Más Información
Secuestran y asesinan a delegado de Unión Regional Ganadera en Sinaloa; su cuerpo presenta huellas de tortura
VIDEO: “¡Qué violenta!”, grita Noroña a senadoras; Jucopo ordenó retirar mampara del Senado lo que provocó jaloneos
Pifia ortográfica se cuela en transmisión del debate sobre CNDH; “Dictamen a discución” pasa desapercibido en Canal del Congreso
Trump designa a Elon Musk al frente del “Departamento de Eficiencia Gubernamental”; buscará eliminar regulaciones excesiva
Ramírez de la O adelanta recortes al gasto en varios rubros para Presupuesto 2025; “no nos estamos enfocando en una sola área”
Avanza en lo general reforma contra maltrato animal en San Lázaro; corridas de toros y peleas de perros no fueron consideradas
Jufed se presenta en la Corte Interamericana; reforma judicial es un ataque sistemático y se materializó en la Constitución, acusa
San José.- Un caso ocurrido en Colombia el 24 de julio exhibió la crudeza del fenómeno de las violaciones sexuales perpetradas por menores. En una ceremonia siniestra, un niño de 7 años fue abusado sexualmente por seis menores —de 7 a 15 años— en una cancha de futbol en Medellín, capital del noroccidental departamento colombiano de Antioquia.
Ansioso de jugar balompié, el pequeño accedió a practicarles sexo oral a los seis, pero luego de cumplir con ese paso, los de 11 y de 12 decidieron violarlo.
Temerosa por represalias de los padres de los abusadores, la madre del infante agredido contó a medios colombianos de prensa que “el requisito era que para jugar futbol tenía que hacerles sexo oral a los seis menores. El niño mío es indefenso, es súper humilde, no hay explicación.
“No quedaron contentos con eso y los de 11 y 12 años lo violaron”, narró, al confirmar que recibió amenazas de los progenitores de los atacantes, en un fallido intento por silenciarla. Pese al deseo de la familia agredida por lograr justicia, la realidad es que, de acuerdo con la legislación colombiana, los seis abusadores son inimputables.
“Todos los niñitos” son menores y, por ello, “no entran al sistema de responsabilidad penal para adolescentes”, aclaró la colombiana Selma Roldán, directora del (estatal) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Antioquia. Los seis están sometidos a un trámite administrativo oficial para que entiendan la gravedad de la falta. La víctima está bajo observación médica y sicológica en un centro de salud de Medellín. Este y otros casos han llevado a iniciar un debate sobre si rebajar a 12 años la edad penal.
¿Por qué un menor de edad decide agredir, con violación y variadas formas de ataque sexual, a otro menor? ¿Para expresar poder y control? ¿Es el resultado de un turbulento pasado de vida en la que también sufrió violencia, abuso, violación y agresión sexual de progenitores y otros parientes? ¿Es el ofensor sexual infantil o juvenil el reflejo de familias inestables, violentas, desorganizadas o desintegradas?
¿Responden los actos sexuales abusivos de los menores a factores de riesgo, como la pornografía infantil?
Las preguntas tienen múltiples respuestas en los diversos escenarios sociales de América Latina y el Caribe, con algunos comportamientos comunes, pero sin que se pueda generalizar ante contextos propios y distintos de cada país.
Violencia hemisférica
Los hechos en Colombia se insertan en un panorama que, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), es de incesante violencia sexual y de otro tipo contra menores en América Latina y el Caribe. Costa Rica abrió hace más de 17 años la Clínica del Adolescente en el (estatal) Hospital Nacional de Niños, de esta capital, a la que las fiscalías penales juveniles remiten a tratamiento a menores acusados de conductas sexuales abusivas.
Hay una “exposición anticipada y mal informada o errónea hacia la sexualidad”, adujo la costarricense Daniela Carvajal, pediatra y jefa de la Clínica. “Podemos llamarla exposición a la pornografía. Viene a ser uno de los principales factores de riesgo para que un menor de edad cometa posteriormente una ofensa sexual hacia otra persona menor de edad”, dijo Carvajal a EL UNIVERSAL.
Un problema de salud pública “es el acceso ilimitado y no controlado a internet” de los menores, por una “libertad desproporcionada y la vida tan atareada de los padres, madres o encargados sin espacios sanos de convivencia”, explicó. Los menores acceden a internet “sin ningún control de tiempo ni contenido” y acopian “información no apropiada” para su edad, “de contenido violento y sexual”, recalcó.
“Es una situación muy alarmante”, afirmó, por su parte, el costarricense Wálter Ramírez, sicólogo de la Clínica. “El impacto en la familia en casos en los que tenemos a la víctima y el victimario bajo el mismo techo, es aún más difícil de manejar”, adujo, a consulta de este periódico. En actuaciones abusivas de menor a menor, “es su hermano generalmente el que abusa de la víctima más pequeña. Es una figura en la que se confía y que simultáneamente es ‘la que daña’, abusando y maltratando. Es, para la mente infantil, inaudito e inconcebible”, narró. Es el trauma “de la traición a la confianza” del vínculo que “era seguro”, destacó.
Cifras en rojo
El (estatal) Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia registró 9 mil 242 delitos sexuales contra menores de 18 años —7 mil 856 a mujeres y mil 386 a hombres— de enero a mayo de 2019. En un informe que entregó a este diario, el instituto confirmó que, por edades, la mayor agresividad es contra menores: en los hombres, 280 víctimas de cero a 4 años; 567 de 5 a 9; 422 de 10 a 14 y 117 de 15 a 17, mientras que de 18 a 80 y más hubo 114.
En las mujeres, 910 víctimas de cero a 4; 2 mil 34 de 5 a 9; 3 mil 32 de 10 a 14 y mil 880 de 15 a 17, con mil 269 de 18 a 80 y más. De las 10 mil 625 personas agredidas sexualmente de enero a mayo de este año, 88 niños, niñas y adolescentes padecen abandono, según el reporte.
Las fiscalías penales juveniles costarricenses, que enjuician a niños, niñas y adolescentes por distintos delitos, tramitaron 7 mil 485 agresiones sexuales cometidas por menores de 2013 a 2017, precisó la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sólo la Fiscalía de San José llevó 671 de 1999 a 2002 por abusos deshonestos, violación, tentativa de violación, corrupción de menores, estupro, proxenetismo y abusos sexuales atribuidos a menores.
Un estudio del gobierno de Honduras, la Organización Internacional para las Migraciones y el Departamento de Salud de Estados Unidos, difundido el 31 de julio, reveló un escenario demoledor con datos de 2017: 20.3% de los perpetradores más comunes de la violencia sexual a mujeres de 13 a 17 años y 21.1% de los perpetradores más comunes del abuso sexual a hombres de esa edad son “un compañero de clase o escuela”.