalto al Capitolio. Stewart Rhodes, fundador del grupo extremista Oath Keepers, fue condenado a 18 años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración sediciosa. Jacob Chansley, el llamado Bisonte de QAnon, reconocido por su atuendo con cuernos y pintura facial, fue condenado a 41 meses de prisión. Richard Barnett, fotografiado en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue condenado a 54 meses de prisión. Guy Reffitt, miembro del grupo extremista Three Percenters, armado durante el asalto, condenado a más de siete años de prisión.
Sin embargo, Trump expresó su disposición a indultar a los asaltantes, a quienes ha descrito como “patriotas” que “han sido tratados muy injustamente”.
Para Castañeda, el peligro es claro: “Si el asalto al Capitolio no se aborda con la seriedad que merece, la democracia estadounidense continuará en un camino peligroso y las sombras del pasado seguirán acechando su futuro”.