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La presión crece a medida que se acerca el 1 de octubre, la fecha fijada para el referéndum unilateral de independencia de Cataluña. Los últimos en comprobarlo han sido los 712 alcaldes catalanes que apoyan la votación.
La fiscalía española, encargada de investigar la organización de una consulta que es ilegal ateniéndose a las leyes del país, citó ayer a estos alcaldes para que declaren sobre si están haciendo todo lo posible para impedir que en sus municipios se coloquen urnas para votar.
Los fiscales españoles ya saben que no es así, y que estos alcaldes se han comprometido a ceder locales de sus municipios a modo de colegios electorales. El objetivo del poder judicial en España es intimidar a estos políticos locales, haciéndoles saber que ellos también están sujetos al cumplimiento de la ley y que pueden ser acusados de rebeldía y malversación de fondos si participan en el proceso con dinero público (por ejemplo, mediante los gastos de luz y el pago de los funcionarios necesarios para abrir un colegio electoral).
El gobierno español, que se niega a negociar con los independentistas catalanes, asegura que esos 712 alcaldes rebeldes (de 948 que tiene Cataluña) representan menos de 50% de los habitantes de la comunidad autónoma (concentrados en su mayoría en grandes ciudades como Barcelona, que por el momento ha anunciado que no cederá locales para la consulta).
La CUP, un partido independentista de extrema izquierda que está siendo uno de los grandes impulsores del referéndum, anunció que sus 30 alcaldes no se presentarán a la citación de la fiscalía, por lo que podrían ser detenidos. Esto abre la posibilidad de que se produzcan los primeros castigos reales por el desafío de Cataluña al Estado español. Hasta ahora, Madrid ha tratado por todos los medios de evitar una confrontación abierta que alimente el discurso de los independentistas, que acusan al gobierno de Mariano Rajoy de un comportamiento dictatorial. Pero la cercanía de la votación está precipitando la situación y radicalizando las posiciones.
La Guardia Civil también cerró ayer la página web de información sobre el referéndum, pero la Generalitat (el gobierno autonómico catalán) se apresuró a abrir dos direcciones nuevas. El propio presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció en su cuenta de Twitter que los ciudadanos podrán seguir consultando toda la información sobre la votación en estas webs alternativas.
En un intento de fortalecer el frente institucional, el rey de España se pronunció ayer por primera vez de forma abierta sobre el referéndum. “Ante quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria y fracturan la sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados”, dijo Felipe VI en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura.
