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La posibilidad de que Cataluña declare su independencia de forma unilateral en los próximos días, posiblemente el lunes, plantea un desafío sin precedentes al Estado español; sin embargo, éste cuenta con un último recurso, también inédito: activar el artículo 155 de la Constitución.
El artículo ofrece básicamente la posibilidad de que el gobierno español intervenga parte o toda la autonomía de una región para forzarla a cumplir con sus obligaciones, algo que Cataluña ya dejó de hacer al celebrar el domingo su referéndum soberanista pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.
El texto constitucional indica simplemente que el gobierno podrá “adoptar las medidas necesarias” para “obligar” a una Comunidad Autónoma “al cumplimiento forzoso” de sus obligaciones y a la protección del interés general. En el caso de Cataluña, esto podría implicar la intervención de autoridades puntuales o directamente la disolución del Parlamento regional para convocar elecciones anticipadas en la región.
También su aplicación abre un escenario desconocido: hasta ahora nunca tuvo que activarse. El artículo estipula que el gobierno debe especificar qué medidas concretas quiere tomar y someterlas a aprobación en el Senado (Cámara alta), donde el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta.
La aplicación de este artículo divide a las fuerzas políticas. Mientras los liberales de Ciudadanos pidieron abiertamente esta semana aplicar el 155 “para frenar el golpe a la democracia en Cataluña”, los socialistas del PSOE, primera fuerza de la oposición y fuerzas de izquierda como la alianza Unidos Podemos rechazan la intervención en Vataluña y llaman al diálogo, aunque una declaratoria de independencia podría convencer a los más dubitativos.
