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Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya hoy una reunión de solo unas horas con su colega de El Salvador, Nayib Bukele, en Tapachula, Chiapas, para evaluar la crisis migratoria regional , por algún paso fronterizo de México con Guatemala habrá pasado el flujo habitual de migrantes salvadoreños irregulares deportados desde suelo mexicano: más de 39 al día de enero al 10 de junio de 2019 frente a más de 24 diarios en todo el primer semestre de 2018.
Por primera vez con ambos en funciones, López Obrador dialogará con Bukele como gobernante de un país que, como El Salvador, es una bomba migratoria desde la segunda mitad del siglo XX, con unos 2.7 millones de salvadoreños instalados , legal o ilegalmente, en Estados Unidos, y con unos 400 que emigran al día a esa nación por México, según estudios de la Organización de Naciones Unidas.
Empujados por el pánico a las pandillas o maras Salvatrucha y 18, los salvadoreños migran también por pobreza, desempleo, bajos salarios y exclusión social.
En un panorama de corrupción política, los migrantes salvadoreños son vitales para la economía de su país, con remesas familiares que superaron los 39 mil 500 millones de dólares de 2010 a marzo de 2019, según el Banco Central de El Salvador.
Datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) mostraron que, de 4 mil 463 salvadoreños deportados por tierra de México a Guatemala en 181 días de enero a junio de 2018 , se pasó a 6 mil 376 en 161 del primero de enero al 10 de junio de 2019.
De diciembre de 2012 a noviembre de 2018, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, México deportó 113 mil 534 salvadoreños por tierra a Guatemala y a más de 51 por día, reportó el IGM. De diciembre de 2018 al 10 de junio de 2010 , el gobierno de López Obrador expulsó a 6 mil 948, a más de 36 en cada uno de esos 192 días, detalló.
López Obrador recibirá hoy al mediodía a Bukele en Tapachula, ciudad insigne de la masiva movilización irregular continental y extra—continental, para evaluar planes de contención migratoria en una cita marcada por el reforzamiento de la seguridad en México en respuesta a las intensas presiones políticas y económicas de EU para retener las corrientes humanas.
“Es difícil contener la migración irregular de salvadoreños. Se frenará solo con soluciones sociales y de seguridad”, adujo el salvadoreño Miguel Montenegro, director ejecutivo de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.
Al advertir que Bukele debe defender ante López Obrador los derechos humanos de los salvadoreños, Montenegro dijo a EL UNIVERSAL que “estando los migrantes en México, eso corresponde brindarlo al Estado mexicano”.
Aunque parezca fácil bloquear a los viajeros en las fronteras, “es complicado” por su decisión contundente de migrar por la inseguridad, la violencia y la pobreza, explicó a este diario la salvadoreña América Romualdo , coordinadora de Las Dignas , ente no estatal de San Salvador de estudios femeninos. “México debe respetar los derechos humanos de los salvadoreños ”, clamó.
En un reporte que el gobierno salvadoreño difundió anoche, Bukele afirmó que los problemas migratorios regionales, que se agudizaron desde que en octubre de 2018 surgieron en Honduras, y se repitieron en El Salvador y Guatemala, las multitudinarias caravanas de migrantes irregulares centroamericanos, solo podrán resolverse con “la cooperación entre los países, así como con políticas de gobierno integrales que impacten positivamente en las comunidades, principalmente las más vulnerables”.
El presidente salvadoreño anunció que propondrá a López Obrador “establecer mecanismos de coordinación regional que incluyan a Estados Unidos, Guatemala y Honduras para abordar las respuestas y acciones en el tema migratorio”.
De acuerdo con la agenda oficial divulgada por el gobierno salvadoreño sobre la cita de hoy, los dos presidentes anunciarán “las primeras acciones concretas de la cooperación de México con El Salvador” a ejecutar en territorio salvadoreño, como parte del Programa de Desarrollo Integral que contempla también a Guatemala y Honduras y que fue lanzado en sus detalles iniciales por López Obrador el primero de diciembre de 2018 al asumir la presidencia por un monto preliminar de unos 30 mil millones de dólares.
El programa, financiado por fuentes multilaterales internacionales con apoyo de los gobiernos de México y de EU , promueve el desarrollo socioeconómico en el sur del territorio mexicano y en los tres países, que forman el Triángulo Norte de Centroamérica, para atacar las causas de la masiva migración irregular.
La política del presidente de EU, Donald Trump , de impedir el ingreso irregular a su país en especial de mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños atizó una de las peores crisis migratorias del siglo XXI, con su secuela de repudio y criminalización de migrantes, decenas de miles de deportados al año a México y Centroamérica , negocios de las redes de traficantes de personas y otros fenómenos paralelos sanitarios, laborales, violentos y criminales y de conflictiva convivencia.
La Organización Internacional del Trabajo ubicó el desempleo en 4.4% en 2018, con más de 120 mil desocupados, pero la mayoría de salvadoreños sobrevive por la economía informal.
Los homicidios subieron de 2 mil 544 en 1999 o 2 mil 993 en 2004 a 4 mil 382 en 2009 y a 5 mil 280 en 2016, bajaron a 3 mil 962 en 2017—69.9 por cada 100 mil habitantes—y a 3 mil 346 en 2018, más de 9 por día, reportó el (estatal) Instituto de Medicina Legal de El Salvador.
La tasa de homicidios pasó de 43.7 en 2013 y de 68.3 en 2014 a 115.9 en 2015 (con 6 mil 656) y a 91.9 en 2016 (con 5 mil 280). De enero a abril de 2019 hubo mil 59 casos, precisó.
Tras la guerra civil, que estalló en 1980 por la aguda desigualdad socioeconómica y la falta de democracia, finalizó en 1992 y dejó entre 75 mil y 80 muertos, se agregó un conflicto: las deportaciones masivas desde EU de mareros en la década de 1990.
Huir al exterior es un rumbo de vida para los salvadoreños, atrapados a diario en una ruta de muerte y pánico en un temido menú—amenazas, sicariato, extorsión, tráfico de drogas y de armas, corrupción y trata de personas—de inseguridad.
