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San José.— El sexto aniversario hoy del estallido de la más grave crisis institucional y política nicaragüense del siglo XXI coincidió con un afianzamiento este mes de los vínculos entre los presidentes izquierdistas de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Nicaragua, Daniel Ortega.
“Relaciones de hermandad”, proclamó el 8 de este mes el embajador de México en Nicaragua, Guillermo Zamora.
López Obrador forjó con Ortega un estrecho lazo que eludió las denuncias de los últimos seis años de las organizaciones de Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas (ONU) acerca de que el cuestionado régimen nicaragüense cometió crímenes de lesa humanidad, recetó cárcel, exilio o cementerio a sus opositores, perpetró fraude y farsa electoral y sepultó la democracia.
Para evitar reclamar a Nicaragua por violar los derechos humanos y dañar la democracia durante seis años, López Obrador se ciñó a la no injerencia en asuntos internos de otros estados, base de la política exterior de México. No obstante, sí intervino en asuntos internos de Argentina, Ecuador, Perú o Bolivia. La alianza de López Obrador y Ortega se afianzó el 8 de este mes al aprobarse ocho planes de ayuda ambiental, agropecuaria y gestión de riesgo, en una cita entre gobiernos de México y Nicaragua. Factores como democracia, libertad y derechos humanos quedaron fuera de los acuerdos.
Tras el final en 1990 de una guerra civil en Nicaragua en la década de 1980, el 18 de abril de 2018 detonó el peor conflicto en ese país que empezó en repudio a una reforma a la seguridad social y desembocó en masivas protestas callejeras opositoras contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para exigir democracia y libertad. La oposición clamó por el final de lo que catalogó como dictadura dinástica.
“La posición del gobierno de México viene siendo sólo una excusa, para no perder un aliado ideológico importante [en Nicaragua]”, aseveró la exprisionera política Yaritzha Mairena, representante de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses y exiliada en Costa Rica desde 2021.
Prisionera del régimen por siete meses, de agosto de 2018 a marzo de 2019, por protestar, Mairena dijo a EL UNIVERSAL que, pese la no intervención, “en Nicaragua la grave crisis de derechos humanos ha alcanzado niveles innegables de violaciones al derecho internacional”.
“México tiene compromisos internacionales ineludibles en tratados de derechos humanos y contra la tortura. Por tanto, es inadmisible que acuerde cooperación con gobiernos autocráticos como Nicaragua, que tienen una política represiva permanente”, y a hoy con 128 presos políticos bajo “tratos crueles, inhumanos y degradantes”, advirtió. “López Obrador ve la situación de Nicaragua desde un aspecto político sin dimensionar el sufrimiento humano del pueblo nicaragüense, que sufre exilio, apatridia y persecución interna, con despojo de tierras a indígenas y sin libertad religiosa”, adujo.
“México demuestra complicidad con Ortega y aumenta las tensiones en la región y la propagación del autoritarismo. Esto queda demostrado con la decisión de financiar ocho proyectos a Nicaragua, luego de que Nicaragua apoyó a México contra Ecuador”, añadió.
Nicaragua rompió nexos diplomáticos el 6 de este mes con el país sudamericano en apoyo a México por la invasión policial ecuatoriana, el 5, a la embajada mexicana en Quito para sacar y detener al exvicepresidente izquierdista de Ecuador, Jorge Glas. En la cita del 8, Zamora “transmitió su abrazo” a Ortega por romper con Ecuador en respaldo a México.
Ortega acusó que en 2018 enfrentó un intento terrorista de golpe de Estado de opositores con apoyo de Estados Unidos, defendió ser democráticamente electo, negó violar los derechos humanos y rechazó que, con Murillo, edificó una dictadura dinástica tras retornar al poder en 2007.
Ortega gobernó de 1979 a 1985 como jefe de la guerrilla izquierdista sandinista que derrocó a la dictadura de los Somoza (1934-1979), y de 1985 a 1990 como presidente electo en las urnas, Ortega venció en 2006, se reeligió en 2011, 2016 y 2021 y gobernará al menos hasta 2027.
“Aquel” 18 de abril “se enquistó como una fotografía macabra”, en “una tragedia criminal” con “terrorismo” para “descarrilar nuestra democracia” en un “fallido” golpe de Estado “cuyo arquitecto y financiero fue el imperio” de EU, adujo el nicaragüense Moisés Pastrana, defensor de Ortega, en un artículo el 10 de este mes en El19, diario digital del régimen.
“El terrorismo no cuajó el pretendido golpe de Estado” con “amo extranjero”, “mercenario y sicario”, añadió.
En contraste, un reporte de la ONU sobre Nicaragua definió, en 2023, que las “violaciones y abusos” fueron generalizadas y sistemáticas “por motivos políticos” y “permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”.
“La relación de López Obrador con Nicaragua ensucia la tradicional política exterior de México”, alegó el mayor nicaragüense en retiro Roberto Samcam, en el exilio en Costa Rica. “López Obrador no puede obviar los crímenes de lesa humanidad”, declaró Samcam a este periódico, al narrar “la entronización” de Ortega en el poder con “una dictadura dinástica” que desde 2018 persiguió, encarceló y expulsó a opositores y religiosos y cerró medios independientes de prensa y unos 5 mil organismos no estatales.
