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Buenos Aires.- Un tribunal revocó el martes el sobreseimiento de la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner por supuesto lavado de dinero a pocos días de su salida del gobierno.
Con el voto disidente de unos de sus tres integrantes, la Cámara Federal anuló el sobreseimiento de Fernández de Kirchner dispuesto en junio por el juez federal Sebastián Casanello y ordenó al magistrado que profundice la investigación en torno a la dirigente peronista que gobernó entre 2015 y 2019, dijeron medios de prensa que reprodujeron la medida, entre ellos la agencia oficial de noticias Télam.
Fenández de Kirchner, de 70 años, dejará el 10 de diciembre la vicepresidencia por la llegada al poder del binomio de ultraderecha conformado por el presidente y la vicepresidenta electos Javier Milei y Victoria Villarruel.
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La vicepresidenta, que fue condenada en 2022 a seis años de prisión por administración fraudulenta durante su mandato —sentencia que ha apelado— y además enfrenta otras investigaciones judiciales, quedará sin fueros que la protejan de medidas judiciales como el pedido de detención.
El sobreseimiento de la dirigente peronista en el caso sobre lavado de dinero fue solicitado en mayo por el fiscal del caso Guillermo Marijuán con el aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos —el ente recaudador de impuestos— y de la Unidad de Información Financiera (UIF) por entender que no existían pruebas en su contra en la causa en la que el empresario Lázaro Báez, allegado de la exmandataria, fue condenado a 10 años de prisión.
La investigación a Fernández Kirchner se originó durante el gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), cuando el fiscal Marijuán imputó a la entonces exmandataria a partir de la declaración como arrepentido de un financista que la involucró en supuestas maniobras de lavado y de la recomendación de la UIF de investigarla como la presunta dueña en las sombras del dinero de Báez, un empresario dedicado a la construcción de obras viales.
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Pero el mismo fiscal indicó unos meses atrás que no había conseguido pruebas que sustentaran la acusación y que los centenares de contactos entre Fernández de Kirchner y Báez incorporados a la causa no eran suficientes para determinar que la vicepresidenta hubiera estado involucrada en una operación de lavado de capitales encabezada por el empresario.
La medida fue apelada por la asociación civil Bases Republicanas, afín a Macri, y aceptada en agosto como querellante por la Cámara Federal.
La relación con Báez le ha acarreado a la vicepresidenta varias causas con la justicia, entre ellas la que derivó en su condena de prisión por beneficiar al empresario con unas 50 obras viales con fondos estatales durante su mandato.
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