Seúl. El exministro de Defensa surcoreano Kim Yong Hyun fue formalmente arrestado el martes, acusado de conspirar con el presidente Yoon Suk Yeol para imponer la ley marcial la semana pasada, mientras las autoridades investigan si sus actos pueden considerarse rebelión.
La ley marcial del 3 de diciembre duró solo unas seis horas, pero fue la primera de su tipo en más de 40 años y ha causado un escándalo nacional y grandes protestas callejeras. Yoon y sus asociados enfrentan investigaciones criminales e intentos de destitución. El Ministerio de Justicia ha prohibido a Yoon y a otras ocho personas salir del país, ya que las autoridades los consideran sospechosos clave en el caso de la ley marcial. Es la primera vez que se le impone tal prohibición de viajar a un presidente en el cargo en Corea del Sur.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl dijo el martes que autorizó la solicitud de los fiscales para emitir una orden de arresto contra Kim, quien ha sido acusado de recomendar la ley marcial a Yoon y de enviar tropas a la Asamblea Nacional para impedir que los legisladores votaran sobre la medida. Al final, suficientes legisladores lograron entrar en una cámara del Parlamento para rechazar por unanimidad el decreto de Yoon, lo que obligó al gobierno a levantarlo antes del amanecer del 4 de diciembre.
Kim emitió un comunicado el martes en el que dijo que “se disculpa profundamente por causar una ansiedad y molestias significativas”. Afirmó que toda la responsabilidad sobre la aplicación de la ley marcial recae únicamente en él y pidió clemencia para los soldados desplegados para hacer cumplir la ley marcial, con el argumento de que solo seguían órdenes.
El ministro de Defensa está detenido desde el domingo. Es la primera persona arrestada en relación con el caso de la ley marcial. Los fiscales tienen hasta 20 días para investigar a Kim y determinar si lo acusan. Una condena por el cargo de rebelión podría acarrear hasta la pena de muerte.
Según reportes, los fiscales acusan a Kim de desempeñar un papel clave en una rebelión y de abuso de poder al organizar un motín para incumplir la Constitución en colaboración con Yoon y otros oficiales militares y policiales.
En tanto, el Parlamento —que es controlado por la oposición— aprobó el martes un proyecto de ley para nombrar a un fiscal especial independiente para investigar a Yoon y a varios mandos militares sobre la imposición de la ley marcial. El principal partido de oposición, el Partido Democrático, había abogado por una investigación del fiscal especial, argumentando que no se puede confiar en que los fiscales públicos lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre Yoon, un exfiscal general.
Durante una audiencia parlamentaria el martes, Kwak Jong-keun, comandante del Comando de Guerra Especial del Ejército cuyas tropas fueron enviadas al Parlamento, testificó que recibió instrucciones directas de Kim de que obstaculizara la entrada de los legisladores a la cámara principal de la Asamblea Nacional. Kwak dijo que el propósito de las instrucciones de Kim era evitar que la asamblea reuniera los 150 votos necesarios para anular la orden de ley marcial de Yoon.
Kwak dijo que después Yoon lo llamó directamente y le pidió a las tropas que “destruyeran rápidamente la puerta y sacaran a rastras a los legisladores que estaban dentro”. Kwak dijo que discutió la orden de Yoon con el comandante en el lugar y concluyeron que no había nada que se pudiera hacer, descartando la posibilidad de amenazar a los legisladores disparando balas de fogueo o cortando la electricidad.
En la misma sesión, el oficial Kim Dae-woo de la agencia de contrainteligencia militar dijo que su comandante, Yeo In-hyung, le preguntó si un búnker del Ejército en Seúl tenía espacio para detener a políticos y otras figuras después de que se impusiera la ley marcial. Yeo está considerado como colaborador cercano de Kim. La semana pasada, Hong Jang-won, primer subdirector del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, dijo que Yoon le ordenó ayudar al comando de Yeo para detener a algunos de sus rivales políticos, pero él ignoró la orden del presidente.
Kwak y Yeo están entre las personas a las que la oposición ha acusado de rebelión junto con Yoon y Kim, y el Ministerio de Defensa los suspendió la semana pasada.
Los partidos de oposición y muchos expertos dicen que el decreto de ley marcial fue inconstitucional. Afirman que un presidente solo está autorizado legalmente a declarar la ley marcial durante “tiempos de guerra, situaciones similares a la guerra u otros estados de emergencia nacional comparables”, pero Corea del Sur no estaba en tal situación. Argumentan que desplegar tropas para sellar la Asamblea Nacional y suspender sus actividades políticas equivalía a rebelión porque la Constitución de Corea del Sur no permite que un presidente emplee el Ejército para suspender el Parlamento en ninguna situación.
En su anuncio de ley marcial, el conservador Yoon enfatizó la necesidad de reconstruir el país eliminando a “seguidores descarados de Corea del Norte y fuerzas antiestatales”, en referencia a sus rivales progresistas, que controlan el Parlamento. Desde que asumió el cargo en 2022, Yoon ha chocado de forma casi constante con el principal partido de oposición, el Partido Democrático, que ha presentado mociones para destituir a algunos de sus principales funcionarios y ha lanzado una ofensiva política feroz contra Yoon por una serie de escándalos que les involucran a él y a su esposa.
La atención se centra ahora en cómo las autoridades podrían investigar a Yoon y si podrían detenerlo.
La ley surcoreana otorga inmunidad al presidente de ser procesado mientras esté en el cargo, excepto por acusaciones de rebelión o traición. Esto significa que Yoon puede ser interrogado y detenido por agencias investigadoras sobre su decreto de ley marcial, pero muchos observadores dudan que las autoridades lo detengan por la fuerza debido al potencial de enfrentamientos con su servicio de seguridad presidencial. También dicen que el servicio de seguridad probablemente no permitirá registros en la oficina de Yoon, citando una ley que prohíbe registros en sitios con secretos de Estado sin la aprobación de los encargados de esas áreas.
En el caso de la expresidenta Park Geun-hye, quien fue destituida del cargo en 2017 después de ser reprobada por el Parlamento por un escándalo de corrupción, los fiscales no pudieron registrar su oficina y terminaron recibiendo documentos fuera del complejo porque los funcionarios presidenciales les negaron el acceso. Después de negarse a reunirse con los fiscales mientras estaba en el cargo, Park fue interrogada por ellos y arrestada después de que el Tribunal Constitucional refrendó el resultado del juicio político y dictaminó su destitución como presidenta en marzo de 2017.
Yoon evitó la destitución el sábado después de que la mayoría de los legisladores del partido gobernante boicotearan una votación en el pleno. El Partido Democrático dijo que prepararía un nuevo juicio político a Yoon el sábado. El partido presentó el martes mociones para destituir también al jefe de policía de Yoon y al ministro de Justicia. Intentó destituir a Kim y al ministro de Seguridad, pero ambos renunciaron antes de que se realizaran las votaciones parlamentarias.
Si Yoon pierde la moción de censura, sus poderes presidenciales quedarían suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional decida si restaura sus poderes o confirma su destitución. Si votara por retirarle del cargo, se requeriría una nueva elección presidencial.
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